En tres días se llevó a cabo la visita de los 15 embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Se reunieron con el Gobierno y visitaron a los excombatientes y los líderes en uno de los ETCR en el Cauca.
La segunda visita del Consejo de Seguridad de la ONU a nuestro país acaba de terminar. Del 11 de julio al 14 se llevaron a cabo las reuniones programadas con los distintos actores del Acuerdo de Paz. de las que participaron los miembros permanentes del Consejo (EEUU, China, Francia, Reino Unido y Rusia) y también los embajadores de los países como Perú, Bélgica, Costa de Marfil, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Alemania, Indonesia, Kuwait, Polonia, Sudafrica.
La visita estuvo liderada por Gustavo Mesa-Cuadra, presidente actual del Consejo de Seguridad y embajador peruano en la ONU y, el embajador adjunto del Reino Unido, Jonathan Guy Allen. Según Mesa-Cuadra, la visita estuvo articulada a las preocupaciones que ha venido manifestando el organismo multilateral con respecto a la situación de inseguridad que viven las víctimas del conflicto y los excombatientes.
La visita
Esta visita es parte de la Misión de Verificación de la ONU, un mecanismo aprobado por la ONU para hacer seguimiento al proceso de paz y corroborar su cumplimiento. La Misión trabaja en Colombia desde el 26 de septiembre de 2017, cuando fue aprobada por en unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, tras la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.
Si bien la duración de la Misión es de un año, está estipulado en el decreto que lo aprueba (Resolución 2366 de 2017) que el Gobierno puede solicitar la extensión de la misión con disposición de ambas partes. Motivo por el cual, se extendió de septiembre del 2018 hasta este año.
El objetivo de la Misión durante estos dos años, básicamente se resume a velar por el cumplimiento de los puntos 3.2 (reincorporación a la vida civil de los excombatientes) y 3.4 (garantías de seguridad de los exguerrilleros y las víctimas del conflicto) del acuerdo. La Misión de la ONU tiene como deber exigir al Estado colombiano el cumplimiento de cada uno de los puntos acordados. El consejo de seguridad, a pesar del panorama tan grave, parece optimista sobre los compromisos de este Gobierno.
Luego de dos años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, la violencia se ha desbordado en las zonas históricamente afectadas por el conflicto. El motivo radica en que otros actores armados han tomado el lugar dejado por la exguerrilla en los territorios. Y el Gobierno nacional no ha logrado manejar la situación que cada día se sale de control. Por ejemplo, desde el primero de diciembre de 2016, cuando comenzó a implementarse el Acuerdo de Paz, han sido asesinados 207 líderes sociales, según el registro de ¡Pacifista!. También, como antes advirtió la ONU, en Colombia este año han sido desplazadas cerca de 5.000 personas.
Las cinco claves
Aunque no es la primera vez que hay una vista del Consejo de Seguridad, sí es la primera vez que visita los territorios de reincorporación de exguerrilleros y conoce de primera mano cómo ha estado funcionando la ejecución del Acuerdo Final. También, es importante resaltar el optimismo de los representantes de la ONU y el compromiso demostrado por el Gobierno frente al organismo multilateral.
Por otro lado, el presidente Duque solicitó la extensión, por otro año, de la misión de verificación. Así mismo, parece haber quedado claro que lo más preocupante hoy es el asesinato sistemático de los líderes y la falta de garantías de seguridad en los territorios. Finalmente, hay que decir que el Consejo de Seguridad escuchó las peticiones de senadores y otros representantes del Estado que piden más respaldo para el tribunal de la JEP.
¿Duque sí dio las cifras reales?
La llegada del Consejo de Seguridad fue atendida por el presidente Duque. Estaba programada una reunión privada en la cual se discutirán los principales retos que enfrenta el proceso de paz. Sin embargo, fue muy extraño que durante esta reunión no se encontrara presente el consejero de paz, Miguel Ceballos, quién fue el vocero del Gobierno en el congreso por las objeciones a la JEP. Según sus funciones, debía ser él quien atendiera tal reunión del más alto nivel. Sin embargo, estuvo presente el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila.
El presidente Duque, de entrada, quiso hacer evidencia de “los esfuerzos del Gobierno por sacar adelante los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”. También, mencionó los proyectos productivos que han adelantado algunos excombatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Según el Gobierno, han crecido de dos, cuando inició el mandato, a 25 que existen actualmente.
Sin embargo, como informó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y ha denunciado el partido Farc, realmente se han desembolsado dineros para 17 proyectos. Entre esos, algunos no han recibido el dinero necesario para ejecutarse. Así mismo, solo el 9.4% de los excombatientes han accedido a dichos proyectos. Es decir, de los más de 13mil ex guerrilleros, solo 1.244 han accedido a estos incentivos.
