'Duque no puede dejar tiradas a las comunidades cultivadoras de coca': Camilo Romero | ¡PACIFISTA!
‘Duque no puede dejar tiradas a las comunidades cultivadoras de coca’: Camilo Romero Foto: Isaac Díaz
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‘Duque no puede dejar tiradas a las comunidades cultivadoras de coca’: Camilo Romero

Santiago Valenzuela A - Septiembre 12, 2019

En Nariño, el posconflicto parece ser una ilusión. En la costa pacífica aumentaron los homicidios y los desplazamientos masivos.

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En Nariño es evidente un contraste: el conflicto armado se sostiene en la costa pacífica y en Pasto, hacia el oriente del departamento, el Acuerdo de Paz avanza en su implementación. Es el departamento con más hectáreas de coca en el país (45.735) pero a su vez es el único en Colombia que hace parte de Under 2 Coalition, una de las plataformas ambientalistas más importantes en el mundo. Hoy, mientras los carteles mexicanos operan en Tumaco a través de las disidencias de las Farc y otros grupos armados, en Pasto se consolidan movimientos de víctimas y las instituciones gubernamentales eligen a esta ciudad como un epicentro de reconciliación. 

Fue justamente en Pasto donde hablamos con Camilo Romero, gobernador de Nariño. Nos encontramos con él en el segundo “Encuentro por la Verdad”, enfocado en el  “reconocimiento a la persistencia de las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas”. Este evento, organizado por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD– , fue un ejemplo claro de que implementar el Acuerdo de Paz es posible. Más de 200 mujeres que han buscado a sus familiares en los últimos 30 años estuvieron allí, reunidas, para desahogarse y reclamar por esa verdad que durante décadas les ha sido esquiva. 

“Es curioso, este evento nos demuestra que estamos en el posconflicto con las Farc, pero a la vez se está escalando un nuevo conflicto en nuestro territorio”, nos dijo Camilo Romero antes de la entrevista. Después de este primer acercamiento, tuvimos la conversación que les compartimos a continuación.

La última vez que lo entrevistamos fue a finales de 2017, cuando el Ejército asesinó a ocho campesinos en Tumaco en medio de una operación de erradicación. En ese entonces usted dijo que este tipo de cosas no pueden pasar en un país que se dice en paz. ¿Qué ha cambiado desde entonces? 

Han cambiado algunas cosas. No tenemos conflictividad en todo el departamento de Nariño. En lo que se conoce como “la sierra”, es decir, acá donde estamos, en Pasto, no tenemos problemáticas tan acentuadas como en la costa Pacífica. Si se mira el mapa, es como trazar una línea en diagonal y se ven dos realidades muy diferentes. 

Desde octubre de 2017, cuando ocurrió la masacre, han pasado varias cosas. En enero de 2018 el presidente Santos envió 11.000 hombres de la Fuerza Pública. El problema es que el territorio estuvo sin fuerza pública un año completo, desde diciembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, hasta diciembre de 2017. Cuando llega la fuerza pública se encuentra con un nuevo conflicto, porque cuando estuvo ausente hubo grupos armados que aprovecharon esos vacíos y generaron un nuevo escenario de violencia. Hoy, lo dice la misma Fuerza Pública, hay 10 organizaciones al margen de la ley que operan en el departamento de Nariño. 

Y fueron abatidos los disidentes Guacho, David… 

Sí, pero el conflicto va mucho más allá de ellos dos. Lo que ha pasado, a pesar de esos dos casos, es que el conflicto se ha agudizado y se ha escalonado. Lo que ha ocurrido es que con esas 10 organizaciones criminales incrementaron los desplazamientos, los homicidios; todo esto ha pasado cuando desde la gobernación estábamos preparando la institucionalidad para un escenario de paz. Creamos la subsecretaría de paz y derechos humanos y lo que nos encontramos es que los recursos tuvieron que  destinarse para atender fenómenos de conflicto, como desplazamientos masivos. Para mí, lo que ocurrió fue que el gobierno abandonó al departamento de Nariño en un momento clave de la implementación del Acuerdo de Paz, por eso hoy estamos ante esta situación. 

¿Lo dice también por todos los líos que ha tenido el programa para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño? 

El programa, en Nariño, ha sido completamente insuficiente. Hay una dualidad: la misma ONU dice que donde hay sustitución de cultivos la resiembra es menor al 1%. Este es un dato valiosísimo y nos muestra una ruta hacia donde ir. ¿Qué pasó en la masacre de El Tandil (la de finales de 2017)? ¿En qué contexto se dio? En el de una operación de erradicación manual, en la que, además de campesinos, también pierden la vida nuestros soldados y policías por minas antipersonal. En la erradicación forzosa, el porcentaje de resiembra es del 40%. Es claro que necesitamos empujar la sustitución de cultivos. 

Hoy, el gobierno nacional no puede mandar al traste el compromiso que tiene con las comunidades que creyeron en las promesas del Acuerdo de Paz. Nosotros apoyamos ese acuerdo, no por las Farc —eso era lo que menos importaba—, sino por la posibilidad de generar un desarrollo sostenible en nuestro territorio. Esa fue nuestra apuesta y no se ha dado. Hoy lo que tenemos es un Plan de Desarrollo de Duque, ya aprobado, que no le apuesta a la sustitución de cultivos de uso ilícito. El objetivo que se plantearon es sustituir 17.000 hectáreas, cuando estamos hablando que Colombia tiene cerca de 200.000. ¿Qué quiere decir que solo incluya 17.000 hectáreas? Que el camino va a ser otro, que puede ser el del glifosato. 

Y aquí claramente se oponen al glifosato… 

Tenemos una postura clara y es que debemos apostarle a la sustitución de cultivos, pero eso implica voluntad y recursos del gobierno nacional. ¿Por qué nos oponemos al glifosato? 

Primero porque es dañino para la salud y el medio ambiente —18 países ya lo han prohibido y el gobierno de Colombia lo aceptó cuando concilió en una corte internacional con Ecuador, cuando tuvo que pagarle 15 millones de dólares —. Segundo, no ha sido efectivo. En Nariño, desde 2005 a 2014, el gobierno fumigó el territorio con 3 millones 700 mil litros de glifosato (la vicepresidenta dice que 500 vasitos de agua no hacen daño, imagínese con 3 millones qué diría). ¿Qué pasó en este período? Las hectáreas pasaron de 13.800 a 17.200. Tercero, es más costoso. Para acabar con una hectárea de coca con glifosato se requieren 72 millones de pesos, el doble de lo que cuesta acabar con una hectárea vía sustitución de cultivos, que son 36 millones de pesos. Por eso, que alguien me responda, ¿cuál es la lógica o el negocio para que el gobierno siga insistiendo en el uso del glifosato? 

Duque vino a Nariño y le dijo a usted que la solución para el problema de los cultivos debía ser “integral”…

Lo cierto es que en el Plan de Desarrollo se comprometió a sustituir 17.000 hectáreas. Él me puede responder que va a usar todas las herramientas, pero en su carta de navegación deja la mayoría de hectáreas de coca a merced de la erradicación, que nos cuesta vidas humanas y que alcanza una resiembra del 30%. O peor: podemos quedar a merced del glifosato. 

Para mí, lo que ocurrió fue que el gobierno abandonó al departamento de Nariño en un momento clave de la implementación del Acuerdo de Paz, por eso hoy estamos ante esta situación. 

Además de Guacho, ¿qué resultados ha dejado la estrategia militar en Tumaco? Existe una sensación de “tensa calma”…

Lo que ha pasado es un escalonamiento. Las cifras de homicidios y de desplazamientos van al alza. De hecho, tememos el retorno del paramilitarismo a nuestra región. 

¿Qué rol tienen los carteles mexicanos? 

Nos hace falta  información precisa al respecto. Ahora, es cierto lo que usted dice de la tensa calma en Tumaco y tiene que ver con un pacto de no agresión de los criminales. Sí se han escuchado rumores sobre la presencia de carteles mexicanos, pero la fuerza pública no ha emitido información clara al respecto. 

Le quedan cuatro meses como gobernador. ¿Logró implementar políticas que fueron importantes en su campaña?  La cátedra futuro, por ejemplo… 

Por fortuna la cátedra futuro ha sido un éxito en el departamento, aunque no tuvimos la comprensión del gobierno nacional para invertir recursos de regalías para la cobertura total en el departamento. El 92% de nuestro plan de desarrollo ha sido cumplido faltando cuatro meses para que termine nuestro mandato. En el eje ambiental logramos que se aprobara la primera política pública animalista en un departamento. En la protección de ecosistemas se invirtieron, con el gobierno, 41.000 millones de pesos en la protección de agua y ecosistemas de nuestro territorio. Reconocimos a la naturaleza como sujeto de derechos e hicimos un acuerdo con la gobernación de Boyacá para implementar cuatro decretos. Dos de ellos fueron los siguientes: prohibir el asbesto y el plástico de un solo uso en la contratación pública de la gobernación. Hoy hacemos parte de Under 2 Coalition, una plataforma mundial que nos compromete en un nivel internacional con el medio ambiente.

¿Y la migración venezolana en Nariño? 

En los últimos tres días lograron ingresar 12.000 venezolanos por la frontera con Ecuador, de los cuales 2.000 se quedaron en nuestro territorio. La decisión del gobierno ecuatoriano de cerrarles la frontera ha impactado en nuestro territorio. Ahora tenemos dos albergues, cada uno para 700 personas, hemos estado pendientes de atenderlos porque sin duda estamos ante una crisis humanitaria. 

Pese a todo lo que me ha dicho, ¿cree que el Acuerdo de Paz se puede salvar en su fase de implementación? 

Soy optimista del pueblo colombiano, de la ciudadanía que cada día demuestra que quiere un gobierno distinto para Colombia. Esta, la democracia más antigua de América Latina, ha tenido vergüenzas históricas, como el asesinato de más de 3.000 personas de un mismo partido. Hacia 1990, digo con ironía y dolor, no tuvimos elecciones sino eliminatorias: cuatro candidatos presidenciales asesinados. Todavía hay círculos de poder que se resisten al cambio pero la ciudadanía no es la misma, hay esperanza. 

¿Qué han hecho para proteger a los líderes sociales? 

El gobierno anterior emitió unos decretos de manera caprichosa que  volvían a las gobernaciones casi corresponsables de los asesinatos de los líderes sociales. Todo con esa costumbre de descentralizar responsabilidades pero no recursos. No ha habido un solo escenario en el que me encuentre al presidente Duque y no le hable sobre los líderes sociales.  Es un tema muy preocupante  que incluso  ha llegado a instancias internacionales. Nosotros hemos seguido insistiendo en que estos asesinatos no pueden seguir pasando desapercibidos y hay responsabilidades directas de las entidades nacionales. 

¿Nariño sigue siendo un laboratorio del posconflicto, como usted decía? 

Nariño es una síntesis de Colombia: hay una dualidad muy grande, estamos en este evento de la Comisión de la Verdad que habla sobre un posconflicto, pero a la vez estamos inmersos en otro conflicto muy difícil en la costa pacífica. El gobierno, si quiere sacar adelante la paz, no puede dejar abandonado a este departamento. El año que pasó nos lo demostró.