OPINIÓN. El Comité Permanente por los Derechos Humanos hace sus propuestas.
Por: Comité Permanente por los Derechos Humanos-CPDH
Si el proceso de negociación en La Habana se enfrentó a frecuentes obstáculos por acciones de las partes y el rechazo de la sociedad, este proceso de implementación de lo acordado en La Habana no va a ser para menos. Y es que parece que nadie se fía de nadie, pero ni en La Habana, ni en Colombia, ni entre los dos actores que negociaron, ni en la sociedad.
En una investigación que está llevando a cabo la organización de derechos humanos, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, preguntaron a la gente si creía que las partes cumplirían con lo acordado; solamente el 15.6% creen que las partes van a cumplir con todo lo acordado. Y es que lo que llevamos de implementación parece ir confirmando esas desconfianzas: los retrasos en el alistamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la no aplicación de la Ley de Amnistía, el tema de los menores o los cambios de última hora unilaterales por parte del Gobierno respecto a lo acordado.
¿Pero por qué proponemos trabajar la confianza? La confianza se relaciona con un objetivo más a largo plazo del proceso de superación del conflicto armado interno y la construcción de paz estable y duradera; y ese es la reconciliación. Desde el CPDH relacionamos la confianza con “empezar a construir relaciones”, en las que cada uno deje de pensar que el otro le va a hacer daño.
La confianza tiene también varias dimensiones: la podemos entender como la creencia de que el resto de la sociedad no me va a dañar intencionadamente (confianza social) o de que las instituciones del Estado me van a proteger de los riesgos que pueda correr (confianza política); a su vez, puede tratarse de una confianza generalizada en la sociedad o solamente en algunos grupos o personas (particularizada); ideas generalizadas, como que los colombianos tenemos un “gen de la violencia”, que impide eliminar la violencia de la lucha política, que existe una “malicia indígena” que hace que no podamos confiar en nadie, que “acá todo está mal y va a seguir estándolo” o que es necesario perseguir a la gente porque si no, no pagará impuestos o no respetará al otro, son reflejo precisamente de nuestra desconfianza en nosotros mismos.
En este sentido, los procesos de justicia transicional, como momentos de satisfacción de los derechos de las víctimas de la violencia y de sentar las bases para la construcción de paz, ofrecen un momento clave para romper con las desconfianzas y comenzar el difícil camino hacia la reconciliación. Además, cuando se incluyen mecanismos de justicia restaurativa, como ocurre con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), tienen la potencialidad de humanizar al otro; y ello, porque los procesos restaurativos se centran en las víctimas, en su resarcimiento, y en la capacidad del victimario de restaurar el daño causado.
Pero es que además, si no se logra avanzar en estos procesos de acercamiento entre quienes eran opuestos hasta hace poco y “limar asperezas” desde el nivel más básico del relacionamiento social, las posibilidades de un nuevo ciclo de violencia aumentan.
Lo anterior implica cambios y apuestas hacia el futuro. El Gobierno y el partido que creen las Farc necesitan convencer a la sociedad, mostrando sus propios intereses y tomando medidas que reflejen su compromiso real con el contenido del Acuerdo.
Relacionamos la confianza con “empezar a construir relaciones” en las que cada uno deje de pensar que el otro le va a hacer daño.
Eso también implica seguir en la labor de pedagogía del Acuerdo de Paz, y encaminarla a la participación y la implementación efectiva de los mecanismos que contempla. La gente requiere ver cambios reales en su vida, pero es necesario paralelamente manejar adecuadamente las expectativas; transmitir que el Acuerdo conlleva el fin de los problemas del país, aunque éste pueda ser un mecanismo para legitimarlo, puede generar más desconfianza si no se cumple.
Las instituciones del Estado, así como los financiadores internacionales, deberían llevar a cabo acciones que permitan fomentar los pasos privados encaminados a la construcción de confianza, como por ejemplo, apoyar los proyectos de reconstrucción del tejido social formulados por organizaciones de base en sus territorios o el trabajo de las organizaciones sociales por la construcción de relaciones en el tiempo que permitan tender puentes entre quienes están, hoy por hoy, fragmentados.
En relación con esto existen múltiples iniciativas; el CPDH, por ejemplo, está impulsando una campaña denominada “Vivamos este sueño”, que busca identificar los sueños aplazados de los y las colombianas, para ofrecer una posibilidad de llevarlos a cabo en este momento como una contribución a dejar atrás la violencia.
Los trabajos que desarrollarán las diferentes instancias del SIVJRNR no necesariamente producirán resultados inmediatos, por lo que se deben tomar en serio los tiempos establecidos para la puesta en marcha de dichas instancias y evitar que se retrasen las anheladas medidas encaminadas al resarcimiento de las víctimas. El incumplimiento de ese cronograma en la actual fase de implementación de los acuerdos puede ser perjudicial para la construcción de confianza. Se deben seguir adelantando acciones inmediatas de construcción de confianza lo cual permitirá mantener la confianza mientras se implementan medidas de carácter político y/o institucional que pueden ser más demoradas.
Si no se avanza en acercar los opuestos, las posibilidades de nuevas violencias aumentan.
Es necesario dejar atrás el lenguaje y las dinámicas de la guerra. Rectificar las mentiras que se han construido sobre el otro y también sobre las comunidades y civiles a quienes se ha involucrado en el conflicto, es una forma fundamental de restaurar la dignidad de las personas. Las partes, pero también y más todavía los medios de comunicación, tienen que desmontar el discurso de la guerra. El proceso de dejación de armas de las Farc es una acción especialmente importante, pues puede permitir que comiencen a transformarse los discursos dejando atrás las desconfianzas. Paralelamente, el Gobierno debe tomar medidas integrales y efectivas para mejorar las garantías de seguridad para el nuevo partido que surja del tránsito a la legalidad de la guerrilla, pero también para la sociedad civil.
Las instituciones del Estado deben servir a la gente y a la construcción de confianza política y para ello, deben buscar un mínimo de coherencia interna. Se deben llevar a cabo, y fomentar desde los representantes políticos, reformas institucionales encaminadas a favorecer la rendición de cuentas; en este sentido, las medidas contra la corrupción y el tráfico de influencias, la democratización y despolitización de la Procuraduría o la Fiscalía, así como una reforma de la Fuerza Pública que permita democratizar y cambiar la lógica de ésta a tiempos de paz, deben ser prioridades para el ejercicio legislativo en el país.
En ese mismo sentido, es importante encontrar “un tercero neutral digno de confianza”; para esta labor, es fundamental que ese posible tercero permanezca en el tiempo y tenga un enfoque territorial. La llegada coyuntural de actores externos, que no conocen el territorio y buscan aprovechar los recursos del post acuerdo, generan “acción con daño” y profundizan la desconfianza, en lugar de reducirla.
Por último, las instancias del SIVJRNR (la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV- y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado -UBPD) deben incorporar en sus reglamentos de funcionamiento de forma explícita la generación de confianza como un objetivo de su trabajo.
El Acuerdo va precisamente encaminado a ese objetivo, de forma que hacerlo explícito lo hará más presente; de hecho, en el texto del Acuerdo se incluye como criterio orientador del SIVJRNR la “convivencia y reconciliación”, ligado a la función de la verdad para generar confianza, así como la necesidad de que los procesos de selección para magistrados y comisionados generen confianza. La justicia (componente JEP) no puede separarse en su implementación del objetivo último de la reconciliación para poder generar transformaciones reales; la construcción de confianza es un buen comienzo hacia ese objetivo más ambicioso.
