OPINIÓN | El acuerdo de paz establece la creación de veinte emisoras públicas en las zonas más afectadas por el conflicto con el fin de hacer pedagogía e informar sobre avances en la implementación de la paz.
El 25 de junio y el 2 de julio, RTVC inauguró en Chaparral, Tolima e Ituango, Antioquia las dos primeras emisoras de la paz. Esto salda una parte pequeña de la deuda del Estado con varias personas que no tienen un espacio para comunicarse o informarse en el país.
Uno de los efectos de la guerra es que la gente tema expresarse por las posibles las reacciones bando u otro. Un periodista que cubra una masacre puede llegar a ser señalado de apoyar al grupo que cometió el crimen. Un medio de comunicación que hable de proyectos sociales puede ser acusado de tener una agenda política, etc.
Elisabeth Tique, periodista de Chaparral, contó a la Deutsche Welle que durante 11 años no pudo ser sí misma porque no pudo ejercer su oficio en su municipio. Al mismo tiempo, su ausencia implicaba que la sociedad no podía escuchar las historias o entrevistas que Tique hiciera sobre lo que sucediera en Chaparral. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, es normal que estos grupos vean a la prensa “como un obstáculo o como una herramienta para alcanzar sus objetivos”.
Chaparral es una zona que estuvo muy afectada por el conflicto, especialmente por su cercanía con puntos estratégicos para las Farc, como el Cañón de las Hermosas. Según Rutas del Conflicto, ahí ocurrieron dos masacres: una en 1998, perpetrada por las Farc y otra en 2001, por parte de paramilitares. En Ituango, Rutas del Conflicto tiene registro de tres masacres realizadas por paramilitares en 1996, 1997 y 2000. Es de esperarse que en zonas tan marcadas por la violencia se cree una cultura del silencio, pues la crítica y la denuncia suelen ser incómodas para los grupos ilegales. La sociedad se queda sin voces que debatan sobre los asuntos de interés local.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha explicado que en América Latina existen varios grupos marginados, especialmente en zonas alejadas u olvidadas por el Estado, que no tienen espacios para debatir sobre asuntos críticos. Esto, al final, debilita la democracia, pues la gente en estas áreas no puede decidir libremente porque no tiene información para hacerlo.
El acuerdo de paz establece la creación de veinte emisoras públicas en las zonas más afectadas por el conflicto con el fin de hacer pedagogía e informar sobre avances en la implementación de la paz. Los primeros dos años de funcionamiento de las emisoras será a través de un comité integrado por el gobierno y la Farc. Luego, la emisora funcionará durante cuatro años repartida entre ECOMUN, una organización social de la Farc; y organizaciones de víctimas y organizaciones comunitarias que existan en las zonas. Después de la de Chaparral y de la de Ituango, se tiene previsto que en los próximos días se inauguren las de San Jacinto, Bolívar; Fonseca, La Guajira, y Convención, en Norte de Santander.
En Europa, el Consejo Europeo ha dicho que los medios juegan un rol esencial para la cohesión social y la integración de grupos con menos ventajas en la sociedad. Esa misma entidad dice que los medios comunitarios pueden servir para facilitar la integración de migrantes y refugiados, como los que llegan de Siria a Europa o como los que llegan desde Venezuela a Colombia y buena parte del continente. Entre otras cosas, estos medios sirven para que esos grupos puedan crear sus propias narrativas y buscar un mayor reconocimiento social.
La creación de estas veinte emisoras es un paso importante para mejorar la democracia en varias partes del país. Pero no es suficiente. Según el estudio “cartografías de la información” de la FLIP, existen por lo menos 578 municipios del país que no tienen medios de comunicación que produzcan información local. El Estado está obligado a generar condiciones favorables para que la libertad de expresión pueda ser ejercida por todas las personas, especialmente las que se encuentran en una situación de desventaja en la sociedad. Esto incluye crear facilidades para la fundación de medios de comunicación (impresos, televisivos, digitales o radiales) en las zonas silenciadas.
Esto también implica que el Estado dé garantías para que los medios nuevos no sean víctimas de la violencia que sigue sucediendo en buena parte del país. Por esta razón, es por lo menos curioso que en la inauguración de la primera emisora de la paz, en Chaparral, no hubiera presencia física de algún representante del gobierno. Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, solo estuvo presente por vía telefónica. Aunque Archila fue muy enfático en la importancia de medios como los que se inauguraron recientemente, su presencia física habría mandado un mensaje más fuerte de que el gobierno está ahí para respaldar y proteger al periodismo de la paz.
