Según la guerrilla ya van cinco casos. El Estado dice que son dos. No obstante, el riesgo es latente y una Misión de la ONU llegará el 26 de septiembre a verificarlo.
Una idea está tomando fuerza en las filas de las desarmadas Farc: puede ser más seguro permanecer en las zonas veredales que regresar a la ciudad y reintegrarse a la vida civil. La seguridad, como lo demuestran dos asesinatos recientes de integrantes indultados, no está garantizada para los 7.400 miembros que desde julio pasado están esperando a que su amnistía se haga efectiva.
El último caso lo denunció las Farc el pasado 10 de septiembre. Tan solo dos días después de quedar en libertad, Luis Herminsul Guadil Hinestroza fue asesinado a mano armada en el barrio Viento Libre de Tumaco, Nariño. Este jueves, la Policía Nacional confirmó la identidad del exintegrante de las Farc asesinado. Al preguntar sobre las motivaciones, la respuesta fue similar a la entregada en episodios anteriores: la Fiscalía ya está investigando. A través de un comunicado, las Farc catalogaron el caso como uno más de la “expansión paramilitar”.
Lo más preocupante del caso es que se presentó tan solo 24 días después del asesinato de Brutney Alfonso Ávila Snak, exintegrante de las guerrilla que se había reincorporado a la vida civil en Arauca. El hecho tuvo lugar en el caserío de Puerto Jordán, donde fue atacado por dos sujetos armados que transitaban en moto. Ávila fue uno de los exintegrantes que obtuvieron la amnistía y abandonaron la Zona Veredal de Transición y Normalización de las Farc en Filipinas (Arauca).
La cifra de guerrilleros indultados asesinados varía dependiendo de a quién se le pregunte. Para las Farc, son cinco las víctimas, mientras que para el Gobierno son dos. El problema, sin embargo, ha generado preocupación en altas esferas nacionales e internacionales. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves la segunda Misión de Verficación en Colombia. Esta deberá velar, entre otros temas, por la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.
Todos los detalles de la misión están por conocerse. Sin embargo, se sabe que comenzará el 26 de septiembre y se prolongará, inicialmente, por 12 meses. A cargo estará el secretario general de la ONU, António Guterres. El momento en el que llega la ONU es crucial, pues la Corte Constitucional ya aprobó las condiciones de la amnistía.
¿Por qué los están matando?
Más allá del conteo específico de los ya indultados que han sido asesinados, en el país se han registrado 14 homicidios de excombatientes desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz. Hasta la fecha, los asesinatos se han registrado en Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia, Chocó, Tolima y Cauca. Aunque el Gobierno dijo que no existen elementos suficientes para catalogar las muertes dentro de una misma causa –como el paramilitarismo, por ejemplo– sí aceptó que las Farc corren peligro en algunos territorios. Por esa razón implementó algunas medidas, como la creación del Cuerpo Élite de la Policía y la Comisión de Garantías, conformada por el presidente Juan Manuel Santos, los ministros de Defensa, Justicia e Interior.
El temor principal de las Farc es que la Comisión de Garantías se quede en el papel. De hecho, de manera práctica se puede decir que el Gobierno ya incluyó a 315 excombatientes de las Farc en cursos de la Unidad Nacional de Protección, que dada la magnitud de la cifra total de excombatientes (7.400), luce como una medida aislada.
Además, las garantías de seguridad también son pedidas a gritos por las familias. Episodios como el del municipio antioqueño de Tarazá, donde fueron asesinados tres familiares del exguerrillero Guillermo León Osorio, resguardado en la Zona Veredal de Remedios, demuestran que el riesgo se extiende al círculo de los seres queridos. En Putumayo sucedió lo mismo: asesinaron a dos familiares de Fabián García, residente en la zona veredal de La Pradera.
Este tema ha sido estudiado a fondo por Luis Trejos, catedrático de la Universidad del Norte. Para él, los últimos asesinatos constituyen “una amenaza seria al proceso de construcción de paz, pues termina evidenciando la incapacidad del Estado no solo para garantizar las medidas de seguridad de los integrantes de las Farc, sino para frenar el monopolio de las violencias en la periferia que lo están desafiando”. Cada integrante de las Farc que se reincorpora a la vida civil, agrega Trejos, “puede ser visto como una amenaza para el orden social que otros grupos armados han constituido al margen del Estado”.
Que los exintegrantes de las Farc sean vistos como una amenaza tiene que ver con dos razones generales: pueden comprometerse con la sustitución de cultivos ilícitos y, de esta manera, afectar el negocio del tráfico de coca, fuerte en regiones como Nariño y Putumayo, por ejemplo. Por otro lado – y la misma guerrilla de las Farc lo advirtió – dentro de los excombatientes hay personas que trabajaban con proveedores de insumos para la elaboración de narcóticos y que conocen todas las minucias del negocio del narcotráfico: “Pueden revelar información en la Jursidicción Especial para la Paz (JEP), y esto claramente los pone en riesgo”, concluye Trejos.
En 1994 se dio la negociación con las milicias populares del Valle de Aburrá, se desmovilizaron 650 hombres y mujeres, de los cuales fueron asesinados 120
En este contexto también es necesario darle una mirada a los procesos pasados de reinserción, pues ninguno estuvo exento de obstáculos. Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se remite a lo que sucedió en 1991, cuando el EPL dejó de ser un grupo armado y se convirtió en Esperanza, Paz y Libertad: “¿Cuántos muertos puso ese proceso de reinserción y luego sucedió lo mismo con el M-19? Las experiencias pasadas generaron unos mecanismos de prevención en el acuerdo de La Habana, pero no se están viendo los resultados, parece que el Gobierno está llegando tarde”.
Para concluir, Sierra cita un ejemplo: “En 1994 se dio la negociación con las milicias populares del Valle de Aburrá, se desmovilizaron 650 hombres y mujeres, de los cuales fueron asesinados 120. La protección es necesaria para que las Farc no sea víctima de un episodio similar”.
