Por Laura Rincón López.
Uno de los mayores retos para quién será el próximo presidente de Colombia es implementar una política de drogas efectiva e integral, lo que para los expertos significa adaptarse a las dinámicas globales que marcan la pauta: legalización y regulación de sustancias psicoactivas para uso medicinal y recreativo en adultos.
Pacifista habló con dos expertos en políticas de drogas, su implementación y los derechos de los consumidores, sobre los puntos claves que deberían tener los planes de gobierno de los candidatos presidenciales para abordar de manera integral los problemas sociales ligados a las sustancias ilícitas. Aunque ninguno de los candidatos analizados dedica un capítulo específico a una política de drogas, dejan pistas en otros apartados sobre lo que consideran prioridad en el manejo de conflictos como el narcotráfico, aumento de cultivos de uso ilícito y consumo problemático de sustancias.
¿Cumplen Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo y Gustavo Petro con los mínimos para estar a la vanguardia en política de drogas? Spoiler: uno no, otro más o menos y los otros dos casi sí.
- Del prohibicionismo a la regulación
La legalización y la regulación del cannabis es inminente para quienes estudian el tema desde la salud pública y las políticas de gobierno. Es el paso que están dando países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y más recientemente España; y es, según los expertos, el paso obvio para un país como Colombia que ha sufrido el flagelo de la ilegalidad y la estigmatización en diferentes escenarios: desde las violencias físicas y estructurales que afectan a los campesinos cocaleros hasta los riesgos en salud pública por abuso de sustancias psicoactivas.
¿Qué dicen los candidatos sobre esto?
Gustavo Petro: en su programa dedica una sección de su capítulo “Dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin a una era de paz” al cambio de paradigma en las economías ilegales. Ahí habla de una “guerra fallida contra las drogas” y propone un nuevo enfoque: “basado en los derechos humanos y la construcción de la paz la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. Prohibiremos la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato, por razones de salud pública y ambiental”. Menciona sustitución de tierras, investigación de las sustancias, transición de un modelo a otro que tenga en cuenta a los campesinos y consumidores, y asegura que para implementar una sustitución competitiva es necesario tener en cuenta el mejoramiento técnico del campo, la democratización de la tierra, el transporte, el mercado, los precios, el acceso a créditos, entre otros elementos que “debiliten y eliminen la dependencia de la población rural de los capitales de la cocaína”.
Federico Gutiérrez: propone una “justicia efectiva, capaz de combatir las organizaciones criminales y el negocio de las drogas ilícitas, y de brindar opciones de vida digna a los pobladores de nuestras zonas rurales”. Su propuesta es continuista de lo que ha hecho el actual presidente Iván Duque, pues una de sus principales metas en seguridad es reducir los cultivos de uso ilícito unas 43.000 hectáreas para 2026. También menciona que dicha sustitución de cultivos debe darse con un enfoque de desarrollo agrario y territorial para los campesinos y el fortalecimiento operativo para debilitar la cadena del narcotráfico, en la cual hará énfasis en la prohibición de “insumos químicos, producción y finanzas”. El plan no habla de acciones concretas más allá de la reducción de cultivos, no especifica cuáles serán los medios para conseguir esa meta pero en varias entrevistas y tweets el candidato ha expresado que el glifosato debe ser implementado con reglas que garanticen el cuidado del medio ambiente, incluso en una entrevista con El Espectador dijo: “Si se acaba el glifosato se acaba el campo”.
Sergio Fajardo: plantea que la política internacional ha fallado por reducirse únicamente al tema del narcotráfico cuando la agenda debe ir más allá. Afirma: “no habrá fumigación que afecte la vida y la biodiversidad. Se priorizará y fortalecerá la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, reformando el sistema de incentivos individuales por comunitarios y de obras: revitalizaremos el diálogo social sobre este aspecto en los territorios e impulsaremos el desarrollo rural integral en las regiones con mayor presencia de cultivos de uso ilícito”. Resalta la importancia de un cambio de paradigma pero acepta que la transición entre uno y otro debe ser armoniosa, enfocándose en la persecución de quienes reciben mayores beneficios económicos de estos mercados ilegales mientras se transita de un modelo prohibicionista hacia una regulación: “La aproximación tradicional a la lucha contra las drogas está lejos de solucionar el problema y los mecanismos empleados para combatirla se han traducido en una lucha fallida: el consumo, la producción, el tráfico y el lavado de capitales, crecen en lugar de disminuir, e incrementan la violencia y la inseguridad ciudadana. Es necesario, en aras de lograr un tratamiento integral y eficaz, adoptar nuevas políticas y medidas fundadas en un enfoque de salud pública y de respeto a los derechos humanos, que permitan avanzar hacia una regulación responsable para la prevención y el control del consumo de drogas en el mundo”.
