Las Farc aseguran que el proceso está paralizado, autoridades desmienten suspensión, pero las comunidades confirman presencia e intimidaciones del “clan Úsuga” en la zona.
En una carta abierta publicada el jueves, para anunciar su decisión de extender el cese al fuego unilateral declarado el pasado 20 de julio, las Farc aseguraron que el proyecto piloto de desminado en la vereda El Orejón, en el Norte de Antioquia, se encuentra en una “parálisis” por cuenta de “las amenazas de los paramilitares”.
Según la guerrilla, en esa zona rural del municipio de Briceño, que hace parte del área de influencia del proyecto Hidroituango, los paramilitares delinquen “a la vista de todos los pobladores; sin que las autoridades civiles, militares y de policía se den por aludidas”.
Esa información fue ampliada en un comunicado más extenso publicado este viernes en el que las Farc aseguran que la intimidación de los paramilitares “amenaza la libre movilidad y el abastecimiento de víveres a la comunidad. Estas estructuras de terror actúan abiertamente, a ojos de todos los pobladores del municipio de Briceño”,
Si bien fuentes militares desmienten que las actividades de desminado se encuentren suspendidas, organizaciones sociales y pobladores de la zona aseguran que la presencia de personas armadas que se han identificado como integrantes del clan Úsuga sí ha generado preocupación entre la comunidad.
El primer caso ocurrió a principios del mes de agosto cuando, según una denuncia formulada por el movimiento Ríos Vivos, un grupo de campesinos que se dirigía a la vereda El Orejón en cuatro buses de escalera fue retenido por aproximadamente 20 hombres armados que dijeron ser “gaitanistas”, amenazaron con matar a “los sapos” y afirmaron que “esas bobadas de derechos humanos se tienen que acabar”.
Esa versión fue confirmada a PACIFISTA por dos habitantes de la vereda que pidieron no ser identificados y afirmaron que si bien hay movimientos constantes de los integrantes del Batallón de Desminado Humanitario, no conocen a ciencia cierta cuáles son las actividades que están desempeñando en el momento.
Por su parte, Isabel Zuleta, vocera del movimiento que formuló la denuncia, aseguró que la mayor preocupación radica en que ese retén ocurrió en una zona que no ha tenido presencia histórica de grupos paramilitares. Por esa razón, dice, ese caso, sumado a otro en que se han constatado patrullajes y amenazas, ratifica la expansión de las bandas criminales en los alrededores de El Orejón y en otras zonas del área de influencia de Hidroituango.
“En la frontera entre Briceño y Valdivia siempre ha habido presencia paramilitar y se tiene claridad sobre los actores armados de esa zona, pero esta vez fue en un sector que se llama Travesías, hacia Toledo, y allá nunca habían estado los paramilitares”, dijo la líder de Ríos Vivos.
Y es que precisamente varios integrantes de ese movimiento, entre ellos Zuleta, estaban en El Orejón cuando ocurrió la retención de los campesinos que finalmente pudieron continuar su camino. Por eso asegura que en la zona hay temor por las implicaciones que pueda tener la presencia de otro actor armado.
“Hay tensión sobre todo por la falta de claridad en términos de garantías para las comunidades. Lo que nosotros decimos es que primero se debe garantizar la protección de los derechos de los habitantes para que esa acción no haga daño. Estamos de acuerdo con el desminado, pero esa debe ser algo que repare y que piense en procesos de largo plazo. Debe ser pensado con la comunidad y construido colectivamente”, afirmó Zuleta.
