A Mary Colorado la acusaron de ser guerrillera por una foto que le tomaron a la fuerza. Duró once meses en la cárcel y aunque se encuentra libre, su proceso sigue abierto por cuenta de las declaraciones de falsos testigos. Análisis de un drama que afecta a más de tres mil colombianos.
Por: Esteban Montaño
Mary Colorado se acordó de su primer y único contacto con las Farc el día en que unos agentes de la Fiscalía la capturaron en una cafetería de Villarrica, un pueblo ubicado al norte del departamento del Cauca. Habían pasado once años desde que algunos integrantes del Frente 6 de esa guerrilla detuvieron el bus en el que viajaba, junto con sus compañeros del grupo de danzas del municipio, para participar en un intercambio cultural en Toribío. Los hicieron bajar, les ordenaron que anotaran todos sus datos en una planilla y les tomaron unas fotos después de haberlos vestido con camuflados de ese grupo.
En ese momento, Mary solo tenía 12 años y, aunque recuerda que “se desgarró en lágrimas por el susto que tenía”, luego los dejaron seguir y se olvidó por completo del asunto. Pero todo volvió a su mente como una ráfaga el 5 de septiembre de 2012, cuando le mostraron una orden de captura y la trasladaron a la cárcel La Magdalena de Popayán acusada de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo. La prueba reina, según se enteró durante el trayecto hacia la capital del Cauca, era esa foto que le habían tomado a la fuerza y que fue hallada en el computador de un jefe guerrillero abatido durante un operativo del Ejército.
Mary pasó once meses detenida en La Magdalena, hasta que la Jueza Primera Penal del Circuito de Popayán ordenó su libertad por considerar que esa foto no era evidencia suficiente para sustentar los cargos que se le imputaban. Sin embargo, el proceso continúa abierto porque la Fiscalía insiste en que tiene en su poder los testimonios de algunos desmovilizados de las Farc que afirman que ella hace parte de la estructura del Frente Sexto y que colaboró en varios atentados en el Cauca.
“Con mi abogado sabemos que esos testigos son falsos porque han incurrido en contradicciones tan burdas como que yo vivo en otro pueblo que se llama Padilla o que mido 20 centímetros menos con respecto a mi estatura real. El problema es que no hemos podido controvertirlos en el juicio porque la audiencia preparatoria se ha aplazado más de cinco veces en todo este tiempo. Eso es lo que me mantiene todavía con la incertidumbre de no saber si me van a declarar inocente o me van a devolver a la cárcel”, explica Mary.
A pesar de todo, no es descabellado decir que esta mujer es una afortunada si se compara su caso con el de otras personas que han sido condenadas a partir de declaraciones falsas. Por ejemplo, el coronel de la Policía William Montezuma está preso desde 2011 a pesar de que la propia Fiscalía ha comprobado que los cuatro desmovilizados de los paramilitares que lo incriminaron en el asesinato de un subalterno suyo mintieron, entre otras razones, para obtener beneficios judiciales.
Pero este drama no es exclusivo de personas humildes y anónimas como Mary y Montezuma. Políticos reconocidos como Nancy Patricia Gutiérrez también han sido afectados por la existencia de una red de delincuentes que mienten a los funcionarios judiciales para conseguir distintos fines. Ellos también hacen parte de más de tres mil víctimas del cartel de falsos testigos que el ex diputado del Valle Sigifredo López no duda en calificar como “el cáncer de la justicia colombiana”.
López vivió en carne propia este fenómeno a mediados de 2012 cuando fue acusado, con base en declaraciones falsas, de haber planeado su propio secuestro –que duró siete años- y de haber ordenado el asesinato de los once diputados que fueron raptados con él en la Asamblea del Valle. Aunque fue absuelto unos meses después y recibió disculpas públicas por parte del Fiscal General de la Nación, López decidió crear la Fundación Defensa de Inocentes para brindarles asesoría jurídica a los afectados por este tipo de situaciones.
Según Élmer Montaña, director ejecutivo de Defensa de Inocentes y abogado de Mary Colorado, en todos los países del mundo hay gente que declara falsamente en los procesos judiciales, pero se trata de situaciones excepcionales. “Lo que ha facilitado que en Colombia esta práctica haya tomado estas dimensiones es la coincidencia de dos factores: el proceso de desmovilización de los paramilitares y un sistema penal acusatorio demasiado inclinado a otorgar beneficios jurídicos a los delincuentes que colaboran con la justicia”.
