Conozca todos los detalles sobre la última investigación relacionada con el paramilitarismo y sus integrantes.
Análisis Cuantitativo del Paramilitarismo en Colombia . Así se llama la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que con datos duros nos cuenta la verdad sobre el funcionamiento del paramilitarismo en Colombia y sus alcances criminales y de guerra. Estos son los hallazgos por el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad recopilados investigadores CNMH y su grupo de Acuerdos de Contribución a la Verdad (DAV).
El grupo de Acuerdo de Contribución a la Verdad (DAV]) nació en el marco de la ley 1424, que determinó que aquellos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que no estaban con el proceso de Justicia y Paz (debido a que tenían procesos en la justicia ordinaria y no habían cometido delitos considerados graves violaciones a los Derechos Humanos) debían hacer un aporte a la verdad sobre el conflicto armado.
Del universo de desmovilizados (aproximadamente 30 mil), por lo menos 18 mil estaban en esa situación en la justicia ordinaria. Sin embargo, desde el momento de la creación de la Ley de Justicia y Paz, en 2005, hasta la de Acuerdos de la Verdad del 2010, los 18 mil desmovilizados quedaron por fuera de un proceso de justicia transicional. Es decir, más de 5 años sin contar la verdad sobre sus actos en el conflicto.
El Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad fue el primer antecedente de aporte a la verdad en Colombia, distinto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que hoy tiene un espectro mucho más amplio: el esclarecimiento de todo el conflicto armado.
Este Mecanismo No Judicial, dedicado exclusivamente al esclarecimiento de los actos del paramilitarismo, cobijado bajo la misma ley 1424, pasó a manos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El Centro asumió el deber de iniciar la recolcción de datos con esos más de 18 mil desmovilizados (de AUC o no) que tenían 5 años sin procesos de verdad. El CNMH debió tomar sus testimonios, valorarlos y emitir actos administrativos que determinaran si las personas contribuyeron a la verdad o no.
Este es el primer sistema de verdad en el mundo que es de este carácter administrativo y no judicial. No obstante, el CNMH podría determinar si algún desmovilizado no contribuyó a la verdad e interponer recursos para que no recibiera los beneficios judiciales del caso.
La Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) remitió al CNMH un acuerdo de contribución a la verdad. El CNMH certificó la contribución, y de acuerdo a esa valoración, los procesos judiciales se pudieron ver afectados, en términos de que los jueces podían dar beneficios penales a quienes aportaron a la verdad y castigar a quienes no lo hicieron. De esos 18 mil, este informe recoge la contribución de 9 mil desmovilizados, es decir la mitad. Los motivos, según nos cuenta Jenny Lopera, la Directora Técnica de los Acuerdos de la Verdad,sobre la otra mitad son los siguientes:
“Para la fecha en que se empezó el informe, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), solo contaba con 9 mil procesos culminados. Ya vamos en 13 mil procesos. Además, Hay muchos que ya han fallecido, otros que no se presentaron y que ha sido imposible de localizar, debido al tiempo que pasó (los 5 años), y más particular aún, las personas que por su condición de salud mental deben tener un tipo de atención psicosocial distinta.
Este es un tema que no nos hemos pensado, el tema de los límites o las distintas posibilidades frente a la contribución de personas con enfermedades mentales. Eso nos llevó a estar produciendo en este momento un informe sobre las afectaciones psicosociales en el conflicto, debido a que estas afectaciones por lo general se desarrollan durante el tiempo en que ellos estuvieron en las estructuras. Y no solo enfermedades mentales, sino también enfermedades terminales y graves que se desarrollaron durante el tiempo de pertenencia a los grupos paramilitares”.
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En ¡Pacifista! hemos leído este esta investigación y extrajimos algunos de los datos más reveladores que las entrevistas lograron reunir. Preparamos una serie de infografías para resaltar algunos de los datos más dicientes de esta investigación y conversamos con Jenny, quien nos amplio y contextualizó muchos de los datos aquí contenidos. A continuación, les presentamos la infografías y los que nos amplió Lopera.
¿Quiénes hacían parte?
El Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) fue la entidad encargada de recopilar los testimonios, agrupados en 17.800 expedientes de contribución. Según la institución, hoy existen 55.000 horas de grabación, que son más de 4.000 GB de información, organizadas en 220.000 archivos digitales.
