La única vía es un pacto político y social lo más amplio posible. Análisis de Dejusticia.
- Desde la victoria del No en el plebiscito las manifestaciones ciudadanas han sido multitudinarias. Foto: Santiago Mesa.
Por Diana Isabel Güiza Gómez*
Tras la victoria del No, la única vía para implementar el acuerdo de paz de manera sostenible es conciliar nuestras diferencias y superar la actual polarización. La llave maestra no está entonces en astucias jurídicas que pretenden, de una manera u otra, desconocer el hecho político del plebiscito, sino en generar otro hecho político a favor de la paz: un pacto político y social lo más amplio posible que nos permita hacer las aclaraciones y ajustes que el acuerdo necesita para ser implementado.
Con ese propósito, el Gobierno ha adelantado acercamientos con la fuerza política institucionalizada del No, la cual ha presentado sus objeciones al acuerdo y algunas propuestas para modificarlo. En esos textos, esas voces del No dejan claro cuáles son sus líneas rojas en la renegociación. Es decir, aquellos puntos que, consideran, se deben garantizar como mínimo para sumarse al nuevo acuerdo de paz.
Ante esta victoria estrecha, que se acerca más a un empate técnico, y con el 49.78% de los votos a favor del acuerdo de paz, quienes apoyamos el Sí también debemos fijar pronto nuestras líneas rojas. Me aventuro a presentar algunas de las que considero pueden ser esas líneas rojas del Sí.
La primera línea roja es de carácter metodológico: aceptamos discutir solamente aquellos aspectos que tienen relación directa con los puntos del acuerdo y que fueron planteados en la campaña del No antes del 2 de octubre.
Al analizar las propuestas del No, podemos encontrar dos conjuntos de planteamientos que no cumplen con esa condición. Primero, las críticas que no fueron presentadas antes del plebiscito y que no tienen relación con la agenda de este proceso de paz. Por ejemplo, el Centro Democrático pide que se revise la legislación ambiental y su institucionalidad para “garantizar la legítima propiedad de la tierra”. Pero ese no es un tema de la agenda de conversaciones y, por ello, no debería ser objeto de discusión en el marco del proceso de paz. Además, este no es el momento para introducir nuevos elementos, pues implicaría abrir nuevas discusiones que alargarían indefinidamente el periodo de ajuste del acuerdo, lo que no es una posibilidad por todos los riesgos que conlleva una ampliación indefinida del cese al fuego bilateral. Este tipo de temas podemos discutirlos los colombianos, en paz y por las vías democráticas regulares, como lo es el Congreso de la República.
Segundo, las objeciones que tienen relación con la temática del acuerdo, pero que no fueron planteadas en la campaña del NO antes del 2 de octubre, como se puede concluir al repasar los artículos de prensa y documentos públicos de los opositores al proceso de paz. Entre ellas está la solicitud de revisar la “buena fe exenta de culpa” de la Ley 1448 de 2011, un mecanismo que busca evitar que quienes apoyaron de manera directa o indirecta los desplazamientos, o simplemente se aprovecharon de la situación de violencia, salgan favorecidos en los procesos de restitución de tierras. Lo mismo ocurre con las peticiones de limitar los espacios de participación ciudadana directa en la planeación y ejecución de políticas públicas regionales, porque ven en ellos una forma de suplantar a las autoridades locales (según el Centro Democrático, Martha Lucía Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana).
Dichas objeciones tampoco deberían incluirse en la etapa de ajuste del acuerdo, ya que no fueron las razones con las que la campaña del No convenció a los votantes a rechazar el acuerdo.
Aunque este es un tema metodológico no es de menor importancia. El fin de esta etapa de renegociación es identificar y esclarecer las razones por las que los colombianos dijeron NO al acuerdo de paz. La forma de hacerlo es precisamente discutir a partir de los argumentos contra el acuerdo que fueron expuestos en la campaña.
La segunda línea roja de tipo metodológico es: reconocer el carácter de negociación de unas partes en conflicto armado que no han sido vencidas.
Esto significa que cualquier precisión o ajuste debe ser aprobado por la mesa de conversaciones de la Habana. Igualmente, los planteamientos del NO deben partir de la base de que las Farc no fueron derrotadas militarmente. Y, cuando tengamos un nuevo acuerdo, la mesa de conversaciones debe indicar cuáles de las propuestas del NO fueron acogidas y en qué medida.
Cualquier precisión o ajuste del acuerdo debe siempre respetar la centralidad de los derechos de todas las víctimas.
Hasta el momento, el debate político no ha respetado del todo este principio básico. Algunas de las propuestas del No apuntan a una solución de sometimiento a las Farc; y ciertos movimientos políticos de los opositores evidencian que están explorando formas para desarticular la negociación con la aprobación vía Congreso de temas propios del proceso de paz. Muestra de ello son los proyectos de ley que han radicado en los últimos días sobre el tribunal de juzgamiento, el tratamiento penal a militares responsables de violaciones de derechos humanos durante el conflicto, las amnistías e indultos a miembros de las Farc y la formalización de tierras baldías.
Y la tercera línea roja es sustantiva: cualquier precisión o ajuste del acuerdo debe siempre respetar la centralidad de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y sus reclamos por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Cualquier fórmula de paz negociada debe incluir elementos nucleares como: todos los responsables, directos e indirectos, en este conflicto armado deben rendir cuentas ante un tribunal, que sea independiente y que cierre cualquier controversia jurídica; y todas las víctimas, con independencia de los victimarios, tienen los mismos derechos a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Buena parte de las propuestas del NO sobre justicia y víctimas, en donde están las principales discrepancias entre el sector del SÍ y el del NO, va en contravía de esos elementos centrales. Desde el NO se ha sugerido desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP y, en su lugar, adoptar un sistema penal dentro de la jurisdicción ordinaria que, operativamente, es muy cercano a Justicia y Paz, y al que sólo tendrían que rendir cuentas los excombatientes de las Farc. También pretenden otorgar beneficios o “alivios judiciales” unilaterales a militares; y hasta reconocer amnistía e indulto para “terceros no combatientes como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando se entregue material bélico que posea”, lo cual parece cuestionar la competencia de la JEP respecto de quienes han tenido participación indirecta en el conflicto armado, entre los que contarían, por ejemplo, los que han financiado esta guerra.
Esquemas de este tipo rompen con la idea de que todos los responsables de violaciones deben rendir cuentas, ser juzgados por el mismo tribunal, contar la verdad y reparar a las víctimas. Así, esos modelos de justicia desconocen que los derechos de todas las víctimas valen por igual y que ningún beneficio judicial puede ir en contra de la verdad y la reparación.
Al fijar estas líneas rojas estamos exigiendo respeto por los derechos de las víctimas y por el voto de más de 6 millones de colombianos que dijimos SÍ a este acuerdo de paz el 2 de octubre. La movilización social, que debe continuar con la presión política a un acuerdo ya, debe fijar públicamente esas barreras infranqueables.
*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- Dejusticia y profesora de la Universidad Nacional
