La frase 'No conviertan en un mercado la casa de mi Padre' es una de las expresiones que muchos colombianos aún recordamos gracias a nuestra herencia católica.
Aunque Colombia es reconocida constitucionalmente por su diversidad de creencias y religiones, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Religiosa de 2019, y considerando las diferentes creencias cristianas, incluidos católicos, evangélicos, pentecostales, protestantes, adventistas, mormones y testigos de Jehová, las cuales suman el 80%, sin contar a aquellos cristianos que prefieren denominarse simplemente como ‘creyentes pero no afiliados a una religión’, creo que hoy más que nunca es pertinente recordar esta frase de Cristo.
Una verdadera llamada a la acción, una advertencia contra la mercantilización de lo sagrado, de nuestra casa común, de nuestro planeta Tierra, y de nuestra Colombia que en 2021 ocupaba el tercer lugar entre los países más biodiversos del mundo, que al día de hoy se encuentra en los primeros 6 más deforestados y donde se registran más asesinatos de líderes ambientales.
El mercado ha existido desde épocas bíblicas, sin embargo, la centralidad que le hemos otorgado a éste y a la sociedad de consumo en las últimas décadas ha sido desastrosa para el planeta que habitamos. Los conflictos socioambientales giran en torno a la mercantilización de la naturaleza, al considerarla simplemente como un bien del cual se pueden obtener ganancias mediante actividades como la minería, la deforestación, la construcción de hidroeléctricas, la contaminación industrial, la agroindustria, los monocultivos (legales e ilegales) y el acecho de áreas protegidas como la reserva natural de Yuruparí-Malpelo por parte de embarcaciones pesqueras. Además, se suma la privatización de la tierra, el agua y la biodiversidad, entre otros aspectos.
Transformar nuestro hogar en un mercado, donde aquellos con suficiente poder económico empleen todas las herramientas disponibles para sobreponerse al “recurso” o a la población afectada, marca el punto crítico de las diversas posturas en relación con el Acuerdo de Escazú. Su principal objetivo ha sido fortalecer la democracia ambiental, asegurando que las comunidades tengan acceso a la información, participen en la toma de decisiones ambientales y fortalezcan su acceso a una justicia que respete los derechos ambientales. Esto contrasta con la postura de “sacar provecho”, el “desarrollo de la libre empresa” y la “incertidumbre jurídica”, que son algunos de los argumentos más comunes utilizados para oponerse al mencionado acuerdo.
Los conflictos socioambientales surgen de las desigualdades en ingresos y poder, donde se produce un choque de intereses entre comunidades que suelen carecer de recursos para defenderse y el poder de los sectores privados. Aquí radica la importancia de acuerdos como el de Escazú. Si bien no es apropiado demonizar a las grandes empresas, sí es válido reconocer el impacto que tienen en nuestro ecosistema, impacto que a menudo pasamos por alto hasta que llega a nuestras manos. Como ejemplo, podemos mencionar la extracción de litio utilizado en la fabricación de baterías y el coltán, un mineral utilizado en la producción de dispositivos electrónicos como el smartphone o la computadora que estás utilizando, o las palmas, que, aunque en menor cantidad, aún siguen siendo taladas con el fin de usarlas en los domingos de ramos.
¿El mercado de la deforestación?
No sólo en nuestras manos, sino también en nuestras mesas, parte de la carne de res que se vende en las ciudades colombianas es producto de la deforestación de la selva amazónica. ¿Qué parte exactamente? No se sabe, porque aunque el Estado colombiano cuenta con herramientas para controlar este problema, existen varios obstáculos.
A pesar de que se realiza un seguimiento desde el lugar de nacimiento, el crecimiento, los mataderos y los centros de acopio hasta el punto de venta antes de llegar a nuestra mesa, y a su vez las autoridades ambientales registran las zonas deforestadas, estos datos no se cruzan, lo que dificulta el seguimiento de la deforestación asociada a la ganadería en lugares como el sur del Meta, Guaviare y Caquetá. Para abordar este problema, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha implementado un programa en el que se colocan chips a las vacas para conocer su procedencia. Sin embargo, estos avances son lentos y no son suficientes, además de tener un costo elevado para su implementación a nivel nacional, según hallazgos de Dejusticia.
No solo el Estado ha sido históricamente débil en estas zonas más afectadas por la deforestación, sino que también se suma el dominio de actores armados que limitan aún más su capacidad de acción. Esto se agrava con la falta de legitimidad que las comunidades de estas áreas otorgan al Estado, tanto por el historial de promesas incumplidas como por la misma persecución estatal en nombre de la lucha contra la deforestación. Un ejemplo de esto fue la operación Artemisa, que si bien logró reducir en un 34% la deforestación con respecto a 2017, pasando de 219 mil hectáreas deforestadas a 174 mil, resultó en varias violaciones de derechos humanos, como la quema de viviendas de familias campesinas e indígenas, desplazamientos y capturas arbitrarias, tal como lo ha denunció en su momento Dejusticia. Todo esto ocurre mientras que los grandes actores privados no enfrentan medidas correctivas o sancionatorias por la deforestación causada por la actividad ganadera.
¿Qué podemos hacer?
“Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara” – Génesis 2:15
Cuidar nuestra casa común, repleta de especies de fauna y flora, es responsabilidad de todos los habitantes. Entre algunas propuestas se encuentra el respeto al Acuerdo de Escazú, el cual ya es ley, fortaleciendo la democracia ambiental para garantizar el acceso a la información y una toma de decisiones ambientales responsable, así como la justicia ambiental. También es vital respetar y asegurar la participación de las comunidades en proyectos que afecten su entorno y su autonomía, reconociéndolas como actores importantes en la toma de decisiones.
Desde la sociedad civil, el Estado y las empresas, es necesario reconocer la importancia del monitoreo de la procedencia de la carne y su impacto en la deforestación. Esto implica aumentar el presupuesto destinado a la vigilancia y control ambiental, además de proteger a las comunidades y líderes ambientales. La cooperación y articulación entre los diferentes actores involucrados, sumados al aporte de la academia que ofrece soluciones efectivas, son clave para ser responsables con nuestro hábitat.
No debemos olvidar la importancia de la educación y la pedagogía en la sensibilización sobre estos temas. La construcción de paz debe ser acompañada de justicia, no solo social sino también ambiental. Es fundamental reconocer que nuestros ecosistemas también han sido víctimas del conflicto de tan larga data. Y tenga presente que reducir el consumo de carne animal nunca está de más.
