La conformación de la Asociación de Mujeres Renacer de Copacabana (AMUREC) ha sido víctima de la voluntad de los políticos de turno.
“Mi marido estaba trabajando y lo fueron a buscar en la finca. Como no lo encontraron ahí, lo fueron a buscar a la casa, y como no estaba, buscaron al niño para llevárselo. Nos tocó salir con los papeles y la ropa que teníamos puesta”, nos cuenta Elena González*, ama de casa, víctima del conflicto armado en Turbo, Antioquia.
Como ella, hay muchas otras mujeres que sobreviven y asumen el lugar que la violencia les otorgó. En este y otros tantos contextos, donde las armas y la guerra predominan, el rol femenino adquiere otros matices, pues si bien mantienen el liderazgo familiar, enfocan sus proyectos de vida a crear nuevas oportunidades en lo individual, y, sobre todo, a nivel comunitario. El desplazamiento forzado no sólo ha obligado a estas víctimas a empezar de cero, sino que atribuye una responsabilidad económica, social y cultural a los territorios que las reciben. Es el caso de Copacabana, conocida como la “Fundadora de los Pueblos”, un municipio receptor de víctimas situado en el departamento de Antioquia, por el Valle de Aburrá.
Está a 30 minutos de Medellín y también se reconoce como “municipio dormitorio” porque la gran mayoría de los habitantes duermen ahí, pero salen a trabajar a la ciudad.
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Según un informe reciente de la Unidad de Víctimas, en el 2018 Copacabana recibió 269 víctimas y en total, en 2019, Antioquia ha recibido 8.731 personas víctimas del conflicto. Entre ellas están Elena González y su familia, quienes salieron de Turbo, Antioquia, desplazadas por la violencia, y llegaron a La Azulita, un barrio en la parte baja de esta región.
El Enlace de Víctimas —representantes de la alcaldía de Copacabana encargados de prestar atención a las víctimas— los apoyó durante los tres primeros meses con el arriendo y pequeños mercados. “La ayuda es buena al principio, pero de ahí para adelante es difícil. Nos dejan a la deriva, sin oportunidades de trabajo, nada… La adaptación es dura. No tener una mano amiga que le colabore a uno es complicado”, asegura Elena, quien junto a un grupo de mujeres, también víctimas de la violencia, decidieron crear una asociación que hable en nombre de todas las víctimas y se manifieste en contra de esa ayuda temporal que ofrece la administración.
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—Nos conocimos en el colegio de los niños, en el mismo salón. Discutimos y nos fuimos metiendo en las cosas del desplazamiento. Cada una contó su testimonio y ahí empezamos a crear la idea de Asociación de Mujeres Renacer de Copacabana (AMUREC).
La que habla es Tania, una de las líderes de la Asociación.
Sandra, otra líder, por su parte, asegura que el objetivo principal de la organización es ayudar a las víctimas que viven en la región y también a las que llegan:
—Esto es una comunidad de víctimas que se unen por una misma causa. Hay dolor, pero también hay apoyo. Entre todas es más llevadero, claro. Y si alguien llega sin saber nada a un lugar donde nadie lo conoce, aquí estamos nosotras.
Por otro lado, Elena, la presidenta, asegura que hay otros objetivos: los de difundir derechos e intereses de la población víctima y de las mujeres.
—Queremos que se sienta que la plata se está invirtiendo, que haya cobertura en salud, educación, vivienda y en cosas culturales. Queremos, por ejemplo, fortalecer el acceso a las mujeres al trabajo urbano y rural.
Esto dice Elena. Y también dice con seguridad que su asociación se encarga de ofrecer una línea de participación en un sistema asociativo que fortalece la unificación de criterios en diferentes campos con proyección política, social, económica, cultural y ambiental; un servicio educativo de derechos humanos y emprendimientos ajustados a la Constitución. Dice Elena.
Parece ser que se trata de una organización bastante integral, un grupo que pretende implementar soluciones dinámicas e importantes para la situación actual de las víctimas. Sin embargo, esta utopía habrá que verla un poco más a fondo; ¿qué hay detrás todo este proyecto tan —al parecer— bien consolidado?
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Desde sus inicios, la Asociación de Mujeres Renacer de Copacabana ha tenido una serie de conflictos con la administración. En principio, el alcalde actual, Óscar Restrepo, del partido de la U, y su gran colega William Muriel, encargado del Enlace de Víctimas de Copacabana, ofrecieron sus servicios para acompañar y apoyar a estas mujeres en todo el tema jurídico y procesal. Necesitaban un abogado, un contador y un psicólogo para poder conformar y certificar legalmente la organización, que todo esté procediendo bajo la ley (los estatutos, la contabilidad y los temas que trabajarán).
Tuvieron que pasar, no uno, ni dos, ni tres meses, sino dos años de espera. Dos años hasta que por fin se logró conformar la Asociación:
—Es que no hay contador para ayudar, no tenemos cómo. No está la plata para apoyarlas a ustedes con el registro en la Cámara de Comercio —le repite una y mil veces la secretaria del alcalde Restrepo a las mujeres de AMUREC, dando la cara por quien nunca la ha querido dar. (Durante los dos años, ellas pidieron reunirse con el acalde, pero él no atendió a su petición).
No sorprende la falta de disposición por parte de la administración.
—¿Y el gobierno no les ayudó durante esos dos años de espera? — le pregunté a la presidenta de la Asociación.
