La defensa del territorio le costó la vida a este comunicador. Las amenazas y agresiones crecen en esa región del país y agravan las condiciones para el ejercicio de una labor que es oasis en medio del desierto informativo.

Por: Marcela Madrid Vergara y Mariana Escobar Roldán*

“Uno no sabe qué va a pasar acá”.

Wilmar Mosquera, periodista de la emisora Nación Nasa, repite estas palabras decenas de veces al recordar lo que pasó el pasado13 de agosto en la hacienda Quebrada Seca, de Corinto, donde murió su compañero Abelardo Liz.

“Uno no sabe qué va a pasar acá” fue la razón por la que Wilmar le pidió esa mañana a Abelardo que agarrara una cámara y se fuera a apoyarlo en el cubrimiento de la Liberación de la madre tierra. Más tarde lo llamó para confirmar si había llegado y le repitió esas palabras: “Quédese usted en ese punto y yo grabo desde acá porque uno no sabe qué pasa”.

Cuando empezaron los disparos del Ejército, Wilmar no se tiró al suelo como le recomendaron los ‘liberadores’; “Había que seguir grabando porque uno no sabía qué iba a pasar”. Como si se hubieran puesto de acuerdo, Abelardo hizo lo mismo, siguió grabando hasta que un balazo lo tiró al suelo. A pocos metros de él estaba el líder Nasa Jhoel Rivera, casi sin signos vitales.

Era el segundo día de confrontación con el Ejército en la hacienda, sembrada en caña y ubicada a 15 minutos del casco urbano de Corinto. Este es uno de los 9 puntos en el Norte del Cauca que los Nasa buscan liberar “del uso excesivo de químicos, de la sobreexplotación, del extermino de los recursos naturales para volver la tierra de nuevo fértil y armónica”, como explica Oneida Yatacué, autoridad del resguardo de Corinto.

Wilmar, Abelardo y todos los comunicadores del Norte del Cauca saben que liberar la tierra de los monocultivos, para que las familias Nasa puedan vivirla y cultivarla, tiene un precio alto. Saben que el Ejército, el Esmad y la Policía llegarán eventualmente a desalojarlos, muchas veces sin medir la fuerza. Por eso se aferran a la cámara.

Esas liberaciones están ligadas a la histórica lucha por la tierra en el Cauca, donde el 18 % pertenece a las comunidades indígenas pero solo el 57 % es cultivable, según el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana. El problema se agrava en el Norte, pues “los resguardos indígenas están hacia las montañas, en zonas de páramos o de reserva forestal donde no pueden cultivar, mientras que las tierras fértiles están en las planicies, sembradas en caña”, explica Alen Castaño, investigador del Instituto.

El guardián de la emisora

Cuando se supo, poco después de la balacera, que Abelardo Liz había muerto en el hospital de Corinto, la primera reacción del Ejército fue señalar a los indígenas de guerrilleros. “Se presentó un ataque hacia la tropa por parte de integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos (disidencias de las Farc), los cuales se encontraban camuflados dentro de la comunidad”, dijo en un video el general Marco Vinicio Mayorga.

En la sede de la emisora no acababan de digerir la noticia de que el ‘compa Abelardo’ había muerto cuando tuvieron que salir al aire a defender su nombre : “Nosotros que estuvimos en tierra y sabemos lo que sucedió, desmentimos una vez más esas mentiras de la fuerza pública. En ningún momento los liberadores ni nosotros periodistas hemos usado armas, las armas de nosotros periodistas siempre han sido las cámaras”.

La emisora perdía su guardián. Abelardo casi siempre era el primero en llegar y el último en irse de Nación Nasa estéreo, a pesar de que vivía a una hora del pueblo con su mamá. Si algún día faltaba era porque ella amanecía enferma, y su amiga Érica Hilamo recuerda lo que respondía cuando lo mandaban a descansar:

“La emisora no puede apagarse porque los medios masivos no nos van a informar”.

Érica lo vio por última vez el 7 de agosto, cuando subieron hasta la vereda de Abelardo a celebrarle el cumpleaños número 34. Ahí los estaba esperando con una torta y unos globos verde y rojo, los colores de la bandera del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca).

Esos colores que cargó con orgullo cuando hizo parte de la guardia indígena y cuando se formó en la escuela de comunicación propia también estuvieron en su despedida: en la bandera que cubrió su ataúd y en las pañoletas de casi un centenar de personas que asistieron a su velorio.

Así, el mismo día que se conmemoraba otro aniversario del asesinato de Jaime Garzón, la caravana con el ataúd de Abelardo Liz empezó su recorrido de tres días. Dejó cantos y mensajes de resistencia en la emisora, bajó hasta el punto de liberación, se plantó frente a la estación de Policía y finalmente fue “sembrado” en la vereda donde vivía con un mensaje claro:

“Quisieron apagar una voz pero muchas nacerán”.

Voces en vez de balas

Las voces de medios comunitarios indígenas que intentaron apagar y las que hoy resisten formándose en escuelas de comunicación que los cabildos han constituido la historia no oficial de Colombia, la que periódicos, radios y canales de medios tradicionales omiten o no alcanzan a registrar.

“El robo de nuestras tierras cultivables, los desalojos de nuestras tierras originarias, las amenazas a nuestra vida y autonomía, las estigmatizaciones y amenazas, las acciones de la fuerza pública y la imposición de modos de vida que no nos pertenecen. Todo eso es lo que venimos contando, porque somos testigos, y porque ante la ausencia de los grandes medios aquí, nuestras voces se vuelven la única fuente cercana y verídica de esas realidades”. Así describe el rol de la comunicación indígena Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de Comunicaciones La Voz Del Viento del resguardo de Corinto, al que pertenecía Abelardo.

