La propuesta de sancionar a los que pagan por sexo y no a las trabajadoras sexuales ha tenido unos 'éxitos' muy debatibles en Europa.
La congresista Clara Rojas desató un profundo debate tras radicar un proyecto de ley que busca castigar a las personas que paguen por servicios sexuales en Colombia. El proyecto, que contempla sanciones de hasta 23 millones de pesos, buscaría desincentivar la práctica de la prostitución en el país y, según le contó la congresista a el diario El Tiempo, proteger a una población “vulnerable”, que –argumenta ella– tiene un alto componente de víctimas de desplazamiento forzado.
Las críticas a su propuesta no tardaron en llegar. Fidelia Suárez, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales, se manifestó en contra del proyecto ya que, según ella, al ser señaladas como víctimas, iguala una actividad legal como el trabajo sexual con el crímenes como el de la trata de personas y el desplazamiento forzado. “Es estigmatizante y discriminatoria. Hace que el trabajo sexual se vuelva más clandestino”, le aseguró Suárez a El Tiempo, sobre la propuesta de Clara Rojas.
Esa misma discusión la han mantenido por años activistas, legisladores, trabajadoras sexuales y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo: ¿Es la prostitución una actividad que atenta sobre la integridad de las mujeres en tanto las sigue reduciendo a objetos sexuales o es un oficio que cada persona, en el ejercicio pleno de su autonomía, puede escoger y ejercer libremente?
Independientemente de la postura, nadie niega que la prostitución puede estar estrechamente vinculada con la explotación sexual y la trata de personas y que, por ende, es un negocio que se alimenta sobre todo de la vulnerabilidad económica y social de las mujeres. Según un estudio de 2015 realizado por la Secretaría Distrital de la Mujer, la mayoría de mujeres encuestadas aseguraron ejercer la prostitución ante la imposibilidad de otra alternativa para generar ingresos y muchas de ellas iniciaron en la prostitución jóvenes —incluso antes de cumplir 18 años—. Además, el 40,7% de las encuestadas aseguraron haber sufrido alguna forma de violencia o vulneración de sus derechos en el ejercicio de su actividad.
En todo el mundo, estrategias como la propuesta por Clara Rojas han buscado hacerle frente a la explotación y la violencia que afecta a una gran parte de trabajadoras sexuales. Y lo han hecho buscando no criminalizarlas directamente a ellas y a su oficio, sino a las personas que pagan por su servicio. De hecho, esa estrategia que sugiere la congresista se conoce hoy como el “modelo nórdico” o “modelo sueco”.
Suecia, Noruega y otros ejemplos
La primera vez que se propuso ese tipo de legislación fue en Suecia, cuando en 1999 se aprobó una ley que prohibía la compra de servicios sexuales. El mismo modelo fue adoptado por más países europeos, entre esos Inglaterra, Islandia, Noruega y recientemente Francia. Pero, ¿ha funcionado esta ley? ¿Ha mejorado las condiciones para las trabajadoras sexuales? La respuesta, contrario a lo que asegura Clara Rojas, quien le atribuye un gran éxito, no es tan evidente.
Según un estudio publicado por el gobierno sueco en 2015, la prostitución callejera había disminuido en más de la mitad y la cantidad de hombres que admitieron haber pagado por sexo se mantuvo constante en el tiempo (7.5% de los hombres suecos). Sin embargo, los anuncios de escorts en internet pasaron de 304 en 2006 a 6.965 anuncios en 2014, lo que sugiere que las prostitución no disminuyó, sino que simplemente se alejó de la calle.
Además, la metodología empleada con dicha ley ha sido cuestionada y varios estudios aseguran haber encontrado que la iniciativa ha sido un fracaso. Los estudios aseguran que el efecto de la ley ha sido volver la prostitución una actividad más clandestina y, en consecuencia, ha hecho que las condiciones de trabajo de las personas que se prostituyen sean más peligrosas. Esa clandestinidad, además, es la culpable de la difícil tarea que resulta calcular el número de personas que trabajan y que compran sexo y generar políticas públicas para paliar sus efectos.
En el caso de Noruega, la ley nórdica fue adoptada en 2009. Cuatro años después, el Ministerio de Justicia noruego publicó un estudio que concluyó que la aplicación de la ley había vuelto al país menos atractivo para los trabajadores sexuales.
Sin embargo, en 2016, Amnistía Internacional publicó su propia evaluación de la política pública noruega y encontró evidencia de que las trabajadoras sexuales estaban siendo perseguidas activamente con el fin de que la fuerza pública pudiera “interrumpir, desestabilizar e incrementar la presión sobre quienes operan en el sector del sexo”. Con el fin de descubrir redes de prostitución y llegar a los clientes que sí eran sancionables, la fuerza pública noruega terminó persiguiendo también a las trabajadoras sexuales y, muchas veces, negándoles derechos básicos que la ley les garantizaba.
Del otro lado están países como Holanda que han optado por la legalización de la actividad sexual. En ese país, desde comienzos de los 2000, la industria del sexo está regulada por leyes administrativas y de trabajo, los burdeles están sujetos a esquemas de licencias y el sexo consensuado y remunerado entre adultos está descriminalizado.
En 2007, el Ministerio de Justicia holandés evaluó la legalización de la prostitución y los burdeles y estableció que casi todas las municipalidades tenían el proceso de licencia completo, lo cual daba uniformidad al negocio y control sobre sus posibles irregularidades. Además, encontró que la aplicación estricta de la legalización en las regiones no ha generado clandestinidad, aunque sí ha ocasionado que negocios como los de escorts se trasladen a municipalidades donde no era necesario tener una licencia para ejercer la profesión.
Al lado de los estudios que aseguran que la legalización de la prostitución en Holanda ha logrado, incluso, disminuir las cifras de violaciones y agresiones sexuales, están otros estudios que aseguran que la regulación no ha erradicado completamente los problemas que acompañan al ejercicio del trabajo sexual. En 2007, las autoridades de Amsterdam tuvieron que implementar un proyecto paralelo a la ley que les ayudara a combatir la trata de personas, un problema que la legalización no erradicó del famoso “distrito rojo” de dicha ciudad.
Los ejemplos de Suecia, Noruega y Holanda hacen evidente que la solución a los problemas que acompañan el ejercicio de la prostitución no es clara aún. Pero lo que ha pasado con el “modelo nórdico”, particularmente en Suecia y Noruega, evidencia que ese modelo no ha logrado disminuir la prostitución —tesis sobre la que se erige el proyecto de ley de Clara Rojas— ni tampoco ha logrado garantizarle la seguridad y la no persecución que en el papel se les promete a las trabajadoras sexuales.
¿Qué podría esperarse de la aplicación de ese modelo en Colombia donde los índices de violencia son mucho más altos que en esos países y donde actualmente la Policía, según el ya citado informe de la Secretaria Distrital de la Mujer, es el tercer actor que más violenta a las trabajadoras sexuales? Ahora es labor del Congreso discutirlo.
