Campesinos, indígenas, líderes sociales y militares han perdido la vida en las últimas semanas.
- Viernes, 20 de octubre: En Miranda, Cauca, un hombre asesina con arma de fuego a Henry Meneses Ruiz, excombatiente de las Farc. La Policía Nacional informa que el principal sospechoso del crimen es otro excombatiente de la misma guerrilla, concentrado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monterredondo, en el mismo departamento.
- Sábado, 21 de octubre: En la vereda Salto Gloria, jurisdicción del municipio El Retorno, Guaviare, asesinan al patrullero Segundo Octavio Católico Camacho, suscrito a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (Dicar). Fallece por cuenta de un explosivo accionado al paso de la patrulla en que se movilizaba.
- Domingo, 22 de octubre: En la zona rural de Jamundí, Valle, el soldado Diego Fonseca pierde la vida durante una emboscada que hombres armados le tienden a miembros del Ejército y del CTI de la Fiscalía. Adelantaban operaciones contra el narcotráfico en la zona, muy cerca de la vereda La Cabaña, donde las autoridades han denunciado la presencia de un grupo residual de las Farc, comandado por alias El Enano y alias El Burro.
Hoy es lunes 23 de octubre, y lo ocurrido el fin semana que acaba de terminar nos recuerda que Colombia vive el mes más violento desde que el Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo de paz, hace ya casi un año en el Teatro Colón de Bogotá.
Basta ver las noticias de la últimas semanas: el 5 de octubre en Tumaco murieron abaleados siete campesinos en hechos todavía sin esclarecer durante una protesta contra los programas de erradicación de cultivos de la Policía Antinarcóticos. El lunes pasado fueron asesinados dos indígenas awá, también en Tumaco, en un atentado cometido por desconocidos. Al día siguiente, en el mismo municipio, le quitaron la vida al líder afro José Jair Cortés.
Cortés forma parte de un grupo de siete líderes sociales que han sido asesinados en Colombia desde el primer día de este mes. Le faltan nueve días para que termine, pero ya le sobran suficientes tragedias. Si a todas las muertes encunciadas sumamos el homicidio de seis excombatientes de las Farc que los líderes de la guerrilla han denunciado en El Charco, Nariño, cometidos al parecer por disidentes de la región, y el caso del patrullero muerto en Guaviare, llegamos a una cifra apabullante: veintitrés muertos en los veintitrés que han corrido del mes.
Veintitrés vidas que se apagaron en razón de un conflicto que supuestamente se acaba. Es hora de mirarnos a nosotros mismos como país, de entender que vivimos un octubre negro y aceptar que son urgentes las acciones para que la violencia no continúe.
No se trata únicamente de las vidas perdidas. Los problemas de este octubre, reflejo de las dificultades del posconflicto, van más allá de esto. El pasado viernes, por ejemplo, en ¡Pacifista! informamos sobre la noticia de que 150 excombatientes de las Farc, concentrados en ETCR de La Variante, en Tumaco, se marcharon de la zona sin dar explicaciones.
La retirada de los hombres, según sugirió alias Romaña, líder de La Variante, se produjo tras un operativo de la Fuerza Pública que terminó con la captura de Tito Aldemar Ruano, quien residía en dicho ETCR y sobre quien pesan cargos por narcotráfico. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz lo había sacado del listado de los excombatientes al acusarlo de ser un “narco colado”, pero los voceros de la guerrilla le atribuyen a él una trayectoria de más de veinte años en su movimiento.
Veintitrés vidas se apagaron en octubre en razón de un conflicto que supuestamente se está acabando
Más allá de las versiones encontradas, que 150 hombres se hayan esfumado muy cerca de donde el Gobierno ha ubicado a la disidencia fariana de alias Guacho suena muy mal. Y suena peor cuando es justamente este bloque emergente el que Policía y el Ejército, sin mayores pruebas, acusan de estar detrás de la muerte de los siete campesinos cocaleros de Tumaco y de la oleada de violencia en la zona.
Por eso es difícil no pensar que el Estado ha fallado en darle respuesta a este problema que comenzó a parecer en julio de 2016, cuando el Frente Primero se desligó del proceso de paz y dio pie a que estas escisiones se replicaran en otras regiones del país tradicionalmente con presencia guerrillera. De hecho, hoy el propio Gobierno reconoce la existencia de estas pequeñas estructuras en siete departamentos, con un total aproximado de 400 hombres.
El vicepresidente, Óscar Naranjo, aseguró el pasado septiembre, antes de los hechos de Tumaco, que la Fuerza Pública adelantaría una “operación implacable” contra estos grupos. Pero octubre ya tiene sus veintitrés muertos encima, y aún no se nota un debilitamiento de las disidencias, ni de las bacrim. Por su parte, el Gobierno sigue en las mismas: señala a grupos vinculados precisamente con disidencias o bacrim de cuánto hecho violento ocurre en el país.
Lo más grave es que, en el caso de los campesinos de Tumaco, la comunidad no cesa de señalar a los policías de ser quienes abrieron fuego durante la protesta y de las muertes que vinieron después. Esta desde ya, y que valga la ocasión para decirlo, es una verdad que el futuro nos debe a todos los colombianos. Un futuro, ojalá, muy cercano.
Por eso es difícil pensar que Colombia está camino a la paz cuando todo esto ocurre, cuando a pesar de la firma del acuerdo de paz, el Estado persiste en su incapacidad de llegar a las regiones no solo con el monopolio de la fuerza, sino también con alternativas sociales y educativas, cuando los líderes sociales aún no pueden apartarse del miedo y de los asesinatos.
Es difícil pensar que Colombia está camino a la paz cuando todo esto ocurre
Si el problema de las disidencias hoy también toca a los excombatientes como al parecer ocurrió en El Charco, entonces que sean también los antiguos líderes guerrilleros quienes ayuden en el propósito de desarticularlas, que den información sobre las rutinas que usaban cuando la guerra los unía en el mismo bando y que sepan que si decidieron dejar las armas es deber de ellos poner su cuota en construir paz.
Los esfuerzos deben también venir de parte del Gobierno. Las últimas semanas dejaron muy claro que la erradicación de cultivos, sin un plan de subsistencia alternativo para las familias campesinas, es una política inviable. Asimismo es fundamental que el Estado aprenda que no es necesario esperar a las tragedias para actuar. Naranjo acaba de anunciar un refuerzo de 6.000 uniformados para Tumaco, acompañados de mayor inversión social, pero quizá si esa medida hubiera tenido lugar meses atrás, no estaríamos atravesando la crisis que trajo octubre. En Tumaco los problemas no nacieron ayer, ni la semana pasada.
Necesitamos que haya resultados, que la muerte cese y que la paz deje de ser una ilusión para convertirse en realidad. El componente más cruel de lo que Colombia vive hoy por hoy es que, a veces, incluso esa esperanza se debilita. No queremos que desaparezca.
