Adriana Porras fue artífice de un suceso inédito en Colombia. Sin proponérselo, provocó la única expulsión de un jefe paramilitar de Justicia y Paz por violencia sexual.
Por: Esteban Montaño
La enfermera Adriana Porras fue artífice de un suceso inédito en Colombia. Sin proponérselo, provocó la expulsión de Justicia y Paz de un jefe paramilitar. Aunque ella dice que la culpa fue de la mala asesoría que recibió Marco Tulio Pérez, alias “el Oso”, por parte de su abogado, lo cierto es que su lucha a favor de las mujeres violadas en San Onofre fue el punto de partida para que este temible personaje tuviera que responder por unos delitos que hasta ese momento había logrado mantener ocultos.
En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal de Barranquilla, que en noviembre pasado halló culpable a “el Oso” por conductas de violencia sexual en contra de varias mujeres del corregimiento de La libertad mientras fungió como comandante del Frente Golfo de Morrosquillo. Como Pérez no reconoció estos crímenes a pesar de la contundencia de las pruebas, la Corte le quitó los beneficios jurídicos a los que tienen derecho los paramilitares que se acogieron a la justicia transicional y podría ser condenado a 40 años de prisión.
Aunque se podría pensar que con ello se produjo una victoria de la verdad contra la impunidad, para Adriana Porras este aparente triunfo encierra una terrible paradoja. Por cuenta de esta situación tuvo que divorciarse, perdió su trabajo y fue desterrada del lugar en el que resistió los años más crueles de la violencia paramilitar. Porras llegó a La Libertad en el año 96, cuando este corregimiento de San Onofre era todavía un remanso de paz en el que los picós retumbaban a cualquier hora y no se sabía si era sábado o martes porque sus habitantes parrandeaban todo el tiempo.
Poco tiempo después, la violencia que se expandía por Sucre empezó a manifestarse en La Libertad por medio de asesinatos colectivos, desapariciones y algunas masacres. Luego llegó alias “Cadena” a la región y su presencia era tan invisible como agobiante. Adriana nunca lo vio pero siempre supo que él era el que mandaba. Poco a poco, los picós fueron apagándose y el miedo fue apoderándose de este pueblo de pescadores y campesinos pacíficos. En 2001, el terreno ya estaba abonado para la llegada de “el Oso”, quien rápidamente se convirtió en la única autoridad de La Libertad.
Las extorsiones y el despojo de tierras se aparejaron con el control de las instituciones locales y el dominio de la vida social. “El Oso” puso al alcalde, al fiscal y al gerente del hospital. Adriana cuenta que una vez, cuando fue a la Gerencia del hospital a pedir sus vacaciones, le dijeron que ese trámite tenía que gestionarlo directamente con “El Oso”. Los conflictos ya no los resolvía la sabiduría de los mayores ni el conocimiento del inspector de Policía, sino la impredecible voluntad del “patrón”.
Marco Tulio Pérez también definía la hora de acostarse y las fechas en las que había que celebrar: organizaba fiestas y reinados a las que todos tenían que ir para no exponerse a sus retaliaciones. Por si fuera poco, abusaba sexualmente de las mujeres, casi siempre menores de edad, y castigaba a quienes no accedieran a sus peticiones. Esta fue la causa por la que muchas de ellas fueron obligadas a trapear su casa y sus esposos tuvieron que barrer las calles del pueblo.
En medio de este panorama, el centro de salud se fue quedando sin médicos y a Adriana le tocó asumir la función de ser la única enfermera para atender a todos los habitantes del pueblo. “Aunque hubiera podido pedir el traslado hacia un lugar más tranquilo, no quise hacerlo porque dejar a la gente sola me pareció un acto de cobardía”, explica. Para ella, la gente de La Libertad se encontraba enferma sicológicamente. “Varias personas iban al consultorio hasta tres veces por semana sufriendo de diarrea, hipertensión y estrés. Cuando eso pasaba yo ya sabía que estaban teniendo líos con los paras”.
