La ONU y la Iglesia serán los encargados de verificar el cumplimiento de la tregua en 38 zonas donde tiene presencia el grupo armado.
En 100 días sabremos si el proceso de paz con la guerrilla del ELN puede terminar antes de agosto de 2018 o si, por el contrario, se prolongaría unos meses más. Ese día, el 9 de enero, termina el cese bilateral de fuego y hostilidades entre el Ejército y el ELN que inició el pasado domingo. Del éxito de esta tregua depende que el proceso avance con mayor celeridad —los diálogos exploratorios comenzaron en 2014— y que se concreten aspectos cruciales, como la reincorporación de los combatientes a la vida civil y los mecanismos de participación política con los que contaría el grupo armado.
El cese de los combates también puede ser visto como un termómetro de confianza entre el Estado, el ELN y la sociedad civil. Actualmente el proceso pasa por una crisis de legitimidad por los ataques de esa guerrilla en regiones como Norte de Santander, donde el pasado 29 de septiembre atentaron cuatro veces contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, afectando a los municipios de El Tarra, Tibú y Teorama. En caso de que la negociación se extienda más de lo previsto, el ambiente electoral y la llegada de un nuevo Gobierno pueden enrarecer e incluso terminar con la negociación.
¿En qué se diferencia este cese bilateral del que sostuvo el Estado con las Farc? ¿Cuáles son las condiciones del cese y a qué compromisos llegaron ambos negociadores? Aquí se lo explicamos.
- ¿A qué se comprometieron?
Además de la tregua, el ELN se comprometió a suspender los secuestros, los ataques a la infraestructura, el reclutamiento de menores y la instalación de minas antipersonales en los territorios. En la medida en que estos compromisos adicionales se cumplan, la mesa de diálogos puede avanzar en otros temas contemplados en la agenda, como las garantías de la movilización social y el desmantelamiento del “paramilitarismo”.
El Gobierno, por su parte, tiene que demostrar que está trabajando en la protección de los líderes sociales y en la contención de la ofensiva de las bandas criminales. Una petición específica del ELN es el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). El Gobierno, por petición del grupo armado, debe ejecutar un programa humanitario para los 450 integrantes del ELN que están en prisión (dentro de las acciones contempladas están, por ejemplo, la revisión de las condiciones de salubridad y la garantía de seguridad en los pabellones).
- El cese es con el Ejército, no con otros grupos insurgentes.
El primer punto que acordaron en Quito es que la Fuerza Pública no atacará al ELN, así como tampoco lo hará esa guerrilla. Sin embargo, esto no quiere decir que eventualmente se presenten confrontaciones con otros grupos armados, como las Bacrim y el EPL. Mientras avanza la tregua, tanto el Estado como el grupo insurgente se comprometieron a continuar con las conversaciones en la mesa de Quito. En campo, los integrantes de la Fuerza Pública y del ELN realizarán trabajos humanitarios.
En el futuro se podrían presentar episodios de violencia como el del fin de semana pasado en Miranda, Cauca, cuando tres policías fueron asesinados, supuestamente, por guerrilleros del ELN. No obstante, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aclaró más adelante que se trataba de “exintegrantes del Frente 6 de las Farc que se hacen pasar por integrantes del ELN”. Este tipo de incidentes no deberán afectar la tregua.
- ¿Quiénes y cómo verificarán el cese del fuego bilateral?
La ONU y la Iglesia Católica serán las dos entidades encargadas de verificar la tregua y atender cualquier impase que se presente. Los integrantes de Naciones Unidas, según la Mesa de Quito, “recibirán la información y analizarán de manera imparcial los hechos que se presuman como incumplimientos, amenazas o violaciones a los compromisos”. La Iglesia tendrá una representación local y regional a través de 20 diócesis. Su misión se enfoca en la veeduría regional, mientras que a nivel nacional la ONU se encargará de recopilar la información y entregarla en la Mesa de Quito.
A través de un decreto emitido el pasado 29 de septiembre, el Gobierno se comprometió a financiar la implementación del cese bilateral con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz. La ONU estará presente en 38 zonas del país en las que el ELN tiene presencia.
- Ni zonas de agrupamiento ni dejación de armas
En esta tregua, la guerrilla del ELN no estará agrupada ni desarmada. Ese paso será posterior, cuando se esté implementando el acuerdo de Quito. De hecho, por ahora es incierto si la guerrilla del ELN aceptará dejar las armas, un punto que se debería comenzar a discutir en la mesa. Eso sí, como lo dijo el comandante Nicolás Rodríguez Bautista, con la tregua “no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflictos”. Con la liberación de combatientes del ELN que estaban en prisión para que se desempeñen como gestores de paz, podría comenzar el trabajo de la guerrilla por la población civil.
- ¿Qué se negocia mientras transcurre el cese?
El jefe político del ELN, Pablo Beltrán, ha insistido en llevar el acuerdo de paz hacia una transformación política. Este cambio se vería reflejado en la participación de las bases sociales, como sindicatos y organizaciones civiles, que respaldan a la guerrilla en la política local. Para lograrlo han solicitado medidas de seguridad para los líderes sociales y una revisión seria al problema del “paramilitarismo”. Es por esta razón que el primer punto a negociar es la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Se espera que a finales de octubre las organizaciones sociales de base viajen a Quito para exponer sus propuestas de participación política.
No vamos a acordar una nueva Comisión de la Verdad, ni un nuevo Tribunal para la Paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego
El punto 2 está relacionado con el primero: examinar los mecanismos políticos que tienen los colombianos para construir la paz. Un primer paso en la mesa será revisar las garantías que tienen los sindicatos y las organizaciones sociales. El punto 3, por otro lado, busca establecer las transformaciones necesarias para consolidar la paz. Este ítem está relacionado con el Acuerdo de la Habana, pues busca disminuir la pobreza, la inequidad y la degradación ambiental. También se deberán plantear proyectos productivos para las comunidades vulnerables, un aspecto en el que seguramente encontrarán coincidencias con la Reforma Rural Integral.
De acuerdo con Luis Eduardo Celis, asesor del Programa Desarrollo para la Paz (Prodepaz), este mes será clave para que el ELN pueda “tener un respiro y logre concentrarse en la participación de la sociedad, que es lo que más les interesa y que está en la agenda. Puede que en el cese se presenten dificultades, pero creo que el ELN lo va a cumplir, existe una cohesión interna para hacerlo y un interés por desplegar la participación social durante los próximos meses”.
- Justicia transicional, ¿la misma de las Farc?
En la fase final, tanto el Gobierno como la guerrilla del ELN discutirán la reparación de las víctimas con base en los conceptos de verdad, justicia y garantías de no repetición. En este punto seguramente se presentará un debate intenso, pues los altos mandos del ELN han sido claros en que no quieren ir a la cárcel. Este debate, por lo menos en el caso de las Farc, continúa a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Superado el acuerdo sobre las víctimas y la justicia, la mesa de Quito se concentrará en el fin del conflicto armado, lo que incluiría desminado y dejación de armas. Sobre esta fase, el presidente Juan Manuel Santos fue claro: “No vamos a acordar una nueva Comisión de la Verdad, ni un nuevo Tribunal para la Paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego y de hostilidades definitivo, ni una nueva Misión Internacional de Verificación”.