—Ahí si me dejaste sin palabras. Si el alcalde no nos presta atención, ¿crees que el gobierno sí? —responde Elena sacando, con toda la ironía, un par de carcajadas.
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El gobierno de Copacabana, dice Patricia*, se distingue por ser parte de un linaje, desde hace más de 20 años, la familia Jímenez es dueña del poder en la región. Tres hermanas Jiménez han sido las responsables de subir al poder a sus parejas. Una de ellas tuvo una relación amorosa con el actual alcalde Óscar Restrepo, cuenta Patricia, abogada conocedora de la región.
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Un día llegó la hora de prescindir: Elena decidió buscar ayuda en otro lado y la encontró durante un taller de empoderamiento femenino. El taller lo dirigía la abogada Patricia.
—¿Por qué se interesaron en particular por esta Asociación? — le pregunté a Patricia.
—Elena vino y nos dijo lo que estaba pasando con la administración municipal actual. Además de que vimos en ella potencial para trabajar con la comunidad, pensamos que no podíamos ser ajenos ni indiferentes con todos los desprecios que había vivido como grupo —dice Patricia.
Con su ayuda en menos de 15 días sacaron la personería jurídica y conformaron la organización el pasado 21 de agosto. Luego de un acto conmemorativo para reconocer el logro, Patricia subió unas fotos del evento a las redes. Al verlas, William Muriel, funcionario del Enlace de Víctimas, institución adjunta a la alcaldía, inmediatamente reenvió una de las fotos a una de las líderes de la Asociación. Foto en la que marcó con un círculo su cara y le escribió:
“Aquí no vuelve más porque no la vuelvo a atender”.
Como quien dice “si se va para el equipo político contrario, entonces pierde la condición de víctima”.
W. Muriel negó este acontecimiento y se defendió de las acusaciones.
—En ningún momento yo tomé fotos de eso. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los demás —dijo Muriel.
—¿Y usted por qué decidió no seguir apoyándolas? —pregunté.
—Lo que pasa es que los malos manejos de ella a mi no me permitían seguir apoyándolas. Y, ¿qué optamos? Mejor las dejamos libres para que ellas continuaran otro proceso y fuera de eso empezaron a meterle política a la cuestión y terminaron del otro lado.
¿El otro lado? ¿Es seguro que ellas son las del tinte político? O simplemente encontraron una oportunidad para lograr lo que tanto querían: constituirse como asociación. ¿No son ellas más bien un grupo de víctimas que está velando por sí mismo, buscando recursos?
Contrario a lo que dice AMUREC, Muriel afirma que prestó toda la ayuda posible cuando estuvo en sus manos hacerlo. Respecto al contador que ellas tanto necesitaban, dijo que se demoró seis meses en conseguirlo:
—¿Seis meses? —le pregunto incrédula— Ellas aseguran que todo el proceso duró dos años.
—¿Dos años? No, fueron seis meses y luego ellas decidieron irse —finalizó Muriel con voz cantada y ronca.
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Aparte de ser víctimas del desplazamiento también son víctimas del desprecio y la negligencia de la administración. Terminan siendo re-victimizadas por las autoridades locales al ser consideradas como un problema. La relación con las víctimas implica una asignación de recursos y una elaboración de programas que en muchas ocasiones están en el ideal, más no dentro de su plan de gobierno.
Las víctimas del desplazamiento terminan siendo un problema para el alcalde porque tienen que solucionarles vivienda y la comida temporal. Al final, no hay soluciones de largo aliento.
¿Qué pasa después con la ayuda? Nada. No hay soluciones de fondo, soluciones definitivas.
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Por ahora, la iniciativa que ahora están liderando es el “Banco de Alimentos”: un proyecto por el cual quieren reducir el hambre y la desnutrición en Copacabana. La idea es crear un espacio para recibir donaciones de supermercados o personas con una buena condición económica. Todo lo que recojan constituirá el sustento para hacer un comedor comunitario que garantice mínimo una comida diaria a cada víctima.
—¿Cuándo piensan hacer este comedor comunitario? ¿Cuándo empieza ese proyecto a andar realmente?
—No, en este momento nos estamos reuniendo frecuentemente, estamos mirando con quienes podemos hacer esta solicitud, esperar a que nos den respuesta. Aún nada claro, no hay fecha particular —afirma la abogada Patricia.
—Los proyectos de esta asociación están totalmente ligados, dependientes de lo que ustedes como políticos les vayan a ofrecer, ¿cuál es la independencia de esta asociación? ¿Más allá de sus proyectos electorales qué proyectos defiende esta asociación, como un ente libre y autónomo?—le pregunto a Patricia.
—No… esa parte…la estamos definiendo, porque…mira, nosotros tenemos unas reuniones a las que no todas pueden asistir. Eso es algo muy nuevo, estamos definiendo las cosas, estamos en ese proceso —dice ella, con diplomática evasión.
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La independencia implica una autogestión, la cual no es fácil para este tipo de organizaciones. Y claramente, esta razón les permite a los grupos políticos aprovecharse de estas circunstancias y con estrategias aparentemente sociales las convierten en un instrumento para lograr sus propósitos políticos y económicos. Con el apoyo a estas asociaciones se pretende cultivar un interés electoral.
¿De qué sirve la conformación de una asociación así si va a seguir a la merced de la voluntad de los políticos de turno?
*Los nombres fueron modificados por solicitud de las fuentes.
