Durante décadas, estudiantes y profesores de universidades públicas en Colombia sufrieron agresiones y amenazas por parte de grupos armados que se infiltraron en los campus. Algunos fueron asesinados por denunciar.
“Todo el que pensara diferente o el que estudiara a Marx se le vinculaba con la guerrilla. Tengo que reconocerlo: era una percepción equivocada”. Quien dijo esto es Égdar Ignacio Fierro, un exjefe paramilitar del Caribe colombiano. Comandó el frente José Pablo Díaz de las Autodefensa Unidas de Colombia entre 2003 y 2006.
Fierro habló de la violencia contra docentes y estudiantes universitarios de instituciones públicas, víctimas también del conflicto armado. Durante décadas, ellos sufrieron diferentes tipos de agresiones por parte de todos los actores armados del conflicto. Y los campus universitarios fueron escenarios de esa violencia. Apenas hoy se están escuchando los testimonios de las víctimas y revelando verdades que los victimarios guardaron por mucho tiempo.
La Universidad Nacional, la institución pública más grande del país, colaboró con la Comisión de la Verdad para esclarecer cómo el conflicto armado tocó a sus estudiantes, profesores e investigadores. Recientemente entregó el informe ‘Memorias de la Universidad Nacional y el conflicto armado (1958-2018)’. Allí están recopilados 591 casos de violencia entre los que destacan: las muertes de los estudiantes Yesid Castañeda y Darío Palma en 1974, producto de abusos policiales; el crimen contra el profesor y activista Alberto Alava, en 1982; y el asesinato del investigador Jesús Antonio Bejarano a manos de las antiguias Farc en 1999.
Resistiendo al olvido en la universidad pública: el caso de Alberto Alava
En el informe también se recopilaron archivos de prensa, investigaciones académicas y testimonios de estudiantes y docentes. Para la Nacional, este documento representa un gran paso para “tejer paz y bajarla de los escritorios a los territorios”, concluyó Dolly Montoya, rectora de la universidad, en el evento de entrega del informe.
En el periodo que abarca el documento, de 1958 a 2018, se registraron 436 violaciones a los derechos humanos dentro de la Universidad Nacional. La época más crítica fue entre el 2000 y 2010, pues casi la tercera parte de las violaciones ocurrieron en esa década. Sin embargo, también hubo una fuerte ola de violencia en la universidad en los años ochenta del siglo pasado con el estatuto de seguridad del gobierno de Julio César Turbay, que estigmatizó la protesta social; y en los años noventa con las agresiones en contra de nuevos movimientos políticos y activismos. Además, los miembros de la Facultad de Ciencias Humanas son quienes más sufrieron estas violaciones.
Por otro lado, el informe de la Nacional mostró que los agentes del Estado (la Policía, el Ejército, entre otros) son los principales responsables de las agresiones. Le siguen los grupos no identificados y los grupos paramilitares.
El conflicto en las universidades del Caribe
Al igual que la Universidad Nacional, las instituciones públicas de educación superior del Caribe compartieron su verdad con las Comisión. Universidades de Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, La Guajira y Cesar entregaron recientemente el informe ‘Conflicto en el campus: una generación que no aprendió a rendirse’.
En esa región del país, los universitarios también fueron víctimas de señalamientos y agresiones por parte de los actores armados del conflicto. Uno de los casos más recordados es el de Alonso Corrales, líder de las Juventudes Comunistas en Cartagena y dirigente estudiantil. A él lo desaparecieron en enero de 1996 y luego lo asesinaron. Encontraron su cuerpo con signos de tortura. “Nadie ha explicado qué pasó. ¿Por qué Alonso? Lo grave de esto no es quiénes ejecutaron la orden, sino quiénes dieron la orden”, contó Alfonso Cassiani, amigo de Corrales, durante la entrega del informe.
Además de Corrales, otras 85 víctimas están registradas en el informe que las universidades públicas del Caribe le compartieron a la Comisión. Estos estudiantes fueron víctimas del paramilitarismo y su infiltración en las instituciones de educación superior, la estigmatización (a muchos los señalaron de pertenecer a las guerrillas) y la persecución por denunciar corrupción dentro de sus universidades.
Sobre la infiltración de grupos armados en las universidades públicas, es necesario aclarar que tanto los paramilitares como las guerrillas estuvieron en estas instituciones. Las antiguas Farc, por ejemplo, usaron el Partido Comunista Clandestino Colombiano (el PC3) en varias universidades para hacer proselitismo y ganar adeptos a su lucha armada.
Como represalia a ese modo de reclutamiento, los paramilitares respondieron con violencia. “La orden era que todo lo que oliera a subversión había que eliminarlo. Desafortunadamente se cometieron muchos errores, se dieron órdenes de cometer homicidios sin investigaciones a profundidad”, dijo Nodier Giraldo, un exparamilitar que se desmovilizó en 2006.
Róbinson Charris, integrante del Comité Universitario del Atlántico, contó que el paramilitarismo llegó de la mano de la clase política tradicional que quería apoderarse del presupuesto que maneja la educación superior pública. Callaba a quien hablara de esto. Uno de esos casos es el de Humberto Contreras y Reinaldo Serna, estudiantes que denunciaron malos manejos en la Universidad del Atlántico. A Contreras lo asesinaron en 2001 y a Serna un año después.
“Los colombianos que están aquí, en el exilio, y que son exparamilitares han reconocido la violencia contra estudiantes y docentes universitarios. Igualmente los excombatientes de las Farc”, concluyó Imelda Daza, activista social que tuvo que exiliarse por más de 25 años. Ella agregó que es necesario que a partir de estos ejercicios se aprenda que no hay una sola verdad y que se debe conocer todas las verdades para entender lo que ocurrió en las universidades públicas. Esa violencia no se tiene que repetir.
Les dejamos los videos de los eventos de entrega de los informes:
