Un soldado murió durante las actividades del plan piloto de desminado acordado en La Habana. La primera víctima de un camino que será largo y en el que se juega el futuro del proceso de paz.
Wilson de Jesús Martínez, 37 años, 12 en el Ejército, nueve en desminado. Otra de las más de 11.100 víctimas contabilizadas desde 1990 por la acción de minas antipersonal en Colombia.
Murió el miércoles cuando junto a varios de sus compañeros, integrantes de las Farc y de la Organización Ayuda Popular Noruega, participaba del proyecto piloto para identificar y retirar los artefactos explosivos instalados por la guerrilla en la vereda Orejón del municipio de Briceño, Norte de Antioquia.
“Hizo contacto con un artefacto explosivo improvisado no detectado, que al explotar le causó la amputación de la pierna derecha, posteriormente y pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció”, explicó el Ministerio de Defensa.
El soldado Martínez pertenecía al Batallón de Desminado Humanitario, la unidad encargada de aplicar, junto a la guerrilla y la ONG noruega, el acuerdo que se consiguió en marzo pasado en la mesa de conversaciones de La Habana para iniciar la “limpieza y descontaminación de territorios” afectados por esos artefactos explosivos.
Paradójicamente, el lunes, apenas 48 horas antes del incidente, se había anunciado la destrucción de las dos primeras minas en el marco del proyecto que, desde que fue anunciado hace ya cuatro meses, ha sido considerado clave para el éxito de las conversaciones de paz y un eventual escenario de posconflicto.
Por medio de un comunicado, el Gobierno reconoció que la muerte del soldado Martínez “pone de manifiesto la inmensa dificultad de esta labor, la cual resulta vital para la seguridad rural”. Sin embargo, aclaró que luego de una breve pausa para reforzar los protocolos de seguridad, las actividades continuarán tal y como se encuentran previstas.
Pese a que sus hombres no participan de forma directa en las actividades de desminado, la Séptima División del Ejército anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en los alrededores de la zona donde permanecen los integrantes de la ONG, los guerrilleros que acompañan el proceso y los uniformados del Batallón de Desminado. Las tareas de las comisiones se reactivarían este sábado.
Las minas del frente 36
El pasado 20 de mayo un helicóptero con emblemas de la Cruz Roja aterrizó en una cancha de fútbol polvorienta. Así llegó a Orejón, considerada la vereda más minada de Colombia, la primera comisión encargada de acordar los pasos para iniciar las tareas de desminado en la zona.
Ese primer grupo, del que hizo parte alias “Pastor Alape”, integrante de la delegación de paz de las Farc, y el general (r) Rafael Colón, quien se encuentra al frente de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la República, se reunió en secreto con la presencia de algunos integrantes de la comunidad.
En ese lugar los guerrilleros revelaron un mapa elaborado a mano con la ubicación probable de las minas instaladas por el frente 36 de las Farc. Por esa razón, se calcula que en ese pequeño poblado de casas espaciadas, que no cuenta con más de 100 habitantes, hay cerca de 240 minas instaladas. Una cada 100 metros cuadrados según ha explicado el general Colón.
Un segundo helicóptero aterrizó el siete de julio. Esta vez quienes llegaron al lugar fueron los guerrilleros que tienen a su cargo demarcar con precisión los lugares donde los hombres del Batallón de Desminado Humanitario, con acompañamiento canino, deben iniciar la desactivación de los explosivos.
Orejón, a más de cinco horas de camino –en una combinación de chivero y mula- de la cabecera municipal de Briceño, es un fortín del frente 36 de las Farc, como buena parte del Norte de Antioquia. Hace parte de la zona de influencia de Hidroituango y en sus cultivos de coca se sustenta en buena medida su economía.
Con base en esas características puede explicarse también por qué su territorio es uno de los más minados del país. Tal y como ocurre en las zonas rurales de municipios como Toledo, Ituango, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, las Farc han utilizado las minas como mecanismo para proteger sus intereses económicos y estratégicos.
Los muertos cada vez duelen más
De las 11.140 víctimas –muertos o heridos- contabilizadas hasta el pasado lunes por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 6.870 son integrantes de la Fuerza Pública. De ellas 76 se han registrado en 2015.
Pese a que esas cifras siguen siendo dramáticas, el comparativo año tras año demuestra un marcado descenso en el total de personas afectadas. Por ejemplo, de las 677 víctimas registradas en 2010, se pasó a 286 en 2014.
Puede ser justo esa la razón para que cada nueva víctima, como el soldado Martínez, duela más y tenga un impacto mayor en la idea que se hacen los colombianos sobre la posibilidad de un acuerdo que conduzca a que esos episodios no se repitan.
Sin embargo, y por crudo que parezca, las muertes en procesos de desminado de esas características son previsibles. Y si bien quienes participan de esas actividades tratan de actuar en las mayores condiciones de seguridad que permitan los territorios, el objetivo es llevar el número de muertes a los niveles más bajos posibles, pero difícilmente a cero en un proceso tan extenso.
Los cálculos más optimistas indican que en 2025 se estarían finalizando las tareas de desminado en los 688 municipios que, según el Gobierno, están afectados por la presencia de minas. Orejón es, justamente, un laboratorio para la tarea en la que se han embarcado el Ejército y las Farc por primera vez en un trabajo conjunto. Sin embargo, es un pequeño punto en un universo mucho más amplio.
Se espera que una vez finalizado el proceso en esa vereda continúen nuevos proyectos en otras zonas de Antioquia y Meta, los dos departamentos priorizados en la mesa de negociación. Por lo pronto, el desminado acordado en La Habana tendrá una pausa. Luego volverá al campo con la tarea de devolverles a las comunidades la tranquilidad de caminar por la tierra que les pertenece.
