Luego de que Santos sancionara en 2011 la Ley de víctimas y restitución de tierras surgió un autodenominado Ejército Anti Restitución. La semana pasada reapareció en el Urabá.
El pasado jueves 11 de abril fue atacado un grupo de la Unidad de Restitución de Tierras en zona veredal de Mutatá, en el Urabá antioqueño, mientras el grupo hacía una diligencia de restitución. El ataque fue atribuido al autodenominado Ejército Anti Restitución de Tierras.
—Desde hace dos meses en la región habíamos recibido varias alertas en la zona, pero ya con el ataque pues se confirma la operación de este grupo anti restitución —le dijo a ¡Pacifista! el politólogo y subdirector de la Fundación Paz y reconciliación, Ariel Ávila.
¿Qué es el Ejército Anti Restitución y quién está detrás de él?
En 2012, poco después de que Santos sancionara la Ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011), aparecieron en distintos departamentos del país panfletos de un grupo que se hacía llamar el Ejército Anti Restitución. Su objetivo: frenar procesos de reparación y restitución a campesinos despojados de sus tierras por cuenta de grupos armados durante el conflicto.
Se sabe ahora que quien estaba detrás de este grupo era Sor Teresa Gómez Álvarez, persona muy cercana al Clan Castaño (estaba casada con un medio hermano de los Castaño y era suegra de alias ‘Monoleche’, jefe de seguridad de Carlos Castaño). Gómez Álvarez fue clave dentro de la estructura de las AUC. Fue representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una fundación que, mediante donaciones y figuras legales, estaba detrás de la adquisición de tierras en el Urabá antioqueño.
Gómez Álvarez estuvo al frente del llamado Ejército Anti Restitución que apareció en 2012 y que tenía como fin evitar que se pusiera en marcha la entrega de tierras a campesinos despojados.
Sor Teresa Gómez Álvarez fue capturada en 2013 y la condenaron en 2015 a 40 años por la muerte de Yolanda Izquierdo, una líder reclamante de tierras asesinada en 2007.
“Cae la última del clan Castaño”, titulaban en los medios.
Desde entonces no se volvió a escuchar del Ejército Anti Restitución.
Hasta el 2017 cuando 25 líderes sociales del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño denunciaron que detrás de desplazamientos y asesinatos estaban empresarios que habían despojado sus tierras con ayuda de grupos de nuevos paramilitares.
—Tenemos una tierra muy fértil. Y los empresarios conocen ese terreno para allá. Y eso es lo que ellos miran: a ver cómo nos quitan nuestras tierras —decía uno de los líderes que estuvo en Bogotá denunciando las amenazas.
—Las Autodefensas Gaitanistas, que controlan la región, han estado en relación con estos empresarios. Y lo que podemos observar es que también se mueve el Ejército Anti Restitución que son de los empresarios que actúan contra los reclamantes de tierra —decía el padre Alberto Franco S.J de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
Con los eventos de la semana pasada, el Ejército Anti Restitución vuelve a estar en el centro del debate en cuanto al tema de tierras en el país.
—Yo no creo —dice Ariel Ávila —que esta señora Sor Teresa esté detrás de este grupo ahora. Yo lo que creo es que están detrás esos mismos despojadores. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes matan a los reclamantes de tierra?, pues los mismos despojadores. Los que no quieren devolver la tierra.
¿Pero cómo funcionan, cómo opera este ‘ejército’?
Funcionan como mercenarios, le responde una fuente que prefiere no revelar su nombre a ¡Pacifista! Mercenarios de gente desmovilizada de las AUC (pero también de la guerrilla) que está al servicio de grupos económicos muy poderosos. No tienen, dice la fuente, una estructura militar muy definida: operan cuando los contratan y necesitan que hagan el trabajo. Les pagan y ellos lo hacen.
Funcionan, al final, como organizaciones sicariales que cumplen con el objetivo asignado (asesinar o amenazar) y una vez cumplido el objetivo vuelven a vestir de civiles. “Es el mismo accionar de la Águilas Negras”, dice la fuente consultada por ¡Pacifista! Y añade que “los reclamantes de tierra dicen que no se trata del mismo Clan del Golfo (de las AGC). Porque esta organización no les ponen problemas a ellos por eso, si las tierras son legales, que la reclamen, dice la gente del Clan del Golfo”.
¿Qué intereses, entonces, se ponen en riesgo con la restitución?
—Si las tierras —dice la fuente consultada por este medio—pasan a ser del Chocó (en esta región hay un disputa territorial entre Chocó y Antioquia) eso permite que todas esas propiedades que están a nombre de grandes terratenientes, entren a ser parte de negritudes y consejos comunitarios de comunidades negras y de cabildos indígenas.
Proyecto de ley y PND
Existe, a la par de estos eventos, un proyecto de ley y un artículo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que buscan modificar la actual legislación en materia de restitución de tierras.
Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, contempla incluir un artículo en el PND que busca modificar la ley 160 del 94 con el fin de legalizar los baldíos, muchos de ellos, despojados a sus ocupantes.
—Buscamos resolverle la propiedad a las personas que llevan desde antes del 94 en determinados predios, queremos darle seguridad jurídica a esas personas —dijo el senador Ramírez.
Pero para el Representante a la Cámara de Decentes por Bogotá, David Racero, lo que se está haciendo con este artículo es una contrarreforma agraria que no beneficia a los pequeños campesinos sino, sobre todo, a grandes terratenientes y posibles testaferros.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, presentó en septiembre de 2018 un proyecto de ley que busca modificar la ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras).
En su momento, cuando presentó el proyecto de ley, la senadora Cabal dijo que hay una desigualdad entre las víctimas que reclaman tierras y las que poseen tierras que fueron adquiridas durante el conflicto. “Nadie se atreve a decir que esa ley está mal porque es un espacio que la izquierda siente que colonizó. Eso es, citando al filósofo Olavo de Carvalho, lo que se conoce como la tiranía de las causas justas”, dijo en su momento la senadora.
Para Ariel Ávila:
—Ellos, el Centro Democrático, están promoviendo un proyecto de ley para legalizar el despojo. Lo de Ciro Ramírez en el artículo del PND es eso. Y Cabal tiene otro proyecto de ley que busca que esos “terceros de buena fe” se puedan hacer con tierras despojadas.