Las preguntas que se les hicieron a los desmovilizados fueron de carácter estructurado y semi estructurado. Es decir, que algunas eran exactamente las mismas para todos, y otras tenían algunos cambios en función de las respuestas anteriormente dadas. Unas de esas preguntas estructuradas, hacían referencia al origen, la orientación sexual, motivación de ingreso a los grupos, escolaridad, ingresos y todos los datos que pudieran dar luces sobre las personas que hacían parte de estos grupos.
Lo primero que resulta evidente al observar esta información es que el común denominador para el reclutamiento paramilitar estaba completamente guiado por la desigualdad, en el sentido de que aquellas personas que eran invitadas u obligadas a hacer parte de los grupos paramilitares, en su gran mayoría vivían en condiciones de pobreza, eran pertenecientes a comunidades vulneradas y vivían en regiones olvidadas por el Estado.
El 52% de los desmovilizados manifestaron que ellos o sus familiares fueron víctimas del conflicto armado antes de ingresar a la estructura paramilitar. Sea por el grupo que sea. Dice Lopera: “Eso nos tiene que poner a reflexionar, porque siempre dividimos victimas y victimarios, pero en un conflicto tan prolongado y tan complejo, podemos ver que una persona puede enmarcarse en ambas condiciones”.
Al observar que más de la mitad de los desmovilizados ingresaron siendo menores de 24 años, y que el 74% de la totalidad aseguraba que sus ingresos no les alcanzaban para subsistir, podemos ver que hay un denominador común en el tipo de persona al cual acudían los mando paramilitares. “Es como un receta” dice Lopera.
Y agrega: “Para nosotros este informe no tiene solamente un carácter de aporte a la memoria, sino que apunta claramente para promover acciones para las garantías de no repetición. Este informe debe incidir en políticas territoriales, en materia de prevención, de protección a los DDHH e inclusive en políticas de protección integral; es decir, planes integrales de seguridad y convivencia. Porque si nosotros tenemos identificados los factores que hacen que la personas se vinculen, y qué tipo de personas tienen más alta vulnerabilidad vinculante, pues allá se deberán enfocar las acciones en materia de prevención y protección”.
“¿Cuál es la receta?, nos explica Lopera: “La mayoría son hombres; son jóvenes; la mayoría dicen que el dinero no les alcanza; que el 61% solo hizo educación primaria. Aunque hay una representación que parece baja de mujeres (12%) realmente resulta alta para una actividad que ha tenido históricamente representatividad masculina”.
Además, agrega que el 22% de desmovilizados son de comunidades negras y afro, lo que evidencia que el paramilitarismo penetró todos tipo de escenarios sociales, incluso indígenas, que son el 5%. Un porcentaje que es bajo, pero diciente del nivel de afectación a las comunidades, especialmente en el norte del país.
Vinculados con Fines de Desmovilización (VFD)
Dentro del universo de desmovilizados hay un porcentaje relativamente alto de personas a las cuales las agrupaciones paramilitares reclutaron o vincularon con el fin de aumentar su número de desmovilizados y así obtener beneficios por parte del Estado. Estos VFD fueron también parte del proceso de contribución a la verdad para obtener información que pueda ser tenida en cuenta para próximos procesos como el que se vive con las desmovilizadas FARC.
Según la Dirección de Acuerdos de la Verdad, el número de VFD es de 900 personas, sin embargo, se cree que hay un subregistro, pues no todas aceptaron entrar bajo esa modalidad, y muchos fueron “descubiertos” en el transcurso de las entrevistas. La mayoría de estas personas ingresaban con roles de patrullaje que pocos efectivamente cumplieron, pues entre las personas vinculadas se encontraban desde habitantes de calle hasta personas de la tercera edad.
Sin embargo, hay que decir que la mayoría de personas fueron mujeres y muchas, familiares de los combatientes, pues esperaban recibir beneficios por parte del Estado. Dato, que una vez más, revela el nivel de vulneración de la población, que tiene que ingresar a un proceso de desmovilización para ser atendida por el Estado.
¿Cómo funcionaban las estructuras?
