La llegada de la guerrilla a Conejo, corregimiento de Fonseca, abre grandes interrogantes en torno a temas cruciales para la paz.
Justo ahora, cuando se supone que las delegaciones del Gobierno y las Farc aprietan el paso en La Habana para llegar a la firma del acuerdo final, la guerrilla dio un paso en falso y puso a tambalear el respaldo de la opinión pública al proceso de paz. Sin autorización oficial, tres negociadores de las Farc llegaron hasta el corregimiento Conejo (La Guajira) y protagonizaron un acto político para hacer pedagogía sobre el proceso de paz y buscar apoyo a su propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente.
Como si fuera poco, los jefes de las Farc recorrieron Conejo escoltados por guerrilleros armados, lo que generó un fuerte rechazo en redes sociales y robusteció dos de las hipótesis de los opositores a la negociación: que las Farc van a hacer política con los fusiles al hombro, y que el Gobierno les va a “entregar el país a las Farc”.
Por eso, pocas horas después de que estallara el escándalo, el presidente Juan Manuel Santos canceló “las visitas de los delegados de las Farc a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos” y el jefe negociador Humberto de la Calle le pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los países garantes (Cuba y Noruega) que tomen las medidas necesarias para que esos jefes guerrilleros regresen a La Habana.
Nadie, al menos públicamente, se explica por qué en este punto de la negociación la guerrilla decidió desafiar al Gobierno y despertar toda clase de suspicacias. Según De la Calle, las reglas de juego para las visitas de los negociadores de las Farc a Colombia estaban claras desde que arrancaron, en 2014: el objetivo de sus viajes era explicarles a los guerrilleros cuáles eran las decisiones que se habían tomado en la mesa de conversaciones y no podía haber trato con la población civil.
Sin embargo, la delegación insurgente decidió saltarse esa regla y revivió el recuerdo de la zona de distensión que decretó el presidente Andrés Pastrana en 1998, en la que retiró la presencia de las Fuerzas Armadas en cinco municipios de Meta y Caquetá, que quedaron bajo el control de la guerrilla. Más tarde, las autoridades establecieron que las Farc usaron esa zona de despeje para ampliar sus finanzas y continuar su expansión militar.
Con ese referente, no pocos interrogantes surgen de lo ocurrido en Conejo. El corregimiento está en inmediaciones de la Serranía del Perijá, una zona de retaguardia de las Farc y un área estratégica para el contrabando y el tráfico de drogas y armas con Venezuela. Muchos se preguntan dónde estaba el Ejército cuando los guerrilleros armados y uniformados llegaron hasta el pueblo, y si las Farc están aprovechando el desescalamiento del conflicto para sacar ventaja en zonas de frontera.
A ello se añade la preocupación por el futuro de las eventuales zonas de concentración a donde se trasladarían los combatientes para poner en marcha el cese bilateral del fuego y la posterior dejación de armas. Hasta ahora, algunos sectores habían especulado sobre la posibilidad de que las Farc hagan “proselitismo armado” en esas áreas y coaccionen a los pobladores para obtener réditos políticos, una opción que el Gobierno ha negado rotundamente.
Incluso, al tiempo que “Iván Márquez” y los demás estaban en La Guajira, De la Calle aseguraba en el foro “El futuro de un país en paz”, organizado por la Universidad del Rosario y el diario El Tiempo, que “no habrá armas en manos de las Farc, ni combinación de formas de lucha”.
El episodio de Conejo dejó la impresión de que esa combinación está latente y prendió las alarmas por la posible presión de las Farc para que las comunidades de las zonas bajo su control apoyen la constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos. Particularmente, porque durante su estadía armada en ese corregimiento la guerrilla repartió una cartilla en la que se defiende la constituyente y se deja en claro que lo que se busca con ella es la seguridad jurídica de lo pactado.
En el documento se lee: “que los gobiernos venideros, el Congreso de la República y los grupos de presión, alentados por el militarismo o la burguesía enemiga de la paz, no puedan torcerle el brazo a este esfuerzo enorme, que ya casi es una realidad en la búsqueda de la paz. Y ese mecanismo de refrendación se llama Asamblea Nacional Constituyente”.
El presidente Santos había dicho durante el foro de la Universidad del Rosario que “las Farc buscan hacer la revolución a través de una asamblea constituyente, y por eso nosotros hemos dicho que lo único que hay es un plebiscito”. Según Santos, la asamblea podría “borrar todos los acuerdos a los que se ha llegado y comenzar a negociar un acuerdo nuevo”.
De otro lado, llama la atención que la cartilla que se repartió en Conejo estuviera acompañada de los logos de organizaciones como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc), entre otras.
Para nadie es un secreto que comunidades que integran esos colectivos han convivido durante décadas con las Farc y que comparten algunos de sus planteamientos, pero resulta peligroso, cuando menos, que la guerrilla suministre públicamente material elaborado o respaldado por esas organizaciones. No sólo porque se presta para suspicacias, sino porque pone en grave riesgo a los integrantes de éstas últimas.
Al final, las Farc terminaron por clavarse su propia estaca. El hecho de que, de ahora en adelante, no puedan socializar los acuerdos entre la tropa las perjudica y afecta la claridad y la cohesión de sus militantes en torno al proceso de paz.
Aún se desconoce qué efectos tendrá la osadía de la guerrilla en el tire y afloje de la mesa, sobre todo cuando quedan asuntos tan delicados por definir como el Fin del Conflicto y la Implementación, Verificación y Refrendación. Lo cierto es que el Gobierno y los países garantes tendrán que ajustar los mecanismos de coordinación y monitoreo para evitar este tipo de situaciones, que lo único que hacen es lesionar la credibilidad del proceso.
