¿Cuáles son los ‘peros’ de la 'ley TIC' del gobierno Duque y por qué está generando tanta movilización en contra?
–Y entonces, ¿cómo va todo?
–Pues la verdad es que no sabemos qué esperar. Si fuera que los manes estuvieran pasando una ley de la cual pudieran sacar pecho, estarían sacando pecho. Pero como es una mierda de ley, la están pasando de agache–respondía Santiago Rivas esta mañana de lunes en una reunión en el Congreso.
Rivas, presentador del programa Los puros criollos, ha sido uno de los opositores más férreos del proyecto de Ley TIC presentado por el gobierno Duque en septiembre de este año. El 6 de diciembre estuvo hablando en La Pulla sobre los principales vicios del proyecto que pretende reformar la televisión pública. Ese mismo día, la emisión de su programa (un capítulo de repetición) fue sacada del aire en Señal Colombia. El gesto fue tomado como un acto de censura por parte de las directivas de RTVC y puso a la llamada ‘ley TIC’ en el centro del debate.
–El gobierno está dispuesto a pasar esto a pupitrazo –decía María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá, horas antes de que, como estaba previsto, el proyecto de ley TIC se votara en el Congreso. Esto ocurría en una reunión que había sido convocada para trazar una estrategia e intentar frenar la inminente votación del proyecto.
–Si esto pasa como está, va a ser muy dañino para el país, para la independencia –dijo por su parte León Fredy Muñoz, representante de la Alianza Verde por Antioquia.
Muñoz y Pizarro fueron los principales opositores del proyecto de ley desde que este fue presentado en el Congreso por el Ministerio de las TIC, encabezado por la Ministra Sylvia Constaín, en el mes de septiembre.
–Hay unas negras intensiones muy marcadas –continuaba el representante Muñoz–. Esto lo hizo Caracol, RCN, Slim: no lo hizo el Ministerio.
Se refería, el representante Muñoz, a los que según muchos detractores, eran los principales beneficiados de este proyecto de ley: los canales privados y las grandes empresas de telecomunicaciones del país.
La regulación
La ley TIC o Ley de Regulador Convergente (sí: Ley-de-Regulador-convergente, porque se sabe: en este país entre más enredado el nombre y más complicadas las palabras, mejor), tiene como objetivo “simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del sector”.
¿Qué implica la anterior rimbombancia?
Simplificar y modernizar el marco institucional del sector implicaría, según el proyecto, suprimir la actual Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), órgano creado en el 2012. La ANTV se encarga de asuntos concesionales, de fomento de la industria, de la regulación y seguimiento de los contenidos de televisión en el país. Y aunque recibe dinero del gobierno, ha tenido independencia en sus funciones desde su creación hasta el día de hoy. Con la nueva ley, las funciones de la ANTV desaparecerían (empezando porque desaparecería la ANTV) y esas funciones pasarían a un nuevo organismo que dependería plenamente del gobierno (cinco personas, de las cuales dos serían designados por el gobierno; un representante de los canales regionales y dos personas de la sociedad civil). La nueva ley unifica dos comisiones que hasta ahora han sido independientes, la comisión de televisión (que se encarga de asignar la plata para el contenido de las producciones) y la de telecomunicaciones (que se encarga de mejorar la infraestructura) en usa sola: la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Esta unificación se traduce en un mayor control del gobierno sobre el presupuesto y, finalmente, sobre el contenido que se produce en el país. Este punto ha prendido las alarmas pues, en palabras de Pedro Vaca, director de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP) implica “una suerte de Fiscalía de comunicaciones que no solo tiene causales frente a las obligaciones de infraestructura y conectividad, sino que también puede imponer sanciones posteriores sobre los contenidos que se transmiten”.
En otras palabras: se abre la posibilidad para la censura.
Urgencia y presión
Sumado a esto –sumado al poder que la ley le otorga al Gobierno sobre el control de los contenidos– está el tema de los canales privados.
Cuando el gobierno presentó el proyecto lo hizo con mensaje de urgencia. Esto significa que en vez de los cuatro debates que se necesitan en Senado y Cámara para aprobar el proyecto, se necesitaría la mitad: dos.
¿Por qué el afán? ¿Por qué la urgencia?
En enero del próximo año se vence el plazo que tienen los canales privados (Caracol y RCN) para pagar 128 mil millones de pesos al Estado por el uso del espectro durante los próximos 10 años. Si el proyecto se aprueba antes de esa fecha –es decir, esta semana; hoy mismo– cambiaría el régimen con el que se adjudican las licencias. Lo que significaría que los privados no tendrán que pagar esa suma para el uso del espectro, sino que entrarían en el nuevo régimen que postula la nueva ley. El clásico “borrón y cuenta nueva”.
El nuevo régimen –que en el proyecto de ley tiene el nombre de Habilitación general- pone a todo el mundo, cable operadores y privados, en un mismo saco. El nuevo régimen, además, otorgaría –a los privados– unas licencias por 20 años con renovación automática. En América latina el promedio es de 15 años para las licencias, pues esto garantiza cierta independencia. No es lo mismo darle a un canal privado una licencia por 10 o 15 años, a darle una licencia para el uso del espectro por 20 con posibilidad de renovación inmediata.
Según algunos congresistas, desde que se presentó en el mes de septiembre, el proyecto vino acompañado de una presión muy grande de lobistas que buscaban –que buscan– que el proyecto pase a toda costa, sobre todo desde el gremio de las empresas de telecomunicaciones, liderado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.
Vale aclarar que uno de los aspectos que no regularía el proyecto de ley son las llamadas OTTs (plataformas de contenido streaming como Netflix, Amazon, HBO GO o Apple TV). En otros países de la región, este tipo de plataformas digitales tienen regulación y le pagan al Estado.
Y vale aclarar también que la ministra Constaín viene del sector de las empresas digitales: fue jefe de políticas públicas de Facebook para el Cono Sur y gerente de Relaciones Gubernamentales de Apple para Sudamérica. Y por estas razones los congresistas opositores al proyecto de ley le pidieron a la ministra Constaín que se declarara impedida pues había –¿hay?– intereses privados muy fuertes que pesan en la presentación del proyecto. La ministra no lo hizo.
¿Último round?
Hoy lunes 17 de diciembre hubo un plantón en la Plaza de Bolívar exigiendo que se aplazara el debate, al menos, hasta el próximo año.
En redes sociales fue y ha sido tendencia el hashtag #ChaoLeyTIC, en dónde líderes de opinión, periodistas y actores han pedido, sino el hundimiento del proyecto de ley, sí por lo menos más espacio para el debate y transparencia.
Hoy lunes 17 de diciembre es posible que el Congreso vote –en Senado y Cámara– el proyecto de Ley TIC (o Ley de Regulador convergente, como nos gusta a los colombianos).
La posibilidad de que lo aprueben es alta, aunque algunos congresistas –como pudimos confirmar– estarían dispuesto a inclinarse a favor del aplazamiento de la discusión ante la presión ciudadana.
Ya veremos. Los opositores del proyecto no están dispuestos a quedarse en silencio.
