¿De qué van a vivir las Farc mientras se firma un nuevo acuerdo de paz?

La guerrilla cesó el cobro de impuestos o extorsiones en julio pasado.

En una entrevista publicada el pasado lunes, el director de la cadena Univisión, Daniel Coronell, le hizo una pregunta incómoda al jefe de la delegación de paz de las Farc, “Iván Márquez”. Coronell, que también es columnista de la revista Semana, le consultó a “Márquez” hasta qué punto la guerrilla podrá sostener a sus combatientes en esta etapa de incertidumbre, cuando se encuentran preagrupados y en cese al fuego, pero sin la posibilidad de implementar el Acuerdo Final por cuenta de la victoria del No en el plebiscito.

El cuestionamiento apunta a que, si desde julio pasado las Farc le pusieron punto final al cobro de “impuestos” o extorsiones, la organización se quedaría sin dinero para pagar la alimentación y otras necesidades básicas de los combatientes. Al respecto, “Márquez” respondió que “nosotros, no hace mucho tiempo, suspendimos las ‘impuestaciones’. Obviamente, esto nos está generando una situación económica que tenemos que discutir con el Gobierno”. Y agregó que “tendremos que recurrir a las organizaciones internacionales para poder sostener a este ejército ‘encampamentado’, en tregua, que es algo muy costoso”.

La entrevista parece haberse grabado antes del 13 de octubre. Ese día, las partes acordaron un nuevo protocolo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo decretado el pasado 29 de agosto. Según ese documento, que pasó de agache y que fue revelado por El Espectador, a partir del próximo 30 de noviembre el Gobierno asumirá los costos de la logística de los Puntos de Preagrupamiento Temporal en los que poco a poco se han ido ubicando las unidades guerrilleras.

De acuerdo con el texto, la logística comprende “alimentación, intendencia, atención en salud y comunicaciones”. El suministro, transporte y distribución de esos elementos se contratará a través de convocatorias públicas en las que se privilegiarán los contratistas ubicados en las regiones donde están los Puntos. A cambio, las Farc se comprometieron a “no realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización”, que correrá por su cuenta hasta el 30 de noviembre.

Fuentes del Gobierno aseguran que la Presidencia emitirá en los próximos días un decreto para concretar esa decisión, entendida como el suministro de “atención humanitaria esencial” para los combatientes. La razón es que, “si bien no tenemos un Acuerdo Final, sí existe un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades firmado, que contará con el monitoreo y la verificación de Naciones Unidas”. Las fuentes consultadas confirman que, para preservar el cese, “el Gobierno entrará a hacer una manutención de todas las estructuras guerrilleras que se vayan a preagrupar”.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y profesor de Economía de la Universidad Javeriana, opina que “antes de la firma de ese acuerdo era muy grande el riesgo de que las Farc volvieran a las actividades que llaman ‘economía de guerra’. De manera que pasamos muy rápidamente de una situación catastrófica y crítica a una de cese bilateral definido, con dos elementos importantes de reducción del riesgo: el componente económico y el de monitoreo”. Para Restrepo, la estabilidad del cese al fuego está garantizada por “un consenso político muy amplio en el sentido de mantenerlo y por ese protocolo, que se alcanzó a una velocidad inusitada”.

El Gobierno entrará a hacer una manutención de todas las estructuras guerrilleras que se vayan a preagrupar.

Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional y autor de la investigación “Farc-Ep. Notas para una historia política 1958-2006”, cree que el cese unilateral que decretaron las Farc en julio de 2015 ha impactado la bolsa de recursos de esa organización. Según él, “cuando usted está en guerra, va en el camino de conseguir dinero para armas, uniformes, municiones, alimentación y movilización. Pero cuando detiene esos procesos de compra, paraliza su economía”. Esa situación, dice Medina, “puede permitir que, en alguna medida, se sostengan la impuestación o la extorsión y la relación entre las poblaciones y el narcotráfico, del cual las Farc siguen rentando para sostenerse”.

De momento, las Farc han declarado que subsisten con los ahorros que les ha significado, justamente, la parálisis de la guerra. Pero puede haber otras razones. Mario Aguilera es investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y relator del informe del Centro de Memoria Histórica “Guerrilla y población civil. Trayectoria de las Farc 1949-2013”. Él cree que además de los “recursos acumulados producto de actividades ilícitas anteriores”, la guerrilla puede estar subsistiendo “apelando a la logística de cada frente guerrillero”.

De acuerdo con el investigador, “la creación de frentes implica la colocación de armas, víveres y material de intendencia, pero también la instalación de una ‘economía agraria de carácter familiar’, generalmente con la compra de tierras y la colocación de familias campesinas cercanas a las Farc que puedan atender el abastecimiento en caso de cercos militares o controles por parte del Ejército”. Y agrega que “es también una práctica de vieja data que los guerrilleros le pidan a los campesinos permiso para colocar en sus tierras ganados o les paguen los pastos consumidos”, por lo que existe una red sólida de abastecimiento.

Es por esa razón que, para Aguilera, una duración prolongada de la etapa de renegociación del Acuerdo no es tan preocupante para las Farc en términos de recursos como de consecuencias políticas: “los dirigentes guerrilleros saben que la incertidumbre de un largo plazo sin una solución integral a la vista puede generar otros problemas: primero, quedar expuestos a perder el control sobre la tropa y a que se presenten actos de indisciplina o deserciones que pueden llevar incluso a que algunos combatientes ingresen a organizaciones criminales, y, segundo, quedar expuestos a que se promuevan instrumentos parciales para terminar el conflicto y no soluciones integrales”.

Entre esos instrumentos parciales estaría la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para combatientes que no sean responsables de delitos de lesa humanidad. Si eso llegara a pasar, dice Aguilera, “los dirigentes de las Farc podrían pensar que se trata de dislocar la organización, separando las comandancias de los guerrilleros”.

Aun así, el tema económico no deja de ser preocupante. El profesor Medina cree que “el Gobierno debería establecer claramente cómo va a financiar este cese bilateral, con el fin de que las tropas insurgentes no comiencen a presionar económicamente a la población civil y, por esa vía, deslegitimen el proceso”. Del lado del Gobierno, la lectura parece ser la misma: el tema debe estar claro lo más pronto posible para impedir que las Farc rompan el compromiso de cesar la obtención ilegal de recursos, no sólo porque el Estado debe garantizar la seguridad, sino porque la ejecución de esos crímenes golpearía la legitimidad del cese.

En su último informe sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, el Cerac mencionó tres declaraciones que apuntan a que las Farc continúan extorsionando, aunque dijo que “ninguno de estos eventos pudo ser corroborado con otras fuentes de información, ni se conocieron denuncias ante las autoridades o documento alguno que sustentara dichos reportes”. Los señalamientos fueron realizados por el presidente de Fenalco, Guillermo Botero; el diputado de Caquetá Wilder López y el exvicepresidente Francisco Santos, quienes aseguraron que comerciantes, ganaderos y productores de leche continúan siendo víctimas de ese delito.

Para los académicos consultados, la prolongación del cese de la extorsión y otros crímenes, así como la unidad de mando de las Farc, dependerá de que el Gobierno, la guerrilla y los promotores del No puedan encontrar una salida rápida a esta coyuntura y firmar un nuevo acuerdo que ponga en marcha la dejación de armas y la implementación de las reformas que permitirán el tránsito de la insurgencia a la vida política legal.