Para Montaña, la Ley de Justicia y Paz que reglamentó la desmovilización de los paramilitares –y a la cual se han acogido cientos de guerrilleros- estuvo bien orientada en el sentido de que buscaba que contaran la verdad a cambio de rebajas de penas. “Lo que ocurrió es que estos desmovilizados se dieron cuenta del enorme poder que tenían. Entonces comenzaron a incriminarse en delitos que no habían cometido para rebajar sus penas y a extorsionar a muchas personas amenazándolas con involucrarlas en procesos penales si no les pagaban elevadas sumas de dinero”.
El abogado penalista y ex procurador Jaime Bernal Cuéllar opina que lo que está en el fondo de toda esta problemática es la enorme incapacidad del Estado para hacerle frente a la delincuencia. Y eso lleva a que se haya impuesto una lógica perversa en la administración de justicia según la cual “a los criminales hay que creerles porque ellos son los únicos que pueden conducir hacia la judicialización de los llamados peces gordos”.
Por esa razón, dice Bernal, se han puesto tan de moda los principios de oportunidad y los acuerdos de allanamiento a cargos que les ofrecen ventajas a quienes puedan aportar algún tipo de información valiosa para llegar a verdades más profundas. No obstante, esta determinación no se complementa con un endurecimiento de las penas a quienes incurran en falso testimonio. “De ahí que los falsos testigos no tengan miedo de mentir porque saben que si les creen su pena se va a reducir, pero si los descubren simplemente les suman dos años a unas condenas que de por sí ya son bastante largas”, explica Sigifredo López.
Todos estos síntomas de debilidad institucional son aprovechados, por ejemplo, por funcionarios corruptos para inducir a los presos a que mientan con el fin de mostrar mejores resultados. También hay casos de personas que los sobornan para que declaren en contra sus enemigos para perjudicarlos. “Los desmovilizados se ponen al servicio del mejor postor y hoy cualquier persona de derecha, de izquierda o de centro puede ser objeto de una persecución por parte del sistema judicial”, afirma Montaña.
Justamente estos dos últimos escenarios son los que explican la situación de personas como Mary Colorado y Montezuma. Según Montaña, ella “fue y sigue siendo víctima de un falso positivo judicial provocado por la búsqueda desesperada de una sentencia condenatoria que muestre la eficacia de la Fiscalía. En el caso del coronel se ha establecido que, aparte de las rebajas de pena, también se trataba de una retaliación de los desmovilizados porque cuando fue comandante de la Sijín de Cúcuta se convirtió en un obstáculo para el accionar de los paramilitares”.
Otro factor que hay que tener en cuenta para entender la gravedad de este asunto es que algunas personas que tienen líos con la justicia se amparan en la existencia de este cartel de falsos testigos para demostrar su inocencia. Tal vez el caso más representativo a este respecto es el del cuestionado empresario costeño Alfonso “el Turco” Hilsaca, quien a pesar de ser señalado por varios delitos se considera víctima del cartel y ha sido defendido por el propio Sigifredo López.
Todas estas confusiones y manipulaciones se vienen a sumar a la crisis de una justicia cuyo desprestigio no parece tener límites. Como escribió el periodista Juan Gossaín en un reportaje sobre el cartel de los falsos testigos, “en medio de semejante horror, los colombianos nos quedaremos sin saber quién es el honrado y quién es el bandido”.
Este panorama se agrava si se tiene en cuenta que el Gobierno y las Farc están discutiendo un proyecto de justicia transicional que ayude a poner fin al conflicto armado. Si bien la Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto con la creación de una Unidad de Falsos Testigos, la magnitud del fenómeno ha desbordado su capacidad para controlarlo. Y si esto es así ahora, muchos temen que todo pueda empeorar con los miles de guerrilleros que se desmovilizarían y que empezarían a buscar beneficios judiciales a cambio de sus testimonios. Como dice Bernal, “si no se corrige esta distorsión que ha generado el cartel de falsos testigos en la justicia, no hay manera de que podamos hacer la paz”.