Rodolfo Hernández: Es quien menos aborda el tema de la política de drogas. Sin embargo, en secciones de su plan de gobierno dan luces de cómo sería: habla de integrar el cannabis, la coca y la amapola a la economía nacional y con esto debilitar los grupos armados que se lucran de estas plantas. También sostiene que el cannabis puede ser una opción viable para la sustitución de cultivos ilícitos y es innovador en el enfoque de no estigmatizar a los consumidores sino darles espacios seguros para consumir. Su plan, sin embargo, presenta varias inconsistencias como esta: aunque habla de incluir los cultivos que hoy son de uso ilícitos en la economía nacional, nunca menciona la legalización ni regulación de tales plantas. Por el contrario, menciona la sustitución de estos, ¿por qué habría de sustituirlos si serán un gran motor para el campo y la industria?
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Julián Quintero, director ejecutivo de Acción Técnica Social, organización autora del proyecto Échele Cabeza: La regulación no puede ser una simple estrategia de mercado, tiene que ir acompañada de un componente humano transversal: “creo que lo principal es una regulación con justicia social, donde las víctimas de la guerra contra las drogas y los territorios que han padecido el Conflicto derivado del consumo de cannabis puedan participar del negocio, donde se democratice el acceso, donde haya asistencias técnicas en los territorios, donde madres cabeza de familia, campesinos, negros, indígenas, puedan tener acceso al negocio”, señala Quintero. El caso de la coca es más complejo porque a nivel global están empezando a abrir el debate serio por una regulación de sustancias como la cocaína y también productos medicinales derivados de la coca, mientras que las políticas públicas colombianas siguen optando por la criminalización de esta planta. Desde Acción Técnica Social han realizado acciones concretas para nutrir la conversación: hicieron un estudio prospectivo de política pública anticipatoria de regulación de la cocaína, apoyaron la escritura y divulgación del proyecto de ley 236 de 2020, vanguardista en materia de regulación de la coca, así como han traducido y divulgado libros sobre el tema. Para Quintero: “hay que empezar un diálogo nacional desde los territorios y con todos los actores: con las personas consumidoras, con el personal de la salud, con los campesinos que cultivan, con los congresistas, con los grupos armados que controlan el negocio”.
Pablo Zuleta, director del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la UniAndes (CESED): “El eje principal de ambas regulaciones debe ser la prevención. El consumo de las sustancias psicoactivas es un consumo de riesgo, y el riesgo como tal es variable en cada una, y por lo tanto las regulaciones de cannabis y de coca deben desarrollarse de forma independiente. Esto obedece también a las diferencias en cuanto a la forma de producción actual y el tipo de mercado que existe.“ Zuleta añade que para el cannabis debe tenerse en cuenta que los estudios han demostrado que su consumo es más problemático de lo que aparenta: “De acuerdo con recientes análisis de datos del CESED, el cannabis es la segunda sustancia de mayor impacto usada por personas con consumos problemáticos que buscan atención en salud (la primera es el basuco y la tercera la cocaína). Este grupo poblacional debe ser una prioridad en cuanto a establecer muestras de calidad adecuada y con contenidos que mitiguen el riesgo de psicosis y de consumos problemáticos.” Para esto, dice, es necesario estudiar el mercado ilegal que ha venido operando y aprender de las iniciativas y proyectos de la sociedad civil.
Apunte Pacifista: Otras ideas que recomiendan los expertos son: la creación de instituciones del gobierno que recojan todas las necesidades en política de drogas, eliminar el decreto 1844 de 2018 que estigmatiza a los consumidores, tener normas claras de comercio enfocadas hacia la prevención, financiar la investigación sobre estas sustancias y, por supuesto, cumplir en Acuerdo de Paz.
- El panorama internacional
¿Qué dicen los candidatos sobre esto?
Gustavo Petro: señala el problema del narcotráfico en su política internacional. Menciona las economías ilegales en su apartado de política exterior para referirse a la cooperación para encontrar un “camino efectivo y pacífico” que permita superar este tema.
