Las víctimas no saben con quién hablar en la Alcaldía de Medellín.
El 16 de diciembre de 2015 las víctimas, la Fiscalía y varios funcionarios de la administración de Medellín convocaron a una rueda de prensa en el lugar donde, durante cuatro meses, se concentraron los trabajos para la búsqueda de los cuerpos que esconden los desechos de “La Escombrera”.
La presión de las familias y de varias organizaciones sociales había logrado que la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación pusieran en marcha un operativo para escarbar en ese predio, en límites entre la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, que se ganó el rótulo de ‘la fosa común más grande del mundo’.
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Aunque las cifras no siempre coinciden, existe acuerdo cuando se dice que cerca de 100 cadáveres de personas asesinadas en medio de la violencia de paramilitares, guerrilleros y la Fuerza Pública estarían sepultadas bajo los escombros en ese sector del occidente de Medellín.
Sin embargo, en esa primera etapa, no fue hallado ningún cuerpo pese a que la Fiscalía delimitó la intervención teniendo en cuenta los puntos señalados por Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias “Móvil 8”, un exparamilitar que combatió en la zona contras las milicias guerrilleras y que hoy está preso en la cárcel La Picota de Bogotá.
Ese acto de diciembre, además de la culminación pública de ese primer intento por encontrar a los desaparecidos, significó para las víctimas el comienzo de un nuevo periodo de incertidumbre sobre las voluntades políticas, los recursos y, en general, sobre el destino de la búsqueda de sus familiares.
“Hasta el momento no ha sido posible hablar con el nuevo alcalde (Federico Gutiérrez). A él le tocará escuchar nuestra posición como víctimas de desaparición forzada y si tiene algo de humanismo debe acceder a que esta búsqueda siga”, dijo entonces Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, organización que reúne a las familias de los desaparecidos.
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Y es que si bien la administración pasada, la de Aníbal Gaviria, anunció a finales del año que dejaría una reserva presupuestal de $700 millones para continuar el proceso, el nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, no había vuelto a hablar del tema después de que en agosto durante la campaña, junto a otros tres candidatos, firmara un compromiso a favor de la construcción de una agenda de paz que incluía, entre otros, la garantía de mantener el apoyo al operativo en “La Escombrera”.
Sin embargo, en la última semana de diciembre, Gutiérrez le dijo a ¡PACIFISTA! que la continuidad de la búsqueda no estaba en duda: “claro que se mantiene nuestro compromiso, con ellos y con la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Como ciudad nos prepararemos y mantendremos acciones para construcción de paz desde el territorio con condiciones de seguridad”.
Pero hoy, cuando ya han pasado cuatro meses desde aquel compromiso, no hay nuevas excavaciones ni fechas concretas para reiniciar los trabajos ni avances en la construcción del plan integral de búsqueda. Ni siquiera, aseguran las víctimas, han existido acercamientos para definir cuáles son los pasos que vienen en relación con el proceso que Gutiérrez definió como “un asunto de responsabilidad social y moral”.
¿Quién está a cargo de “La Escombrera”?
“Hasta ahora no ha pasado nada. Supimos que la Fiscalía se reunió la semana pasada para hablar del tema, pero no sabemos con quién. Cada que se menciona el asunto ellos dicen que están trabajando y en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) hablaron de un convenio entre la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia y la Alcaldía, pero hay muchas contradicciones porque ni siquiera se sabe qué secretaría está a cargo”, dice Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), organización que acompaña a las víctimas.
Y habla de la CIDH porque fue en una audiencia pública de ese organismo, el pasado 5 de abril, donde los representantes de las víctimas aseguraron que entre 2002 y 2004 por lo menos 130 personas fueron desaparecidas solo en la comuna 13. “El trabajo mancomunado de la Fuerza Pública y paramilitares permitió la existencia de casas clandestinas de paso a las que se llevaba a personas que eran interrogadas, torturadas, asesinadas y luego desaparecidas”, dijo en la audiencia María Victoria Fallon, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.
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Pero en concreto, sobre las actividades de búsqueda de esos desaparecidos, Fallon aseguró que las organizaciones que representan a las víctimas han interpuesto recursos judiciales, derechos de petición y acciones de tutela solicitando el cierre de varios botaderos de escombros de la comuna 13 para evitar que toneladas de desechos que aún se siguen arrojando en esa zona hagan aún más difíciles los procesos de búsqueda.