Dora, quien desde hace más de una década viene fortaleciendo los espacios de comunicación del pueblo Nasa, está convencida de que, si los indígenas no cuentan lo que acontece en sus territorios, difícilmente alguien más que entienda sus procesos va a hacerlo. “Si no hubiera gente como Abelardo diciéndole al mundo lo que esta pasando, quedaría la versión del comandante del Ejército o de la Policía como la única verdad, y esa es justamente la que replican los grandes medios”, advierte. Sin embargo, la versión de los pueblos es cada vez más aplastada:

“Nuestras visiones son enemigas de lo que se pretende imponer con la fuerza de las armas”.

En eso coincide Abel Coicué, comunicador Nasa y líder en el resguardo de Huellas, municipio de Caloto. El año pasado, luego de varias amenazas relacionadas con su labor, tuvo que exiliarse en España. “A los grupos no les gustaba que yo informara cuando iban a llegar a las comunidades, porque sacaba a la gente de las casas para que se reunieran en asamblea permanente y sacaran a los armados de los territorios”, cuenta ya desde alguna vereda del Norte del Cauca, donde vive con un esquema de protección.

Abel ha visto cómo el conflicto armado se ha exacerbado en su departamento y amenaza el ejercicio del derecho a la comunicación propia. Para él, la presencia de disidencias y de bandas criminales agrava la situación que había antes de los diálogos de paz en La Habana, e incluso es peor que en 2011, cuando un tatuco —una bomba artesanal con destino errático— fue lanzada por la entonces guerrilla de las Farc, alcanzó su vivienda en la vereda El Credo y provocó la muerte de su hija de 11 años, Maryi Vanessa Coicué.

“El ambiente es más tenso, crecieron las amenazas y las acciones violentas de los armados, y el asesinato del compañero Abelardo es prueba de ello. En esas condiciones es muy difícil hacer una denuncia”, añade.

A esas difíciles condiciones de seguridad se suman el desconocimiento por parte del Gobierno del valor que tiene la comunicación indígena. Así lo cree Jonathan Bock, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Según dice, la falta de entendimiento es tal que, en el caso de Abelardo, las autoridades deslegitimaron su labor diciendo que el comunicador no estaba haciendo reportería sino activismo, cuando en realidad su ejercicio y el de los periodistas indígenas en general es “ser un oasis donde hay desiertos de información”.

Bock también coincide en que el escenario para los medios comunitarios indígenas ha empeorado: “Las autoridades estatales salen a hacer señalamientos que deslegitiman la comunicación indígena, y van más allá y siembran dudas de si los comunicadores pertenecen a grupos ilegales o si vandalizan las protestas. No hay repudio colectivo cuando atentan contra ellos, y sus asesinatos quedan registrados como hechos que ocurrieron en un lugar muy muy lejano”. En últimas, agrega, la indiferencia del Gobierno termina generando impunidad, agranda un círculo vicioso de censura a los medios indígenas y le suma ingredientes negativos a la situación más grave de todas para ese contexto y para la democracia: el asesinato de periodistas.

Sin condiciones materiales

Pero los obstáculos para los medios comunitarios indígenas van más allá de la violencia. Abel Coicué ve con preocupación que la infraestructura de las radios comunitarias indígenas es cada vez más precaria, los incentivos del gobierno son inexistentes y han tenido que cerrar espacios por las dificultades para pagar el uso del espacio electromagnético.

De hecho, la emisora a la que pertenecía Abelardo tiene una sanción económica de la Agencia Nacional del Espectro porque carecen de una licencia. Para Dora Muñoz, quien coordina ese espacio, el tema de la licencias no es más que un obstáculo para que los pueblos indígenas ejerzan la comunicación y el derecho propios. “Nos quieren reglamentar desde la legislación externa, cuando nuestro cabildo, en asamblea con la comunidad, fue el que decidió que necesitábamos una emisora propia para contar nuestras realidades, pero la Agencia y el Ministerio de las TIC nos dicen que eso no es válido y que debemos someternos a su legislación. ¿Dónde queda nuestra legislación y nuestros derechos especiales?”, se pregunta.

De fondo, lo que ocurre es que, si bien en Colombia existe una política pública de comunicación indígena, esta “solo está en el papel y no tiene implementación en el territorio”, afirma el subdirector de la Flip. Y es que aunque la intención de ese documento es loable, apunta a problemas estructurales y podría mejorar las condiciones de los espacios de comunicación indígena, requiere de voluntad política para reflejar resultados. Sin embargo, agrega Bock, lo primero que tiene que pasar es que el Gobierno y luego la sociedad no vean a estos espacios como enemigos, sino como espacios valiosos que mantienen vivo el tejido local y que vigilan lo que el país ha dejado en el olvido.

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*Marcela es comunicadora social y periodista. Trabajó en Funcicar, en la Fundación Gabo y ha colaborado para medios nacionales con historias sobre temas rurales y de derechos humanos, especialmente desde Cartagena y Montes de María. Trabaja en Dejusticia. La pueden leer acá.

Mariana es periodista y estudiante de maestría en Salud Pública. Pasó por las redacciones de El Espectador, El Tiempo y El Colombiano. Hoy está del lado de los derechos humanos en Dejusticia. La pueden leer acá.