El presupuesto de la JEP no se verá reducido
En la reunión que contó con los senadores y los representantes del Sistema integrado de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, explicó que el presidente Duque le había hecho saber que no se efectuaría el recorte del 30% del presupuesto anunciado anteriormente por el Ministerio de Hacienda. Esta información, dijo la magistrada, le fue personalmente notificada por el presidente Duque.
Durante la reunión se discutieron los grandes vacíos de la implementación del Acuerdo de Paz señalados por los representantes del Estado colombiano. El senador Iván Cepeda aseguró durante la reunión que: “existe una gran preocupación sobre lo que se debe hacer desde la comunidad internacional para garantizar la continuidad de la JEP y el sistema de verdad, justicia y reparación”.
El partido Farc, por su parte, reiteraron sus preocupaciones antes ya comentadas al Consejo de Seguridad en la carta enviada hace tres meses, en la que denunciaban, entre estas problemáticas, la falta de cumplimiento y apoyo por parte del gobierno de Duque.
La situación de los líderes y las víctimas
Si bien Duque asegura que se ha hecho todo lo posible por garantizar la seguridad de los líderes y los exguerrilleros con el Plan de Acción Oportuna (PAO) y con las medidas de reacción en los territorios, este ha sido uno de los hechos más cuestionados al Gobierno por parte de organismos internacionales y por la sociedad civil.
Recientemente se han conocido casos de líderes amenazados que denuncian negligencia por parte de la Unidad de Protección Nacional (UPN), si bien porque no tienen escoltas asignados o porque las medidas de protección que les proveen no son efectivas.
¡Pacifista! informó en enero que la UPN atravesaba un momento de crisis por un supuesto caso de corrupción al interior de la institución, que no solo estaría detrás de dinero y contratos, sino que mucho peor, estaría filtrando información sobre los mismos líderes que debían ser protegidos. La entidad cuenta hoy con un déficit de 270.000 millones y una saturación de solicitudes de protección que no se atienden oportunamente, como ocurrió en el caso de los líderes Santa Felicinda Santamaría, del Chocó, y Luis Barrios Machado, del Atlántico.
La visita a un ETCR en el Cauca
La delegación recorrió la vereda de San Antonio de los Monos, en Caldono, Cauca. Un territorio de reincorporación en el cual han prosperado los proyectos productivos que mencionó el Gobierno. Aquí se encuentran actualmente 175 adultos y 35 niños. El espacio es amplio y cuenta con una biblioteca y una planta de tratamiento de agua.
Sin embargo, los excombatientes argumentaron que con los proyectos productivos no era suficiente, pues sus vidas corrían riesgo y podían ser asesinados en cualquier momento. Los embajadores estuvieron todo el día conociendo este ETCR, uno de los pocos que han sido financiados adecuadamente. “Hemos intercambiado con ellos opiniones, nos han presentado también su visión de cómo viene desarrollándose la implementación del proceso de paz en una zona que sufrió mucho con la violencia pero que ahora se nota cada vez más pujante con iniciativas de tipo comunitario y económico”, fue lo que dijo Gustavo Mesa, luego de su visita.
Entre los proyectos presentados a los delegados, se mostró la tienda de artesanías llamada “Hilando la Paz” y un proyecto de producción agropecuario en el que se están cultivando tomates de árbol para la distribución por todo el país. Sobre estos proyectos, la delegación se sintió optimista y manifestó que era evidente la forma como los exguerrilleros se estaban reintegrando a la vida civil en el campo.
La extensión de la Misión de Verificación de la ONU
Finalmente, Duque aseguró que le había hecho entrega al presidente del Consejo de Seguridad, Gustavo Mesas, una carta en la cual expresa su deseo de extender la Misión de Verificación por otro año más. Esto, para trabajar conjuntamente con la ONU en la consolidación del acuerdo. El presidente del Consejo de Seguridad, a su vez, respondió que se hará una revisión de la solicitud una vez terminada la visita en la sede de la ONU en New York.
El próximo 19 de julio el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, presentará un informe en el cual dará cuenta de los avances y los desafíos reales a los cuales se enfrenta el proceso de paz. En ese informe serán tenidos en cuenta todas las peticiones y apreciaciones hechas por la sociedad civil y por ambas partes que pactaron el acuerdo.
Marcela, una excombatiente que vive en este ETCR de Caldono, aseguró preocupada que: “Pueden haber avances, podemos hacer relaciones comerciales con nuestros productos. ¿pero quién nos garantiza la vida? Cultivando nos pueden venir a echar pistola, sacando los productos nos pueden echar pistola, en nuestras casa nos pueden echar pistola… Es lo que está pasando en el Cauca y el resto del país”.