“Una tras otras las solicitudes han sido resueltas con la negativa de cerrar un lucrativo negocio que funciona bajo el control de la Alcaldía”, dijo la abogada.
Sin embargo, Fallon recordó en la misma audiencia que el 14 de septiembre de 2013 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín se pronunció sobre el caso y dijo que “continuar arrojando escombros sobre los desaparecidos viola el más elemental sentido de humanidad y la Alcaldía tiene la responsabilidad y los instrumentos para superar esta situación”.
En ese sentido, la Sala ordenó a la administración tomar las medidas necesarias para suspender el vertimiento de materiales en esos sitios y “rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos”.
Continuar arrojando escombros sobre los desaparecidos viola el más elemental sentido de humanidad
“A pesar de lo anterior, tras dos años y medio de esa orden ni la escombrera ni la arenera se han cerrado y lo que ha caracterizado el trabajo que se inició en cumplimiento de la orden del Tribunal es la desarticulación de las investigaciones”, dijo Fallon.
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Esa desarticulación está en el centro de los cuestionamientos formulados por las víctimas. Adriana Arboleda recuerda que el año anterior, antes de iniciar las excavaciones, insistieron en que se debería concretar un plan integral de búsqueda: “Cuando nos avisaron que iban a empezar la excavación dijimos que no aceptábamos eso sin que se hiciera el plan. Entregamos uno de nuestra parte y la Fiscalía dijo que lo iba a anexar a uno que ya habían hecho. Hasta el 15 de diciembre, que fue la reunión de avaluación de la primera etapa, volvimos a insistir en la necesidad de construir conjuntamente un plan de búsqueda porque ‘La Escombrera’ es solo uno de los sitios”.
Pero como afirma la directora del CJL, otro factor que demuestra esa desarticulación que señalan las víctimas tiene que ver con que no está claro qué dependencia de la Alcaldía de Medellín asume la vocería sobre el tema.
“Nosotros no aspiramos coordinar con la Secretaría de Seguridad la búsqueda de los desaparecidos porque no nos vamos a dejar meter en la lógica de que este es un problema de seguridad, se trata de los derechos de las víctimas”, dijo Arboleda.
Y es que en la audiencia de la CIDH la representación de la administración estuvo a cargo de Arnulfo Serna, director de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad de Medellín –e incluso, cuando los periodistas llaman a la Alcaldía para averiguar por “La Escombrera”, son remitidos a esa dependencia–. Sin embargo, en Seguridad aseguran que el asunto en realidad es competencia de la Secretaría de Inclusión Social, de la cual hace parte la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Carlos Arcila, titular de esa subsecretaría, finalmente le dijo a ¡PACIFISTA! que sí es él la persona encargada del proceso de “La Escombrera” en la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, reconoció que por el momento no existe una fecha concreta para reactivar la búsqueda ni para entablar contactos con los familiares de los desaparecidos.
“En el momento el tema está en análisis. La Fiscalía ha hablado con nosotros y van a presentar el plan integral de búsqueda y una propuesta para buscar fecha para adelantar ese procedimiento. Pero esa fecha todavía no está definida. Con las víctimas no nos hemos reunido porque estamos esperando directrices de la Fiscalía. Máximo en 15 días nos reuniríamos con ellos”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos.
Entendemos lo que plantean las víctimas, pero estamos haciendo todos los esfuerzos y hablando con la Fiscalía para tener un diagnóstico claro.
Agregó, sin embargo, que las propuestas de los familiares en relación con el plan integral de búsqueda “son trascendentales” y que serán escuchadas e incluidas. En cuanto a los reclamos por los retrasos y por la falta de interlocución con las víctimas, Arcila dijo que la voluntad política sobre la continuidad del proceso “no está en duda”.
“Entendemos lo que plantean las víctimas, pero estamos haciendo todos los esfuerzos y hablando con la Fiscalía para tener un diagnóstico claro porque en esto lo que estamos buscando es coordinación y por eso participan Seguridad y otras instituciones”, explicó el funcionario.
Así las cosas, los familiares de los desaparecidos tendrán que seguir esperando que la voluntad política, reiterada una y otra vez desde el año anterior, se transforme en decisiones concretas. Esperar, de nuevo, para que el proceso de búsqueda no se quede solo en esa cifra de los 13 mil metros cúbicos de escombros removidos en lo que fue una montaña de desechos, mientras en los alrededores se sigue escondiendo la verdad sobre la barbarie que vivió la comuna 13.
