Esta semana el tribunal escuchó el testimonio de la periodista, que relató su secuestro y la ausencia de justicia en 20 años. El Estado colombiano solo intervino para declarar que se retiraba de la audiencia, algo que ningún otro había hecho en la historia de la Corte.
1. La violencia lesiona a las víctimas y a su círculo personal, que también merece reparación
En el caso de Jineth Bedoya Lima, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) deberá evaluar las agresiones que ha sufrido la periodista y su madre. Frente a esta última, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2019 llevó el caso ante este tribunal, argumentó que “la ausencia de una investigación diligente ha afectado la integridad psíquica y moral de la madre de la periodista, además del sufrimiento y angustia que genera el retardo de más 18 años de los hechos en la obtención de justicia”.
En la audiencia pública ante la Corte IDH, Bedoya Lima narró que durante más de dos décadas su madre ha tenido que soportar el impacto de las agresiones que ella ha sufrido y también, ha resultado lesionada por los ataques que ha recibido la propia periodista.
“La afectación emocional ha sido lo más duro, porque carga con mi dolor pero también con su dolor. Creo que eso es lo que nos ocurre a todas las víctimas, sobre todo cuando quien ha sufrido el hecho victimizante es alguien de nuestro entorno, porque es un doble dolor”, explicó Bedoya Lima. Agregó que en todos estos años el Estado no ha garantizado la seguridad de su madre y tampoco la ha considerado una víctima de su negligencia. “Es una mujer que terminó metida en todo esto por el trabajo y las decisiones de su hija. Y eso es aún más injusto. Hemos intentado llevar una vida vivible (…), pero es imposible vivir así”.
Se trata de un caso que hace explícito cómo los riesgos y violencias que sufre una persona trascienden su esfera personal. En especial, cuando se trata de una agresión tan dolorosa como lo es la violencia sexual.
2. Cerrar la cárcel La Modelo, en Bogotá, es hacerle frente a la violación masiva de derechos humanos que se ha cometido allí y también, reparar a las víctimas de violencia sexual
Durante 1999 y 2000, Jineth Bedoya Lima era reportera judicial en El Espectador. Investigaba el tráfico de armas al interior de la cárcel La Modelo, en el que estaban involucrados grupos paramilitares y la antigua guerrilla de las Farc, con la complicidad de funcionarios públicos. También, denunció descuartizamientos y las desapariciones que se cometían contra personas privadas de la libertad en el penal, uno de los más peligrosos de la época. “Era la oficina desde la que se conectaba todo el crimen del país en ese momento”, dijo en la audiencia pública ante la Corte IDH.
Por este trabajo empezó a recibir múltiples amenazas. Las autoridades le dijeron que para que cesaran estos ataques, la única solución era que hablara con los paramilitares. El 24 de mayo de 2000 recibió una llamada de Mario Jaimes Mejía, exparamilitar, en la que la citaba para una entrevista al día siguiente en La Modelo. Era una trampa. Al llegar al lugar fue secuestrada, torturada y violentada sexualmente.
“¿Cómo se puede reparar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual. -se preguntó Bedoya Lima en la audiencia- Yo he intentado pegar esos pedazos estos años. (…) Pero indudablemente, algo que para mí sería reparador es que ese lugar, donde inició todo, donde inició este ciclo de terror, se pueda cerrar. Me refiero a clausurar la cárcel La Modelo”.
Para la periodista, acabar con esta prisión es la mayor forma de reparación hacia ella, para otorgar un espacio de memoria a las víctimas de violencia, no solo sexual. Se trataría de la transformación de “algo con tanto dolor, una estructura sobre la cual los cimientos tienen debajo pedazos, trozos de seres humanos que fueron descuartizados y botados por ductos de las cañerías”, argumentó.
3. Cada vez más y con mayor fuerza, las víctimas piden a la JEP abrir el macrocaso de violencia sexual
“Colombia es uno de los países a nivel mundial donde más se han cometido delitos de violencia sexual en el marco de un conflicto armado. A este país le costó muchas décadas reconocer que la violencia sexual había sido usada como un arma de guerra”, sostuvo Bedoya Lima. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, al menos 34.496 personas, la mayoría mujeres y niñas, han sufrido agresiones sexuales en el contexto de la guerra.
Por eso, para la periodista, el Estado colombiano debe tener la altura de reconocer la gravedad y sistematicidad de estos delitos. “Es increíble que a 4 años [de la firma del Acuerdo de Paz] la Jurisdicción Especial para la paz no haya abierto el caso de violencia sexual”, reclamó. Al igual que Bedoya Lima, otras organizaciones, como las que conforman la ‘Alianza cinco claves’, han solicitado a la JEP en múltiples ocasiones abrir el macrocaso de violencia sexual.
Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, le envió una carta al magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. En esta coincidió con Bedoya Lima en que la violencia sexual es uno de los delitos más atroces que se han cometido en el conflicto armado.
“La JEP tiene en sus manos la posibilidad histórica de contribuir al mejoramiento de la investigación y judicialización de hechos de violencia sexual y de género ocurridos en el conflicto armado”, escribió el abogado, quien agregó que por esta razón es importante abrir una investigación concreta. Al respecto, según el portal La Silla Vacía, una fuente de la JEP confirmó que “no existen los datos suficientes para abrir un macrocaso específico [sobre violencia sexual]”.
4. Es urgente implementar una política con enfoque de género que pueda prevenir y responder a las agresiones particulares que sufren las periodistas
“A nosotras se nos sigue estigmatizando, señalando e intimidando no por ser periodistas, sino por nuestra condición de mujer. Si el 25 de mayo, cuando a mí me ocurrió eso, no hubiera sido Jineth Bedoya sino Pedro Pérez, a él le hubieran mandado un sicario para matarlo. A Jineth Bedoya la torturaron y la violaron. Este es un lineamiento claro que debe tener en cuenta Colombia y la región: por nuestra condición de género no nos pueden seguir castigando”, dijo la comunicadora ante la Corte IDH.
La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) detalló en su último informe anual que hay diversos impactos sobre la violencia de género frente a la libertad de expresión. No solo por las afectaciones personales que tienen estas agresiones para las víctimas, sino porque resultan en su autocensura y silenciamiento.
Al respecto, en diciembre de 2018 la CIDH recomendó al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la seguridad de las periodistas mujeres que se encuentran en un riesgo especial; capacitar a funcionarios públicos para que identifiquen los ataques, que están directamente relacionados con su género, que reciben las comunicadoras; e implementar programas para que la sociedad sea consciente de que la violencia de género también afecta a las periodistas y que esto es un ataque a la libertad de expresión. Hasta el momento ninguna acción se ha implementado.
5. El Estado colombiano sigue dándoles la espalda a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual
Durante la audiencia pública, Jineth Bedoya Lima fue interrogada por su abogada, Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). A excepción de Eduardo Vio Grossi, quien manifestó no tener inquietudes para la víctima, y Humberto Sierra Porto, que no podía participar en la audiencia al ser colombiano, los demás magistrados le hicieron preguntas sobre el caso. Además manifestaron su solidaridad y agradecimiento por comparecer ante el tribunal.
Pero para el Estado colombiano, que de hecho también se solidarizó con Bedoya Lima, estas expresiones de empatía hacia ella significaban, a todas luces, que los jueces tenían un juicio contra la Nación. “Con estas preguntas y comentarios se demostró que los magistrados recusados prejuzgaron sin haber tenido en cuenta las pruebas y los alegatos del Estado colombiano preparados para la audiencia pública del caso”, manifestó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de un comunicado.
Ante la negativa de la Corte de suspender la jornada del 15 de marzo, primer día de la audiencia, Colombia se retiró. En la historia de este tribunal, ningún Estado se había levantado de una diligencia de este tipo. Según explicó la abogada Silvia Serrano en un hilo en Twitter, no hay argumentos jurídicos que sustenten la recusación del Estado, por lo que, tal como sucedió, era probable que la Corte no la aceptara.
https://twitter.com/silviajserranog/status/1371892588735778827
Por su parte, Catalina Botero-Marino, exrelatora Especial para la Libertad de Expresión ante la CIDH, expresó en su cuenta de Twitter que “la solidaridad manifestada por algunos jueces no supone prejuzgamiento del asunto objeto del juicio, de la misma manera que la solidaridad expresada por el Estado no supone reconocimiento de responsabilidad. Es al menos inconsecuente esta postura del Estado”.
El mensaje que envía esta acción del Estado es grave. Para la defensa de Bedoya Lima, es una clara muestra de que no tiene la más mínima intención de reconocer su responsabilidad y, por tanto, les está dando la espalda a las víctimas. Dos días después de levantarse de la audiencia, Camilo Gómez, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, envió una carta a la periodista en la que la invitaba a dialogar y buscar “una solución amistosa” frente a su caso.
La Corte IDH negó la recusación del Estado y retomará la audiencia el próximo lunes 22 y martes 23 de marzo desde las 9:00 a.m. (hora Colombia).
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