Adriana recuerda que en las consultas, los liberteños le repetían con angustia: “Seño, tengo miedo, pánico”. Y esta situación también se reflejaba en que ya nadie dormía solo en su casa. Se juntaban hasta cuatro familias en un mismo hogar y muchos hombres llegaron al extremo de subirse a los árboles durante las noches para poder descansar.
A la gente de confianza, Adriana le preguntaba que hasta cuándo iban a resistir esa situación, que si iban a esperar hasta que les metieran un clavo caliente para poder reaccionar. Paulatinamente, Porras fue construyendo una imagen de liderazgo que le causó problemas con “el Oso”, quien no pocas veces la acusó de guerrillera y la conminó a irse de La Libertad. Cuando le preguntan que si fue por su rol de enfermera que se salvó de ser asesinada, Adriana hace una mueca de ironía y responde que eso solo se explica “porque Dios es más grande”.
En 2004, “el Oso” fue detenido por tropas de la Infantería de Marina y en 2007 fue postulado al proceso de Justicia y Paz. Porras sabía que uno de los peores males que este jefe paramilitar le infligió a La Libertad fue la violencia sexual que ejerció contra más de 50 mujeres del corregimiento. Por esa razón, desde 2008 empezó a liderar un proceso para que estos delitos no quedaran en el olvido. “A mí me preocupaban los daños sicológicos que estos actos les causaban a las mujeres, porque la gente en el pueblo pensaba que ellas lo habían hecho de manera consentida y por eso las señalaban y las recriminaban”, explica Porras.
Cuando la presión de los paramilitares disminuyó por cuenta del proceso de desmovilización, Adriana contactó a la organización “Mujeres por la Paz” para que brindaran atención sicosocial a las víctimas e hizo las denuncias respectivas ante la Fiscalía. “Mi objetivo no era que ‘el Oso’ perdiera los beneficios, sino que reconociera la verdad para que las mujeres recobraran su dignidad y sus nombres quedaran limpios ante los habitantes del pueblo”, recuerda Porras.
Pero Marco Tulio Pérez no confesó su responsabilidad oportunamente. Su versión durante el proceso fue cambiando desde la negación radical hacia la aceptación de que tuvo encuentros sexuales con algunas mujeres pero con la anuencia de ellas. Al final, la Fiscalía demostró, por ejemplo, que luego del reinado estudiantil que organizó en 2003 para “integrar a la comunidad”, se llevó a algunas de las menores y las obligó a tener sexo con él. Cuando Pérez se vio arrinconado por la evidencia, intentó retractarse para no perder los beneficios. Pero era demasiado tarde: fue expulsado del proceso de Justicia y Paz.
Entre tanto, Adriana tuvo que abandonar su labor como enfermera porque empezó a recibir llamadas, sufragios y mensajes en los que le exigían que desistiera de las acusaciones si no quería ser asesinada. La Fiscalía le brindó protección a través de un esquema de seguridad y le facilitó un carro blindado. En junio de 2012 sufrió un atentado con explosivos del que salió ilesa. Hasta ese momento ella se había resistido a abandonar La Libertad, pero en octubre del mismo año se vio obligada a hacerlo cuando unos desconocidos intentaron asesinar a su hijo mayor en Sincelejo.
“Ahí me di cuenta de que la situación era insostenible y tuve que huir de La Libertad”, dice Adriana, quien también tuvo que divorciarse porque su esposo no aguantó más los problemas de seguridad que su trabajo le estaba acarreando a toda la familia. Hoy Adriana vive en otra ciudad y regresa a La Libertad cada tanto para seguir desempeñando su labor como líder de la asociación de víctimas de ese corregimiento. “Nunca me imaginé que buscar la verdad me iba a traer tantos inconvenientes. Se suponía que la violencia había acabado y antes se recrudeció. En estas condiciones, la paz se ve muy distante”, concluye Adriana con una mezcla de rabia y resignación.
