¿Cómo llegó un exguerrillero a formar parte del programa de justicia comunitaria y reconciliación en una de las localidades más violentas de Bogotá?
Por: Esteban Montaño
La historia
Sabas Duque, a los 17 años de edad, pudo cumplir uno de los sueños de su infancia: tener una pistola propia. Se la entregó alias “el Loco”, el comandante de un frente de las Farc que dominaba las zonas rurales aledañas a Valledupar, y a partir de ese día se convirtió en miliciano de esa guerrilla. Sabas dice que no se metió a ese grupo para hacer la revolución, sino porque se había dado cuenta de que las muchachas le prestaban más atención a quien andaba armado.
Desde ese momento, Sabas se encargó de la seguridad de esa área. Además, “el Loco” los autorizó para que resolvieran por su cuenta los problemas que se presentaran. “Como éramos unos culicagados envalentonados empezamos a cometer muchas arbitrariedades. Cuando alguien nos caía mal, le inventábamos al Loco que lo habíamos visto hablando con el Ejército y el man de una nos daba permiso para matarlo”, cuenta Sabas.
Un tiempo después, como quien abandona un juguete usado, se cansó de ser la justicia en una región olvidada por el Estado y se fue para Barranquilla tras los pasos de una mujer que lo había convencido de que intentaran hacer las cosas de otro modo. Con la plata de la familia de ella montó un negocio de distribución de alimentos, y en esas estaba cuando llegó uno de sus 22 hermanos a proponerle una oferta que a él le pareció tentadora.
Era el año 94 y las Farc estaban tratando de consolidar su presencia en el norte de Colombia. El hermano de Sabas hacía parte del Frente 59 de esa guerrilla y estaba buscando a una persona que se encargara de gestionar la logística para abastecer al Bloque Caribe, el cual agrupaba a los cuatro frentes que operaban en esa región del país.
Durante siete años, Sabas se encargó de comprar las armas, las municiones, los explosivos, los uniformes y la comida para las tropas. También contactaba a las bandas delincuenciales que se encargaban de hacer los secuestros, les consignaba dinero a los familiares de los comandantes y servía de mensajero entre estos y los líderes políticos afines a la guerrilla.
En enero del 2001, Sabas fue capturado junto con otro guerrillero por el Ejército mientras recibían un cargamento de armas. Los condujeron a un batallón y los interrogaron por separado durante varias horas. Luego Sabas fue entregado a unos paramilitares que lo llevaron a una finca a las afueras de Barranquilla. Allí lo torturaron para que contara todo lo que sabía, pero él estaba decidido a hacerse matar antes de entregar a cualquiera de sus compañeros.
Eso finalmente no ocurrió gracias a que en algún momento de la noche, los hombres que lo tenían recibieron una llamada en la que les pedían que lo devolvieran porque el otro guerrillero iba a entregar información a cambio de que los dejaran a ambos vivos. “Esos manes casi se estallan de la putería que les dio por tenerme que llevar de nuevo al batallón”, recuerda Sabas en un tono burlón.
Allí le pusieron una enfermera para que le hiciera las curaciones respectivas porque, según Sabas, los militares decían que así no lo podían entregar a la justicia. Luego de tres días de cuidados, lo presentaron ante un juez que lo dejó libre un año después gracias a un soborno de 25 millones que le pagaron las Farc. Por eso, apenas salió de la cárcel, tuvo que reintegrarse a sus funciones, pero esta vez desde Riohacha.
Hasta allí llegaron los paramilitares a saldar la cuenta que había quedado pendiente. Una noche de mayo de 2002, Sabas estaba en la tienda que le servía de fachada para sus actividades, cuando entró un tipo y pidió una gaseosa. Mientras Sabas se agachó para sacarla del congelador, apareció otro hombre que le descargó seis balazos a quemarropa. “El man me hubiera podido pegar otros seis tiros porque ese proveedor tenía mínimo 14 balas, pero seguro estaba confiado de que ya me había matado”.
Otro hermano suyo que había llegado a visitarlo ese día lo llevó al hospital. Cuando supo que estaba a salvo, se puso en contacto con los comandantes del bloque y al día siguiente lo recogió una ambulancia que lo trasladó a una clínica de Valledupar en donde lo atendieron médicos de confianza de las Farc. Duró tres meses internado y cuando lo dieron de alta nadie de su familia quiso ir a recogerlo, a pesar de que quedó en silla de ruedas y con una severa discapacidad auditiva.
La única que se pronunció fue una de sus hermanas, quien le ofreció que se fuera a vivir a una casa que tenía desocupada a las afueras de Valledupar. Durante un año la guerrilla le siguió enviando una pequeña suma de dinero, la cual desapareció junto con el rastro de todos sus contactos. En medio de la zozobra de que lo capturara la justicia o que lo remataran los paramilitares, Sabas empezó a vender chance frente a un centro comercial de la ciudad.
