Desde ciudadanos en Buenaventura hasta empleados públicos: todos están cansados de las promesas incumplidas.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos enfrenta días grises y muy duros. Seis de cada diez colombianos, según una encuesta de Invamer publicada esta semana, tienen una mala imagen del mandatario y ni siquiera el proceso de paz, plan bandera de su administración, se salva: 65,2% cree que su implementación va por mal camino.
Mientras tanto, el uribismo arrecia con sus críticas, varios de sus alfiles han renunciado para preparar la contienda presidencial del 2018 y la Corte Constitucional, con fallos como el de la semana pasada, obligan a retrasar el trámite legislativo de leyes fundamentales para implementar la paz.
Como si fuera poco, miles de ciudadanos decidieron parar. Desde la semana pasada, maestros, trabajadores del Estado y ciudadanos de Chocó y Buenaventura se cansaron de las promesas incumplidas y salieron a la calle a reivindicar sus derechos. ¡Pacifista! presenta las razones de estos paros, que, sumados a los ya conocidos problemas, tienen al gobierno nacional con el agua al cuello.
1. “No estamos negociando nada”
Este lunes 22 de mayo se cumplen 13 días de paro cívico en el Chocó. Los habitantes del departamento, 79% de ellos con necesidades básicas insatisfechas según el DANE, protestan contra el gobierno por el incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron en agosto de 2016, en desarrollo de un primer paro. Entonces, el Ejecutivo se comprometió a pavimentar las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín, construir un hospital de tercer nivel, mejorar la prestación de los servicios públicos de agua y energía, publicar un mapa actualizado del Chocó (con la inclusión del corregimiento Bajirá, antes en disputa con Antioquia) y garantizar la seguridad en todo el departamento (en el que operan el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
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En Quibdó, los chocoanos han marchado pacíficamente y paralizado el transporte, el suministro de gasolina y una parte del comercio. Hoy, los manifestantes, liderados por el Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, recorrieron la ciudad custodiados por la guardia de los indígenas emberá. Maestros, jóvenes, comerciantes, funcionarios judiciales, líderes comunales y dirigentes afro e indígenas participan en movilizaciones y actividades culturales para presionar el cumplimiento de lo acordado.
De momento, el gobierno no les ha ofrecido soluciones a los manifestantes. El pasado 5 de mayo, pocos días antes de que se decretara el paro, el vicepresidente Óscar Naranjo viajó a Quibdó para revisar con el Comité y con las autoridades locales los avances en la materialización de los acuerdos. Sin embargo, solo se anunciaron “reuniones” y el regreso de Naranjo “en 45 días para hacer seguimiento”. La falta de resultados empujó al Comité a salir a las calles, y el gobierno central envió sus delegados nuevamente el 13 de mayo. En esa ocasión, las partes no llegaron a acuerdos porque, según el concejal de Quibdó Yesimar Álvarez, “el gobierno dice que no tiene los $720 mil millones con los que se comprometió en 2016 para culminar las vías”.
Álvarez insiste en que “nosotros no estamos negociando nada, sino pidiendo que se cumpla lo que firmó”.
2. “La letra con hambre no entra”
El paro nacional de maestros completa casi dos semanas. Desde el martes pasado, cuando la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llamó a los cerca de 350.000 docentes que tienen afiliados a cesar actividades, casi 8 millones de niños no tienen clase.
Según Fecode, las razones son: el sistema de salud del magisterio está estancado, no es claro cuál será el incentivo económico para los profesores que se especialicen, no hay infraestructura para implementar la jornada única escolar y no hay un acuerdo para definir el máximo de alumnos por aula (los profesores piden que sea de 15, cuando el promedio nacional está entre 35 y 40).
El gobierno, aunque ha aceptado una mesa de negociación con el comité ejecutivo de Fecode, dice que no tiene plata. “Hemos llegado a puntos en donde se refieren a beneficios económicos donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden porque simplemente no tenemos los recursos”, señaló hace poco el presidente Santos. Incluso, la posición oficial es que el paro es “injustificado” pues el ministerio de Educación ha venido cumpliendo los acuerdos a los que había llegado con el Magisterio hace un tiempo.