Federico Gutiérrez: también señala el problema del narcotráfico en su política internacional. Dice que hay que invocar la cooperación internacional para combatir a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y resalta la importancia de renovar relaciones con Estados Unidos para esto.
Sergio Fajardo: igualmente señala el problema del narcotráfico en su política internacional. Propone que Colombia lidere una transformación internacional del enfoque de la lucha contra las drogas.
Rodolfo Hernández: Es el único que no hace referencia al narcotráfico en su política internacional, prefiere hacer énfasis en el manejo migratorio de venezolanos y la relación deteriorada con Estados Unidos a raíz de esto.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Pablo Zuleta, director del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la UniAndes (CESED): se deben dar mecanismos diferentes para el mercado interno y externo de sustancias psicoactiva, el externo implica acuerdos con otros países y organizaciones internacionales, pero la prioridad del Estado deben ser sus ciudadanos: “la regulación como medida de salud pública para Colombia no tiene porqué establecer acuerdos con otros países para cuidar a la población que usa sustancias de riesgo o bien tiene ya establecido un consumo problemático”.
Apunte Pacifista: los expertos aseguran que la transición del prohibicionismo a la regulación a nivel global es inevitable y que depende del próximo presidente si Colombia va a integrarse a las dinámicas globales o si va a seguir perpetuando un modelo obsoleto que ha demostrado su fracaso en más de 60 años de guerra.
- ¿Sustitución o legalización?
¿Qué dicen los candidatos sobre esto?
Gustavo Petro: rechaza la aspersión con glifosato y apoya la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. habla de regulación de cultivos de cannabis.
Federico Gutiérrez: dice sí a la aspersión de glifosato y plantea diálogo con las comunidades afectadas y disminuir el impacto ambiental. Propone reducir los cultivos de uso ilícito unas 43.000 hectáreas para 2026.
Sergio Fajardo: dice no a la aspersión con glifosato. y propone un sistema de incentivos individuales para la sustitución voluntaria.
Rodolfo Hernández: mantiene la erradicación de los cultivos de uso ilícito y no descarta completamente el uso del glifosato.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Pablo Zuleta, director del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del CESED y Julián Quintero, director ejecutivo de Acción Técnica Social: el camino es la legalización de los cultivos, las sustancias y su posterior regulación con un enfoque integral, lo cual va muy de la mano con la desestigmatización de las plantas y el consumo de sustancias obtenidas de estas. Zuleta asegura que: “Existen herramientas actualmente para avanzar en muchos aspectos que permitan ambientar un proyecto de ley para cannabis y otro para coca, pero se ha desconocido la necesidad de avanzar en la divulgación de la información, de la evidencia y de las razones por la cual es mejor una regulación que la prohibición”. Sin embargo, hablar de legalización sigue siendo un tema tabú para miles de colombianos, sobre esto, los investigadores explican que el miedo generalizado a la regulación está dado no solo en la medida de rechazar las actividades criminales, sino al riesgo de un consumo problemático o peligroso por parte de seres queridos. Por eso, tanto para Quintero como para Zuleta, el debate debe empezar en la esfera de lo comunitario, incluyendo a todos los actores de la cadena de producción y consumo, dignificando sus formas de vida y respetando sus derechos como consumidores. A grandes rasgos, parece que Colombia tiene oportunidad de avanzar en la regulación del cannabis medicinal, pero falta mucho diálogo social para ir más allá y hablar de uso recreativo de sustancias psicoactivas.
- Salud pública y consumo problemático
¿Qué dicen los candidatos sobre esto?
Gustavo Petro: propone la descriminalización de los consumidores con un enfoque de reducción de riesgos y daños. También habla de diálogo social y pedagogía.
Federico Gutiérrez: tiene una visión de la adicción como un problema de salud pública y por ello plantea mecanismos para la prevención y atención.
Sergio Fajardo: plantea un diálogo social y la no persecución a los eslabones más débiles, como son los consumidores.