Jenny Lopera nos explicó que en este informe cuantitativo se ofrece una información valiosa y de profundidad sobre las 39 estructuras que fueron posible identificar dentro de lo que se denominó como las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, por la particularidad de cada una, resulta muy difícil estudiar a profundidad cada una de estas en el informe. En buena medida porque tuvieron dinámicas distintas, de acuerdo al lugar en que cometieron sus crímenes de guerra y a las personas que se encontraban como comandantes de cada una.
Algunos de los datos más reveladores sobre el funcionamiento de las estructuras apunta a que muchas de estas no eran reconocidas por los desmovilizados con sus denominaciones territoriales. Por ejemplo, el Bloque Central Bolívar en muchas ocasiones no era reconocido por los desmovilizados de esa forma, sino que era identificado con el nombre del comandante. Es decir, el grupo de “Macaco” o de “Julian Bolívar”. Esto pone de manifiesto la falta de un mando unificado,y refuerza la teoría del paramilitarismo como una cantidad de ejércitos privados en función de empresas particulares del crimen.
Por otro lado, hay que decir que las prácticas al interior de los ejércitos eran de completa exclusión, como ocurre en casi todas las agrupaciones bélicas. Los roles evidencian las dinámicas machistas en las que convivían los milicianos. Además, reproducían dinámicas de odio contra la población LGBTI y contra la mujer en especial.
Por otro lado, en cuanto a los roles políticos y los vínculos del paramilitarismo con la Fuerza Pública, es evidente que hubo formas y mecanismos estratégicos que involucraban a las distintas fuerzas del Estado para actuar de forma irregular y beneficiar los planes bélicos del paramilitarismo. El 54% de los desmovilizados identificó relaciones entre sus tropas y la Fuerza Publica. Además, de estas relaciones, los desmovilizados aseguraron que: 48% era con el Ejercito Nacional, el 42% con la Policía, el 5% con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y el 4% y 3% con la Armada y la Fuerza Aerea respectivamente.
Las estructuras que más relación con la Fuerza Pública son: Bloque Suroeste Antioqueño, Bloque Metro, Bloque Calima, Autodefensas de Córdoba y Urabá, Bloque Catatumbo y Cacique Nutibara, con relatos de al menos el 60% de desmovilizados que confirmaron esas relaciones.
Adicionalmente, los departamentos donde más relación se identificó entre la Policía y los paramilitares son: Antioquia, Bolivar, Cesar y Norte de Santander. Especialmente en los municipios: Medellín, Tarazá, Caucasia, Tibú, Puerto Berrío y Necoclí. Hoy, municipios que siguen afectados por los grupos paramilitares que no siguieron el proceso de paz.
¿Qué crímenes cometieron?
En cuanto a los delitos de guerra, es importante saber que la mayoría de las víctimas fueron hombres, con una tasa de victimización 8 veces por encima de las mujeres. Sin embargo, en cuanto a los delitos sexuales, hay una dificultad en el informe para reunir información completa acerca de este crimen.
Según Jenny Lopera: “La limitación no solo es del informe, es una limitación que es generalizada para el crimen de violencia sexual, debido a el peso simbólico que tiene para el victimario y para la victima aceptar que fueron agresores o agredidas sexualmente”. Sea en el caso de mujeres u hombres, solo 485 personas aceptaron haber cometido violencia sexual. De igual forma, 1.825 aceptaron haber cometido actos de tortura.
Los perfiles de las personas que fueron víctimas del paramilitarismo es de líderes comunitarios que se despeñaban como sindicalistas o docentes. También, a las personas que tenían un liderazgo político, especialmente de izquierda. Los victimarios de estas personas, fueron en un 53% grupos asociados al paramilitarismo, 33% grupos directamente paramilitares y 14% las Convivir. Los años más violentos fueron entre 1999 y el 2002.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia y Cesar. De estos dos, Valledupar y Medellín, fueron las ciudades que más líderes políticos o comunitarios fueron asesinados, desaparecidos o desplazados. Como mencionamos antes, el 54% aseguraron haber sido ellos mismos o sus familiares víctimas del conflicto, pero, de ese número, más de 1.700 afirmaron que eran víctimas de los mismos paramilitares.
Es evidente que investigaciones de este tipo son fundamentales para comprender cómo el conflicto armado colombiano pudo prolongarse tanto en el tiempo y dejar secuelas tan profundas que incluso hoy, con el Acuerdo de Paz, resultan muy difíciles de cerrar.
