Pistas sobre los reparos que tendría el ELN al acuerdo de justicia con las Farc

Un documento firmado por cinco organizaciones arroja algunos indicios respecto a las posturas de esa guerrilla sobre la justicia transicional.

Desde que se conoció el acuerdo sobre justicia al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana, no pocas han sido las críticas que ha recibido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además de la esperada oposición del Centro Democrático, poco a poco han ido surgiendo objeciones de organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

En opinión de esas entidades, las sanciones que impondrá el Tribunal para la Paz están por debajo de los estándares internacionales y el acuerdo, en general, le cerró la puerta a la posibilidad de que altos mandos militares sean juzgados por graves violaciones a los derechos humanos.

Frente a esos y otros cuestionamientos, el Gobierno ha dicho que el modelo de justicia transicional que se pactó con las Farc es “el mejor que jamás se haya negociado” y que se obtuvo “el máximo de justicia que permite la paz”; una posición que comparten muchas de las víctimas que viajaron a la isla, además de reconocidos abogados y organizaciones de la sociedad civil.

Pero los reparos a la JEP no sólo provienen del uribismo y de organismos internacionales. Recientemente, uno de los sindicatos más grandes del país, tres colectivos de abogados que defienden presos políticos y un puñado de organizaciones sociales de siete departamentos, cuestionaron el acuerdo de justicia, en un documento de 57 páginas. Entre las fuentes que consultaron para su elaboración, según consta en el texto, están varios integrantes del ELN.

El análisis deja varias pistas sobre las eventuales posturas de esa guerrilla frente a la JEP. Está firmado por Sintrainal, el Equipo Jurídico Pueblos, el Centro de Pensamiento Eduardo Umaña, la Fundación Javier Alberto Barriga y el Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. Este último se reconoce como “camilista” y está integrado por asociaciones campesinas, indígenas y estudiantiles de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander.

En términos generales, las cinco organizaciones aseguran que los acuerdos de Cuba “comprometen exclusivamente a las Farc y al Gobierno” y no necesariamente representan a “diversos movimientos sociales, sectores civiles, organizaciones populares o la guerrilla del ELN”, que tendrían otras aspiraciones en materia de justicia.

Esas apuestas, dice el documento, se resolverían en una mesa formal de negociación con el ELN, en la que no se descarta “recoger algo” de lo que se pactó con las Farc. La afirmación deja entrever que, contrario a lo que distintos analistas han planteado, las conversaciones con el ELN no van a asumir como punto de partida los acuerdos de La Habana. Esa situación traería sendos retos en la etapa de posconflicto, toda vez que ambos acuerdos (uno con las Farc y otro con los ‘elenos’) tendrían que complementarse y articularse.

El texto también es enfático en que las discusiones sobre el tema de justicia no se llevarán a cabo solamente con los comandantes del ELN, sino también con sectores de la sociedad civil que participarán en la eventual negociación con el Gobierno de una manera “más horizontal, interactiva y profunda” que la que tuvo lugar en el proceso con las Farc. En ese contexto, se anticipan extensas y difíciles discusiones, sobre todo porque las discrepancias con la JEP parecen ser de hondo calado.

Uno de los debates es el de las limitaciones de la amnistía y el indulto. En opinión de las organizaciones que elaboraron ese análisis, el acuerdo de justicia de La Habana redujo considerablemente el alcance de esas medidas, teniendo en cuenta que no abarcarán varios delitos que, a su modo de ver, son “propios de la rebelión o del activismo social y político no armado”. Entre ellos se encontraría el secuestro extorsivo, que ha sido ampliamente ejecutado por el ELN y que, según el acuerdo, no podrá ser perdonado. Un argumento polémico, por decir lo menos.

El otro “problema” de la JEP es el tratamiento que se les dará a los integrantes de la Fuerza Pública. Según el documento, la Jurisdicción es muy laxa con los agentes del Estado que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta que soldados y policías procesados por delitos graves podrán salir de las cárceles si se comprueba que no tuvieron “la mayor responsabilidad” en los hechos por los que son o han sido juzgados, lo cual beneficiará a decenas de presos de bajo rango.

Para esas organizaciones, la decisión es un ‘indulto camuflado’ y viola las normas nacionales e internacionales, que sólo contemplan la concesión de indultos y amnistías para quienes cometieron rebelión; es decir, para los guerrilleros. Asimismo, cuestionan que la JEP haya restringido al máximo el juzgamiento de altos mandos de la Fuerza Pública, al dejar casi sin efecto la teoría de responsabilidad por línea de mando, que ha sido usada en el proceso de Justicia y Paz y en la justicia ordinaria.

Según el acuerdo parcial que se firmó en Cuba, esa responsabilidad sólo podrá adjudicarse cuando se compruebe que los militares tenían conocimiento de que sus subalternos iban a cometer un delito, que podían controlar esos hechos, y que contaban con los medios y las condiciones idóneas para prevenirlos. Según ha dicho Human Rights Watch, esas limitaciones harán prácticamente imposible llevar a juicio a oficiales de alto rango por los crímenes que hayan cometido sus subalternos, en contravía de lo que venía intentando la Fiscalía en los casos de “falsos positivos”.

Al respecto, el Gobierno ha insistido en que los militares no podían recibir menos privilegios que las Farc y que debía garantizarse su seguridad jurídica.

El texto también cuestiona el hecho de que se excluyera de la JEP el juzgamiento de los expresidentes y se otorgaran beneficios jurídicos a quienes financiaron o colaboraron con grupos paramilitares. Según acordaron el Gobierno y las Farc, sólo serán procesadas las personas que, habiendo financiado o colaborado con esas estructuras, hayan tenido una participación determinante en la comisión de crímenes asociados al conflicto. Para los abogados, el sindicato y los campesinos que firman el documento, eso significa que “los empresarios o políticos sobre quienes existen apenas pruebas de que su vinculación no fue habitual sino discontinua o intermitente (…) quedarán totalmente impunes”, al menos en la JEP.

La última crítica tiene que ver con el hecho de que no se hayan pactado reformas a la doctrina militar o a las instituciones que componen la rama judicial. Parte del cuestionamiento obedece a la molestia del ELN con la forma como la Fiscalía ha venido investigando sus cientos de crímenes, y para lo cual fue contratada la analista Natalia Springer: “Si el ELN aceptara la Jurisdicción Especial para la Paz pactada, dichas acusaciones turbias de la Fiscalía obrarían con presunción de legalidad ante las nuevas instancias de la JEP que se crearían para el procesamiento y juzgamiento de guerrilleros como criminales y no como rebeldes”.

De todas esas críticas se desprende que, contrario a lo que hicieron las Farc, el ELN no estará dispuesto a ceder “tanto”  en una eventual mesa de conversaciones. El debate sobre el tema de justicia es sólo un abrebocas de las enormes dificultades que implicará negociar con esa guerrilla, tal como se ha visto durante estos dos años largos años de fase exploratoria.