Rodolfo Hernández: habla de realizar un censo de adictos y ofrecer espacios de uso controlado de sustancias, con especial atención a los jóvenes.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Pablo Zuleta, director del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del CESED y Julián Quintero, director ejecutivo de Acción Técnica Social: no se puede dejar por fuera del mapa el aspecto psicosocial. Según la última Encuesta Nacional de Consumo en Sustancias Psicoactivas realizada en 2019 al menos un 8,30% de las personas encuestadas dice haber consumido marihuana alguna vez en la vida, mientras que un 2,07% asegura haber consumido cocaína en algún momento de su vida. Sin embargo, para Quintero, estas cifras no son confiables, están viciadas por la metodología utilizada por el DANE, además de las barreras naturales para acceder a esta información cuando se trata de sustancias ilícitas, por ejemplo, un joven no va a aceptar que consume drogas ilegales en contextos familiares o escolares por miedo a la reprensión que esto puede acarrear.
Es decir, las cifras pueden ser mucho más altas, la misma encuesta advierte que hay subregistros. Para los expertos, el mayor reto para una política de drogas efectiva e integral es luchar contra los estigmas sociales que están enquistados en nuestro sistema cultural. En la actualidad ya no se habla de prohibicionismo o rehabilitación, sino de reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas: “Estamos dejando atrás la prohibición, la sanción, la multa y estamos empezando a despenalizar y a descriminalizar” dice Quintero.
Apunte Pacifista: afortunadamente, todos los planes de gobierno hablan de inclusión de las comunidades y de diálogo en la ruralidad y la ciudad. En esta conversación no se puede dejar por fuera a consumidores y a profesionales de la salud porque se estaría cayendo en los mismos sesgos de gobiernos anteriores. Los planes de Fajardo, Petro y Hernández también hacen alusión a la pedagogía en materia de política de drogas, todos aseguran que cualquier transformación debe incluir un trabajo paralelo con los consumidores para no estigmatizarlos.
En conclusión: ¿qué pasará en política de drogas los próximos cuatro años?
Las propuestas de Sergio Fajardo y Gustavo Petro tienen más puntos de encuentro que diferencias en el manejo de problemas como el narcotráfico y el consumo problemático de sustancias: una transición del paradigma prohibicionista a la regulación, tal vez el único desencuentro se da en que el candidato de la Coalición Centro-Esperanza propone que en la transición se castigue duramente a quienes más se benefician de estas economías ilegales, mientras que Petro no se refiere a esto.
Por su parte, Federico Gutiérrez menciona menos que los otros dos el tema de drogas en su plan de gobierno y cuando lo hace no arroja propuestas tan específicas, excepto por la reducción de cultivos de uso ilícito en 43.000 hectáreas, por entrevistas y declaraciones se estima que daría continuidad a lo realizado por Duque.
La postura de Rodolfo Hernández es más indescifrable, pues es el candidato que menos habla de política de drogas en su plan de gobierno. Se puede decir que tiene ideas vanguardistas en el tema de salud pública y reducción de daños, pero sus propuestas económicas hablan de potenciar el mercado del cannabis, la coca y la amapola, mientras otras de sus propuestas hablan de continuar con la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos.
En enero del 2022 la Corte Constitucional volvió a frenar la aspersión con glifosato en varias zonas del país al evidenciar que las comunidades afectadas no estaban siendo consultadas como lo exige la ley. Sin embargo, en varios departamentos como Quindío, Córdoba y Norte de Santander las comunidades han alertado que se sigue usando el químico sin consultarles, causando graves afectaciones en la salud. Líderes ambientales aseguran que estos 4 años han sido una puja constante por evitar la aspersión aérea en sus territorios por todos los medios legales.
Otro gran desacierto, según los expertos, fue la implementación del código de policía que criminaliza a los consumidores y permitió que muchos policías vulneraran los derechos de la población joven especialmente. En política exterior el país queda muy mal parado con un aumento de los cultivos que fue significativo al menos en 4 departamentos (Antioquia, Chocó, Bolívar y Cauca aumentaron un 24%) cuando había prometido a la comunidad internacional una disminución drástica al terminar este período presidencial. Aunque en general disminuyó un 7% el cultivo de coca en el país, aumentó la producción de cocaína.
Así el panorama, los retos para el próximo presidente de Colombia son puntiagudos ya que reciben un país en peores condiciones en el tema de drogas que hace 4 años, pues según los investigadores el Acuerdo de Paz con las FARC había abierto las posibilidades de cambiar totalmente el paradigma e integrarse a unas dinámicas globales más vanguardistas, pero en este momento la imagen internacional es de desconfianza y los conflictos internos en lo rural y lo urbano se han complicado gracias a una política de drogas fallida.
