Mocoa: la revictimización que no queremos ver

Muchos de los 15.000 afectados eran desplazados que sufrieron el abandono del Estado.

María Adarme llevaba 12 años sin pasar por la carretera entre Pitalito y Mocoa. Hace una semana tuvo que hacerlo para buscar a sus familiares. “Mi hermana ha sobrevivido, pero sus dos hijos siguen desaparecidos”, me cuenta sin que la voz le tiemble, ni siquiera por los baches de la agujereada carretera.

A su marido los paramilitares lo mataron en 2000. “En esa época los troceaban y los desaparecían en bolsas de basura”, dice. Durante los primeros meses tras su asesinato se enfrentó en varias ocasiones a los ‘paras’ en los retenes, pero la amenazaron y así decidió no volver a recorrer ese camino.

Su hermana Berta se mudó de Villagarzón a San Miguel, el barrio más afectado por la avalancha, hacia 2001. En junio de ese año, después de sembrar el pánico en la zona durante dos años, un grupo de paramilitares asesinó a 17 personas en veredas cercanas.

Hace una semana, Berta regresó a Villagarzón en silla de ruedas para recuperarse en casa de su hermano de las heridas del alud. Su casa quedó completamente destruida, y ella es una de los centenares de desplazados por el conflicto ahora revictimizados por la catástrofe natural.

Dicen que ‘el agua tiene memoria y vuelve donde estuvo’. Y así ocurrió el pasado sábado en la capital de Putumayo. El agua volvió al lugar donde ahora escalaban la cuenca del río decenas de casuchas amontonadas, la mayoría habitadas por víctimas del conflicto. Horas después del desastre el alcalde de la ciudad, José Antonio Castro, reconoció que en el lugar no debió haberse instalado un asentamiento, pues se encuentra rodeado por diez afluentes.

“En Mocoa se juntaron todos los males: el desastre natural, consecuencias del conflicto y ausencia del Estado”, sostiene el docente de la Universidad del Externado, Francisco Barbosa, quien afirma que “los barrios más afectados eran ilegales. El Estado nunca autorizó establecer servicios básicos, pero el municipio lo hizo. El Estado no sancionó ni previno esto”.

Los datos encajan. La Unidad de Víctimas contabilizó 24.667 desplazados en Mocoa. El Gobierno había subsidiado en su totalidad 53 viviendas y contribuido con la adquisición de 1.142, y solo aportó fondos para mejoras en 18 hogares. El mismo informe contempla la existencia de 300 casas con carencias graves o de extrema urgencia. Es decir, apenas una quinta parte de los desplazados (si estimamos cinco personas por hogar) recibieron ayudas para la vivienda, pese a encontrarse en una zona de peligro de desastre. Hace nueve meses varios estudios advirtieron de la tragedia.

Durante décadas Mocoa ha sufrido desbordamientos. La diferencia ahora es que nunca antes se había ubicado una población notable por donde el agua arrasaba con todo. “El desordenamiento regional, en parte debido a la corrupción e incompetencia de los entes encargados, se repite en muchas otras localidades del país. En Colombia hay muchas potenciales Mocoas”, explica Barbosa.

No solo el agua arrolló barrios enteros. San Miguel fue arrasado por inmensas rocas y sedimentos. Varios expertos han señalado que la minería y la desforestación precipitaron una avalancha de mayor magnitud. Desde que en 1965 comenzaron las perforaciones petroleras en el Bajo Putumayo, la región naufragó ante el abandono del Estado.

“El desordenamiento urbano se repite en otras localidades. En Colombia hay muchas potenciales Mocoas”, Francisco Barbosa

“Somos la cola de Colombia”, se lamentaban algunos de los vecinos de Mocoa. Tres días después de la tragedia, algunos afectados regresaban a sus casas para hacer guardia ante los saqueos. Tal y como pudo comprobar ¡Pacifista! sobre el terreno, personas de afuera llegaban al epicentro de la catástrofe para robar las pocas pertenencias que quedaron a salvo. Las víctimas del conflicto, del desbordamiento ahora también eran blanco de ladrones. El Gobierno empezó a reforzar la seguridad y hacer controles a partir del miércoles.

“Hay que organizarnos en el barrio y al que veamos extraño, se le da garrote”, exclamaba uno de los vecinos de San Miguel. Ante el desamparo y los efectos del conflicto, la respuesta era y fue históricamente en esa región, más violencia. Una brutalidad que ha vacunado a muchos de los habitantes del Putumayo ante la muerte.

En la misma camioneta en la que viaja María Adarme hacia Mocoa, Diana Ruíz se acaba de enterar que han encontrado los cadáveres de sus dos primas. A lo largo de las cuatro horas de trayecto, la consternación inicial da paso al poco tiempo a anécdotas y carcajadas sobre las vivencias de un turbulento pasado. Ninguna de ellas se pregunta dónde vivirán sus familiares afectados. Para la mayoría será la segunda o tercera vez que tengan que huir y empezar de cero en otra parte. Tampoco ninguna de ellas espera que el Estado les vaya a ayudar.