La licencia de exploración petrolera cerca de Caño Cristales fue suspendida por el presidente. Es una región marcada por la presencia de las Farc y el despliegue militar.
Que son 68 kilómetros de distancia entre Caño Cristales y el punto más cercano de la exploración petrolera, que el parque y el río están por fuera de la zona de la licencia y que no se tocarán sus cuerpos de agua. Esos fueron los argumentos que utilizó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para tratar de bajarle el tono a la polémica que se abrió por la autorización que le otorgó a la firma Hupecol para iniciar perforaciones en búsqueda de petróleo en un área de 30 mil hectáreas entre los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).
Y aunque el presidente Juan Manuel Santos ordenó el jueves en la noche suspender la licencia, ambientalistas, habitantes de la región y hasta las propias autoridades locales alcanzaron a mostrar su preocupación por el impacto que puedan tener esas actividades en uno de los principales patrimonios naturales del país, a muy poca distancia del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. El conflicto medioambiental que se libra hoy tiene como antecedente la guerra que echó raíces en esa zona, con todo y su río de los cinco colores.
La historia de La Macarena no empieza ni termina con las Farc, pero en esa región la guerrilla avanzó como en ninguna otra en su propósito de reemplazar al Estado. Por más de cuatro décadas la colonización campesina se desarrolló de la mano de las armas y fue allí donde se consolidó el poder del bloque Oriental. Durante los 90, esa estructura, al mando de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, fue considerada el bloque más fuerte de las Farc, al menos en lo militar.
A la par que crecía el poder de la guerrilla, sus relaciones con las comunidades la fueron convirtieron en la “autoridad” en el territorio. Allí se atribuyeron funciones como el cobro de impuestos, peajes y hasta la justicia civil, como la imposición de multas por el daño que cualquier particular le causara a la biodiversidad de la Sierra de la Macarena.
Así, esa tierra de colonización se convirtió durante décadas en un fortín para la guerrilla y es hoy en una de las regiones con mayores retos para el escenario de posconflicto que se construirá luego del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Y es que el eventual desmonte de las Farc en la región, —hasta hace algún tiempo fuentes militares aseguraban que el bloque Oriental podría contar con 3.500 combatientes— no podría reducirse solo a un acto de desmovilización y entrega de armas. Precisamente, la suplantación del Estado que consiguió esa guerrilla y las relaciones que tejió con las comunidades son algunos de los grandes desafíos que deberán enfrentar las instituciones.
La guerra contra las Farc
El dominio que la guerrilla ejercía en la zona empezó a verse afectado con la puesta en marcha de las grandes intervenciones militares que se inauguraron con el Plan Patriota. De ser la zona de despeje para los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, esa región pasó a convertirse en el epicentro de una de las acciones contrainsurgentes más grandes en la historia de Colombia. Fueron cerca de 20 mil soldados los que, progresivamente, se tomaron parte de los departamentos de Meta y Caquetá para disputarle su hegemonía a las Farc.
La segunda fase de ese proceso llegó con el Plan de Consolidación, que durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe le sumó otros ingredientes al del aumento del pie de fuerza. Ahora, además de la presencia militar, esa política contemplaba la inversión social y el fortalecimiento de las instituciones locales y del aparato de justicia.
En 2013, la Fundación Nuevo Arcoíris presentó un informe sobre La Macarena y, entre sus conclusiones, aseguró que hubo una mejoría de las condiciones de seguridad y un aumento en el grado de aceptación del Estado entre los pobladores. Sin embargo, también concluyó que persistían dificultades en la participación comunitaria, en el acompañamiento y en la asistencia técnica a proyectos productivos, y en la titulación de la tierra. Dijo, además, que continuaba la estigmatización de pueblos enteros, que habían sido tildados de guerrilleros.
Nuevo Arcoíris afirmó entonces que las marcas que había dejado la guerra en esa región exigían que la consolidación se hiciera en clave de paz y no en clave de guerra. Solo de esa forma se podría avanzar con el fortalecimiento del Estado en una región que durante casi 50 años estuvo aislada por una frontera imaginaria que separaba el país de las Farc del resto de Colombia.
¿La paz del petróleo?
Las huellas de la guerra en La Macarena se perciben, por ejemplo, en los cientos de cuerpos que se presume están enterrados en esa sección del país. Ese municipio fue elegido, junto a otros ocho, para desarrollar el plan de búsqueda de personas desaparecidas acordado en La Habana. Solo en el cementerio de esa localidad, la Fiscalía exhumó a principios de 2016 los cuerpos de 66 personas sepultadas como NN.
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Pero a esos pasos, que apuestan por esclarecer la verdad de lo que ocurrió en la región, se suma ahora el debate sobre la forma como la inversión extranjera y las actividades extractivas de las multinacionales se relacionan con el reto de construir la paz.
En diálogo con !PACIFISTA!, el senador Antonio Navarro Wolff cuestionó la licencia otorgada por la ANLA y aseguró que ese permiso contradice el propósito de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de La Macarena. “Esa es una decisión absolutamente inaceptable. Eso no construye paz, no construye país, no construye futuro, no construye nada”, dijo.
Agregó que en los próximos días citará a un debate de moción de censura contra Fernando Iregui Mejía, director de la entidad, porque, según él, “no se puede permitir” la puesta en marcha de una acción que atente contra la biodiversidad de esa región.
De ahí que, aunque La Macarena cuenta con una fuerte presencia de las Fuerzas Militares, siga siendo un territorio en disputa y del mayor interés para actores legales e ilegales. Será en lugares como ese donde, de acuerdo con lo pactado en La Habana, tendrán que implementarse nuevos mecanismos de participación política y otras formas de gestionar los conflictos y ordenar el territorio.