Así sobrevivió hasta septiembre de 2004, cuando decidió acabar con la incertidumbre y entregarse a las autoridades. “Unos meses antes un man del bloque me llamó a contarme que se había desmovilizado y me invitó a que yo también lo hiciera. La idea me sonó pero lo dudé mucho porque pensé que era una trampa. Luego me di cuenta de que ese era el único camino que me quedaba”, recuerda Sabas.
Entonces se presentó en la Defensoría del Pueblo y pidió que lo incluyeran en el proceso de reintegración para excombatientes. En octubre tuvo que mudarse a Bogotá porque en ese momento el programa estaba centralizado en la ciudad. “Aquí llegué convencido de que la reintegración dependía de las ganas que uno le pusiera, porque no había nadie que le dijera usted tiene que hacer esto o lo otro. Si uno quería, se podía quedar acostado viendo novelas. Pero yo me dediqué a estudiar y a buscar la manera de reparar a la sociedad a través del trabajo comunitario”.
La lección
Hoy Sabas Duque es el asistente de coordinación de una de las dos casas en las que se ejecuta el programa de acceso social a la justicia y a la reconciliación humana. Se trata de una iniciativa de la Fundación para la Reconciliación y la Alcaldía Local de Rafael Uribe para que los habitantes de esta zona del suroriente de Bogotá aprendan a solucionar sus problemas con métodos distintos a la violencia.
Según Marisol Polo, coordinadora de todo el proyecto, “Sabas es la primera puerta de servicio a la comunidad, es el punto de encuentro entre las personas y la institucionalidad para que estas puedan acceder efectivamente a la justicia”. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una persona que tomó la justicia por su propia mano, que fue principal protagonista de la violencia y que sufrió un atentado que casi le quita la vida, sea ahora el encargado de promover la convivencia y la reconciliación en una de las localidades más conflictivas de Bogotá?
El camino más corto para responder esta pregunta sería culminar este artículo con una historia promocional del programa de reintegración para combatientes de grupos armados. De un tiempo para acá se han vuelto muy comunes las historias de los victimarios que se han convertido en agentes de paz en las comunidades que antes asolaron a través del miedo y de la violencia. En muchos de estos casos, lo que se intenta mostrar a través de esos relatos es una visión simplificada de cómo el “malo” se puede convertir en “bueno”.
Como explica Ildefondonso Henao, coordinador del antiguo Programa de Atención a Desmovilizados de Bogotá, “uno de los retos de la reintegración de excombatientes es superar la visión de una sociedad buena y magnánima que acoge a unos excluidos”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que las personas que dejan las armas deben ser valoradas por lo que pueden aportarle a la sociedad y no por lo que en algún momento le quitaron.
Marisol asegura que eso se ha logrado con Sabas. “A él no lo contratamos por su pasado como guerrillero de las Farc sino porque a través de los años ha venido adquiriendo una experiencia muy importante en estrategias de trabajo comunitario y en pedagogías de resolución de conflictos”, explica. En otras palabras, Sabas no participa del proyecto para reproducir un estereotipo favorable para un momento específico, sino porque tiene las cualidades personales y profesionales para aportar en la consecución de los objetivos que se trazaron.
En esto concuerda Lucero Vargas, una de las creadoras de las Escuelas de Paz y Reconciliación que ha venido implementando la Fundación desde hace más de una década. Lucero conoció a Sabas cuando apenas iniciaba su proceso de reintegración y, en vista del interés que mostró por estos temas, lo fue involucrando como ayudante en su trabajo hasta que adquirió las herramientas para convertirse en un integrante más de su equipo.
“Sabas fue contratado por la Fundación para la Reconciliación en 2007 por su capacidad para interiorizar los modelos y por el carisma que tiene para transmitírselos a la gente. Él logra generar mucha empatía con las personas, pero no es por su condición de exguerrillero ni porque esté en una silla de ruedas, sino porque las convence de la importancia de superar la cultura de la violencia en la que estamos inmersos todos los colombianos”, afirma Lucero.
Esas mismas virtudes fueron las que apreció la Alcaldesa local de Rafael Uribe cuando pidió que Sabas hiciera parte del programa de acceso a la justicia comunitaria y a la reconciliación. Como él mismo cuenta, “ahora exigen que todos los participantes de estos proyectos sean profesionales, pero yo no me he graduado de ninguna carrera y aun así ella fue la que aceptó que yo estuviera aquí por mi experiencia en todos estos temas”.
Mientras espera a los habitantes del barrio Diana Turbay se acerquen a la sede para explicarles en qué consiste el programa, Sabas dice que si Colombia quiere darle la vuelta a la página de la violencia tiene que dejar de juzgar a las personas por su pasado. “Cada cual carga con su historia y eso es imposible de olvidar, pero ese no puede ser el único criterio para evaluar las capacidades de una persona ni mucho menos para otorgarle oportunidades en la vida”.