En la reunión de este lunes, en la que no se ha llegado a un acuerdo, la ministra de educación Yaneth Giha dijo que “pareciera que el afán lo tiene el Gobierno y los padres de familia, Fecode no está mostrando afán para levantar un paro en el país”. El gremio, por su parte, dijo que el gobierno presentó “algunas tibias propuestas como respuesta a los puntos contemplados en el capítulo económico del pliego de peticiones”.
3. “Nos quitaron todo. Hasta el miedo”
El paro cívico de Buenaventura era más que anunciado: el 80 por ciento del pueblo es pobre, el 60 está desempleado y el 17 no sabe leer ni escribir. Hace tres años no tienen hospital de segundo nivel por una deuda con el Estado de 20.000 millones de pesos. La ciudad tiene la tasa de mortalidad más alta del país. El 71% de la población recibe entre 4 y 8 horas de agua día de por medio y el 50 por ciento de los colegios está, según la comunidad, en malas condiciones. En fin.
Por eso, el martes 16 de mayo la población dejó de trabajar y bloqueó las vías de la ciudad. Desde ese día, según la Asociación de Transportadores de Carga, 2.600 tractomulas han dejado de recorrer cargas de mercancía a diario en el puerto, lo que ha ocasionado pérdidas por 50.000 millones de pesos.
El paro ha dejado casi 80 detenidos, 30 heridos y 3 muertos. El viernes pasado, cuando los líderes del paro intentaban negociar con una comisión del gobierno el fin de las manifestaciones, el escalamiento de las tensiones entre los bonaverenses y la policía obligó a los interlocutores a hacer una pausa en los diálogos. Hasta ahora, la mesa no se ha reanudado.
Víctor Vidal, directivo del Comité del Paro Cívico, propuso declarar a Buenaventura en estado de emergencia para que el presidente pueda actuar de manera extraordinaria para buscar recursos y soluciones a la situación del puerto. “Vamos a discutir y a negociar, pero no vamos a ceder en nada, porque no han contestado nuestras peticiones”, ha declarado Vidal.
Las peticiones del pueblo son básicas: mejores condiciones de salud y educación de calidad, acceso a servicios públicos, defensa del territorio, protección de los recursos naturales, justicia, atención a víctimas de la violencia, y acceso a cultura y deporte. Durante una de las marchas del fin de semana, una mujer sostenía un cartel que decía: “Nos quitaron todo. Hasta el miedo”.
Este martes, Santos enviará a Buenaventura al Ministro de Vivienda, al Viceministro de Agua, al Viceministro del Interior y al Gerente de Plan Pacífico.
4. “Un aumento ridículo”
Durante las últimas dos semanas, el país ha vivido los paros de maestros, de los trabajadores del Ministerio del Trabajo y de los guardianes del Inpec (que se levantó el pasado 17 de mayo). Continuando con las protestas de servidores públicos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las centrales obreras más grandes del país, convocó para este miércoles 23 de mayo una movilización nacional de todos los trabajadores del Estado. En las principales ciudades del país marcharán empleados de ministerios, juzgados, alcaldías, gobernaciones, la DIAN, el ICBF, el SENA, y los institutos de Medicina Legal y Agustín Condazzi, entre otras entidades. Fabio Arias, secretario de la CUT, asegura que “los únicos empleados estatales que no están con este paro son las Fuerzas Militares”.
De acuerdo con Arias, son dos las razones que los sacarán a las calles. En primer lugar, la contratación indirecta de funcionarios: “hay 500 mil trabajadores que están en nóminas paralelas del clientelismo y la politiquería y que el gobierno no han querido formalizar, por lo que les paga menos y no les ofrece ninguna estabilidad laboral”. En segundo lugar, está en juego el salario de un millón 200 mil empleados públicos, que continúan con el mismo sueldo de 2016 y a los que el gobierno les ha ofrecido un aumento del IPC más 0.15% del salario, que Arias califica de “ridículo”.
A las 6 p. m. de este miércoles, cuando hayan terminado las movilizaciones, los dirigentes de los trabajadores estatales definirán si volverán o no a sus puestos de trabajo, según hayan avanzado las negociaciones con el Ejecutivo. La semana pasada, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, anunció la convocatoria de una mesa de concertación para avanzar en la discusión de los temas salariales, que aún no se ha llevado a cabo.
