Si la Corte Constitucional aprueba las inhabilidades estipuladas por el Congreso, sus trabajos quedarían en vilo.
Este fue un buen comienzo de año para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a las personas que participaron en el conflicto armado. Después de diferentes obstáculos que sufrió en el Congreso durante 2017, la JEP comenzó a marchar. En la mañana de este lunes se posesionaron 30 de los 38 magistrados titulares del organismo judicial ante el presidente Juan Manuel Santos.
Con los magistrados posesionados, una sede, presupuesto y personal, la JEP ya tiene lo mínimo que necesita para evaluar las solicitudes de las personas que desean someterse a la justicia transicional. Que la JEP entre en funcionamiento es una necesidad para que exintegrantes de las Farc, como Rodrigo Londoño (Timochenko), puedan participar en política. También es clave para comenzar a develar la verdad sobre lo que sucedió en el conflicto, una petición latente de las víctimas.
Si bien es cierto que la posesión de magistrados es un acontecimiento positivo, la JEP necesita que la Corte Constitucional resuelva el problema de los impedimentos que actualmente tienen algunos magistrados. Antes de aprobar la JEP, el Congreso incluyó tres inhabilidades que impedirían que por lo menos 12 magistrados puedan ejercer su trabajo.
El Congreso estableció que los magistrados que en los últimos cinco años hayan ejercido como abogados en procesos relacionados con el conflicto armado no podrán posesionarse. Tampoco podrían posesionarse, según el Congreso, quienes hayan tramitado acciones ante tribunales internacionales de derechos humanos en contra del Estado colombiano o hayan representado a terceros para esos mismos fines.
A continuación les mostramos quiénes son los magistrados que podrían ser recusados en caso de que la Corte Constitucional apruebe las inhabilidades emitidas por el Legislativo. Inhabilidades que, como han cuestionado diferentes juristas, no tienen mayor sentido en un tribunal que requiere de la experiencia de abogados especialistas en Derechos Humanos y que podrían quedar al margen, por el simple hecho de haber cuestionado en Twitter declaraciones de personas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En caso de que su inhabilidad sea confirmada por la Corte, serán los magistrados suplentes los encargados de asumir la tarea, una eventual solución que irremediablemente impactaría la legitimidad de la JEP. Sin embargo, el alto tribunal deberá hacer un análisis de fondo de cada uno de los casos, por lo que podría tardarse hasta seis meses en emitir un parte. Mientras esto ocurre, estos magistrados podrían ejercer con normalidad las funciones para las que fueron designados por el Comité de Escogencia.
- Sandra Rocío Gamboa Rubiano
Gamboa es abogada de la Universidad Nacional con maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomas y doctora en Derecho. Su trayecto como abogada litigante ha incluido la defensa de las víctimas, como también lo hizo cuando fue integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Ella, por ejemplo, fue una de las abogadas que denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las chuzadas del DAS. Formalmente, el Centro Democrático ya la recusó, igual que al abogado Rodolfo Arengo.
- Rodolfo Arango
Es un reconocido profesor de Derecho de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho en la Universidad de Kiel, Alemania. El Centro Democrático lo cuestiona por unos trinos en donde criticaba al expresidente Uribe. Lo cierto es que Arango ha realizado la mayoría de su carrera en la academia y las altas cortes. En 2014 fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y también militó en el Polo Democrático.
- Claudia López Díaz:
Aunque es doctora en Derecho de la Universidad Externado y especialista en ciencias penales y criminología, el uribismo la cuestiona por trabajar en el Instituto Giz y en la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, organizaciones que han llevado procesos relacionados con las víctimas del conflicto.
- Marcela Giraldo Muñoz
Con una larga trascendencia internacional, Giraldo ha trabajado en la Corte Penal Internacional, en los tribunales especiales para el Líbano y Rwanda, en el Comité Internacional de la Cruz Roja y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ser abogada de la Corte Interamericana durante el periodo 2012-2017, Giraldo podría ser recusada.
- Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín
Trabajaba en la Corporación Colombiana de Juristas como coordinadora de litigio de tierras. Además trabajó en la Defensoría del Pueblo regional Guainía y en la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena. Ella ha sido la representante de víctimas ante jueces de restitución en casos del Cesar, la Guajira y el Magdalena.
- Mirtha Patricia Linares
Es la actual presidenta de la JEP. Es especialista en Derechos Humanos y memoria histórica. Es abogada con maestría en Administración Pública. Sin embargo, le han cuestionado que haya trabajado en los últimos como investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica. También fue consultora del Consejo Noruego para los Refugiados y consultora de ONU Mujeres.
- José Miller Hormiga
En los últimos años fue asesor jurídico del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), abogado de la Unidad de Tierras en Popayán y Personero de Piendamó y Timbió, en el Cauca. Es abogado de la Universidad del Cauca y experto en temas relacionados con los derechos humanos.
- Pedro Julio Mahecha Ávila
Como abogado de la Universidad Nacional con maestría en derechos humanos, Mahecha le hizo seguimiento al proceso de paz a través de organizaciones sociales. Coordinó la amnistía e indulto de desmovilizados del EPL. Además, ha asesorado comunidades indígenas y sindicatos. En los últimos años trabajó como asesor del sindicato de trabajadores del Hospital Universitario San Rafael.
- Ana Manuela Ochoa Arias
Como integrante de la comunidad indígena Kankuama, su trabajo en teoría será garantizar un enfoque étnico en la JEP. Sin embargo, en los últimos años trabajó por los Derechos Humanos en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), lo cual podría ser cuestionado por la oposición.
- Pedro Elías Díaz Romero
Desde 1994 ha trabajado en la Fiscalía General de la Nación como Fiscal delegado. Es abogado de la Universidad del Externado y especialista en derechos humanos. En los últimos años fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fiscal delegado de Justicia y Paz.
- Alejandro Ramelli:
Es conocido por la disputa que sostuvo con el exfiscal general, Eduardo Montealegre, tras el escándalo que generaron los contratos de Natalia Springer. Trabajó dos años como director de la Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía. También fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en 2011.
- Lily Andrea Rueda Guzmán
Era investigadora doctoral en la Universidad Libre de Ámsterdam. Durante su trayectoria laboral trabajó para el Tribunal Penal Internacional, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
