En Colombia dos periodistas fueron asesinados durante el 2020. Fue el tercer país de América más letal para la prensa, después de México (8) y Honduras (3). La violencia contra la prensa ha aumentado de manera significativa desde que se firmó el Acuerdo de Paz: en los últimos cuatro años fueron asesinados ocho periodistas. Esa cifra salta como una protuberancia, una hinchazón imborrable para cualquier democracia.
Por: Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP)
Las muertes de Abelardo Liz y de Felipe Guevara hace unos meses no son dos hechos excepcionales, por el contrario, hacen parte de una tendencia de violencia cruda contra la prensa. Los periodistas asesinados desde el 2016 comparten características similares, por ejemplo, en cuatro de esos ocho casos se advirtieron amenazas que no fueron investigadas; las víctimas eran reporteros(as) de medios indígenas o comunitarios, sobre quienes pesa un peligroso estigma; y, ocurrieron en zonas desprotegidas por el Estado. Absolutamente en todos estos eventos la impunidad aparece atravesada de principio a fin. El motor de un ciclo perverso que perpetúa la violencia, impide conocer la verdad y borra la justicia.
Felipe Guevara era un periodista de Cali, joven, tenía 27 años. Se dedicaba a cubrir las noticias judiciales, es decir era el encargado de visitar la escena del crimen; de preguntar, tomar fotos, hablar con los vecinos y publicar. Este tipo de reporteros conocen perfectamente a las bandas criminales: saben los nombres de sus integrantes, cómo operan, cuáles son sus intereses y de qué depende su economía. Aunque conocen mucho, publican poca de esa información. Aún así, decir un nombre o sencillamente registrar el hecho es suficiente y supone un riesgo.
Desde que recibió la primera amenaza, en el 2017, Felipe denunció. Fue a la Fiscalía, habló con sus familiares y compañeros, sabía que su vida estaba en riesgo desde una noticia que hizo sobre la banda ‘Los Pitbull’. Hizo todo lo que entendió necesario para que nada le sucediera. Incluso se mudó de barrio, del Mariano Ramos, en Cali. Sabía que las probabilidades de que lo asesinaran eran muy altas. Pudo vivir un tiempo por fuera, sin embargo, poco a poco se fue quedando sin opciones y tuvo que regresar. Ese barrio era su hogar. Pocas semanas después de volver y tres días antes de Navidad lo balearon en una calle.
Meses atrás, a mediados de agosto, Abelardo Liz salía, nuevamente, a cubrir los desalojos que estaban realizando el Ejército y el ESMAD en el municipio de corinto en el norte del Cauca. Hacía parte del equipo de periodistas indígenas de la emisora comunitaria Nación Nasa. Cerca del mediodía recibió disparos que provenían de donde se encontraban los soldados. “La fuerza pública impidió el ingreso oportuno de vehículos y personal para que trasladaran a los heridos, entre ellos Abelardo, a centros asistenciales”, dijeron los representantes del CRIC. Ese mismo día Abelardo murió.
La violencia contra la prensa se agudiza y está marcada por los asesinatos y también por las amenazas. Durante el 2020 cada dos días un periodistas fue amenazado: hubo 152 amenazas dirigidas a 193 periodistas (una amenaza puede ir dirigida a dos o más periodistas), 10% más que el año anterior. El aumento de casos genera mayor preocupación teniendo en cuenta que durante varios meses del año, hubo estrictas medidas que restringieron la movilidad por el país debido a las medidas para mitigar la pandemia.
En Bogotá ocurrió el mayor número de amenazas, en total 30. Después, le siguen municipios medianos y pequeños, que se encuentran atravesados por las rutas del narcotráfico y la consolidación de bandas criminales, donde los medios y periodistas que informan deben sortear presiones constantemente. Se trata de Puerto Libertador (Córdoba), Caucasia (Antioquia), Barrancabermeja (Norte de Santander) y en Arauca capital. Ahí se concentraron el 16% de las amenazas.
Casi una tercera parte del total de las amenazas —45— se dirigieron a reporteros que estaban realizando trabajos periodísticos sobre corrupción. 26 casos ocurrieron cuando se cubría orden público. Casi la misma cifra —24— por asuntos de política, y en doce casos al cubrir narcotráfico.
A esta radiografía de violencia hay que sumarle la desinteligencia institucional incapaz de prevenir e investigar los ataques. Además, por el debilitamiento del mecanismo de protección a periodistas que sigue a la espera de una promesa de reingeniería que no se cumple. La Unidad Nacional de Protección (UNP) pierde legitimidad toda vez que toma decisiones por motivaciones políticas, ha perdido rigurosidad técnica y sus decisiones están envueltas por la opacidad.
Las balas que se escucharon en el barrio Mariano Ramos en Cali o las ráfagas que sacudieron a Corinto no resuenan en el Palacio de Gobierno. La falta de esfuerzos claros y contundentes por parte del Gobierno ahondan la preocupación que tienen decenas de reporteros en ciudades y pueblos que solo se atreven a repetir con gran resignación: regresamos a los peores años de esa violencia que ya nos tocó vivir.
Disponible en la página oficial de la FLIP a partir del 9 de febrero.
