Solo uno de 10 niños en el municipio termina la primaria o el bachillerato. La ONU le hizo un llamado al gobierno: atender las necesidades básicas.
El municipio López de Micay, ubicado al noroccidente del Cauca, a unas cinco horas en lancha desde Buenaventura, está pasando por nuevos tiempos de violencia. Al estar muy cerca del río Micay –uno de los afluentes que utilizan los narcotraficantes para extraer la droga por el Pacífico– el municipio se convirtió en un lugar de retaguardia para los grupos armados, principalmente las Farc y el ELN. En la mañana de este martes, el alcalde municipal entregó una noticia que da cuenta del conflicto que persiste en esta zona del país: seis personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas.
En la tarde del lunes, en el casco urbano del municipio, fue asesinado Junior Rentería Rentería, de 23 años de edad y quien sería, según la gobernación del Cauca, excombatiente de las Farc. Horas más tarde, en la madrugada del martes, fueron asesinadas cinco personas en un billar del corregimiento San Antonio de Gurumendi, a diez minutos del casco urbano. La hipótesis de la gobernación es que se trataría de una serie de retaliaciones. El Ejército dice, por otro lado, que los asesinatos estarían asociados a una disputa entre la disidencia de las Farc y el ELN.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) reportó el caso como consecuencia de un “enfrentamiento entre actores armados no estatales”. La misma fuente señala que en los últimos cinco días han sido asesinadas 25 personas en los departamentos de Nariño y Cauca por disputas entre grupos armados ilegales. En el caso particular de López de Micay, la Gobernación del Cauca viene alertando sobre la presencia de las disidencias y de la banda criminal “Los Pelusos”, la cual funcionaría como intermediaria entre los carteles mexicanos y los productores de cocaína.
Cuando habló sobre esta masacre, el comandante del Ejército, general Ricardo Gómez, comparó la situación del Cauca con la que viven otras regiones del país como Catatumbo o Tumaco. El fin de semana pasado, por ejemplo, los campesinos de Argelia, El Patía y Suárez, también del Cauca, intentaron obstaculizar operaciones militares para erradicar cultivos de coca y desmantelar laboratorios de cocaína. La ofensiva militar del gobierno ha generado resistencia en la población y el ambiente se ha crispado con el paso de los días. Recordemos, por ejemplo, que el pasado 19 de octubre fueron retenidos 60 soldados por un grupo de al menos 500 personas que se oponía a los operativos contra el narcotráfico.
En municipios como Argelia, por ejemplo, la pobreza multidimensional supera el 80 % y la mayoría de los ingresos provienen del negocio de la coca, de ahí a que las intervenciones militares no sean bien recibidas. Todo esto con un agravante: Iván Duque tiene parada la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) en el departamento, lo que tiene molestas a más de 11.000 familias que firmaron acuerdos con el gobierno. En López de Micay, como nos dijeron fuentes locales, “han crecido muchísimo los laboratorios de coca”, una muestra de la ruptura evidente con el gobierno. Entretanto, el ministro de Defensa Guillermo Botero, está convencido de que es necesaria una ofensiva militar para desmantelar laboratorios. Quienes se opongan, dijo, “son delincuentes”.
Desde el año pasado, la OCHA viene emitiendo alertas por lo que está sucediendo en López de Micay: “Los desplazamientos gota a gota, las restricciones a la movilidad, las amenazas a líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias, y los casos de feminicidio y violencia sexual se mantienen debido a la incursión de grupos armados históricos y emergentes que se disputan los territorios antes controlados por las Farc”, señalan en un informe. La ausencia estatal en este municipio también es evidente. Según la Defensoría del Pueblo, 1 de cada 10 niños logran terminar sus estudios de primaria y bachillerato. Los que se quedan, dicen, presentan un riesgo alto de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, “desde la salida de las FARC-EP de la Costa Pacífica Caucana, su población ha experimentado un vacío de poder que idealmente debía ser copado por las instituciones estatales a través de la administración de justicia y seguridad y, a su vez, de la garantía de derechos en el territorio. No obstante, ante la debilidad estatal, el ELN y Guerrillas Unidas del Pacífico se han disputado el control territorial y los réditos económicos de la minería ilegal, los cultivos de coca y el narcotráfico”.
El 80 % de la población de López de Micay es afro. Cuenta con cinco grandes consejos comunitarios: Sanjoc, Manglares del Micay, El Playón, Integración Río Chuare y Mamuncia. La población estimada es de 22.000 habitantes, tomando como referencia el censo del DANE en 2005. Por eso es muy preocupante que la Personería local tenga en sus registros 3.200 desplazamientos de mujeres entre 18 y 35 años entre 2012 y 2018. La ausencia de oportunidades, así como el hostigamiento de los grupos armados, han dejado a López de Micay en manos de los grupos armados y a su población sin otras opciones que desplazarse o vivir en medio del conflicto.
Con el Acuerdo de Paz, las cosas no han cambiado mucho. A finales de 2017, la ONU le recomendó al gobierno trabajar en tres ejes: protección de las comunidades a través de Planes de Manejo Comunitario y Planes de Vida, así como la creación de espacio de protección para jóvenes. El segundo punto, uno central, es el de la salud: en López de Micay se necesita acueducto, centros de salud, brigadas periódicas y jornadas de capacitación para temas como la planificación familiar y auxilios psicosociales. El tercer punto básico es el de la educación: no hay planes de infraestructura escolar ni dotación de material pedagógico. Sin resolver esas necesidades, difícilmente cambiarán los tiempos de violencia López de Micay y en el sur del Cauca.
