Empezamos el 2020 como acabamos el 2019: con líderes sociales asesinados por defender causas directamente relacionadas con los Acuerdos de Paz de La Habana.
El año empezó mal para el liderazgo social y para los defensores de Derechos Humanos. Sin embargo, los meses anteriores no han sido precisamente buenos. En ¡Pacifista! hemos venido siguiendo la masacre que vive el pueblo indígena del Cauca desde al menos hace 6 meses. Por lo menos, 76 personas han muerto hasta el día de hoy solo en el departamento del Cauca. De ellos, 45 eran indígenas. Los reportes son de Medicina Legal, y todos son víctimas de homicidio.
De estas cifras que son preocupantes, resulta aún peor que la mayoría de los asesinados son Guardias Indígenas o personas que han estado defendiendo la autonomía indígena y la tierra indígena de los grupos armados. Como ellos, han muerto otras decenas de líderes. Este 2020, se ha contado al menos uno por día. Indepaz reveló que son 17 (para hoy 18) las personas que han sido asesinadas y ejercían liderazgo en sus comunidades. De estos 18, hay 5 que fueron asesinados en el Cauca y 4 en Putumayo.
Por eso, nos preguntamos nuevamente ¿Cuáles son las causas que este 2020 siguen amenazadas? A continuación les presentamos los casos y las problemáticas que reflejan estos crímenes que cada día desmoronan el Acuerdo de Paz.
La masacre continúa en el Cauca
Las victimas son 4: Cristian David Caicedo, en Guapi, Cauca (3 enero); Virginia Silva, en Páez, Cauca (7 de enero); Amparo Guejia Mestizo y su hijo Juan Pablo Dicué Guejia, en Caloto, Cauca (11 enero). Jaiber Alexander Quitumbo, en Toribio, Cauca (13 enero).
La ONU, se pronunció ayer, denunciando lo que es insostenible: un muerto al día. “Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia durante el año 2019”, dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra.
La muerte de Jaiber Quitumbo explica muchas cosas. El Guardia Indígena de 30 años se encontraban realizando labores de control territorial en una finca lejana del casco urbano, fue interceptado por hombres armados quienes lo asesinaron sin mediar palabra. La problemática esta ahí, los indígenas del Norte del Cauca se han organizado porque no pretenden ceder antes las presiones de los grupos armados que buscan sus tierras, y su gente, para cultivar mariguana y coca.
El director de Indepaz, Camilo González Posso, fue uno de los primeros en activar alarmas este año. Llamó la atención de las autoridades para que de manera decidida se implemente una política de paz que proteja a los líderes sociales, una petición que también expresó el paro 21N. Además, aseguró que: “Defendamos la Paz está llamando al relator especial de genocidio para que se haga presente en Colombia y hay un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Según un informe publicado hace unos meses por la Fiscalía, que da cuenta del panorama de las disidencias de las Farc y sus lugares de influencia, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son “una bomba de tiempo”. O lo eran, porque todo ha estallado hace rato. La Fiscalía ha identificado a ocho estructuras de disidentes que, sumadas todas, dan cerca de 250 hombres que se movilizan por esa zona y que han hecho control territorial por donde solía estar el frente 40 de las Farc.
Esta zona es muy apetecida por ser un corredor estratégico hacia el Pacífico, por donde despachan la droga. Pero también porque ha aumentado considerablemente el número de hectáreas de coca sembrada que sirve para enriquecer el negocio del narcotráfico.
En el norte del Cauca, después de la firma del Acuerdo de Paz, se fortaleció la disidencia del frente 6 de las Farc, que pasó de tener 40 integrantes a más de 100. En esta zona también entraron en disputa las guerrillas del ELN y el EPL. Estos enfrentamientos, como lo contaba la FIP, no son cosa menor: “La disputa por los corredores estratégicos que se forjan desde el norte del Cauca y el sur del Valle (Jamundí) hacia el río Naya y su desembocadura en el Pacífico, han generado una ola de enfrentamientos en las primeras semanas de 2019 entre el EPL y las disidencias. Las comunidades de Corinto y Toribío han sido las principales afectadas”.
Los líderes campesinos de PNIS en Putumayo
La del Putumayo fue otra bomba de tiempo que explotó ante los ojos impávidos del Gobierno. Fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque se advirtió hace varios meses que grupos de Autodefensas Gaitanistas y Disidencias estaban ocupando y disputándose los territorios, amedrentando a la gente y buscando aumentar el número de hectáreas cultivadas de coca. El segundo, relacionado con el anterior, tiene que ver con los incumplimientos del Gobierno frente al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y la desprotección (o maltrato) del ejercito en las zonas más profundas.
En menos de 24 horas fueron asesinadas esta semana cinco personas en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo. El primer crimen fue contra la líder social Gloria Ocampo, de 37 años, a quien sicarios en moto le dispararon frente a su esposo e hija. Ella lideraba y apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la vereda La Estrella, era también secretaria de la Junta de Acción Comunal
A ella, le siguieron en la vereda Caño Sábalo, Óscar Quintero, y con pocos minutos de diferencia, en la vereda El Mango, Gentil Hernández Jiménez; los dos dedicados a las labores del campo. Paralelo a ello, por amenazas en su contra, Arturo Tovar Collazos, quien es el presidente del núcleo veredal Buena Esperanza y militante de Marcha Patriótica, tuvo que huir junto con su familia (con el apoyo de la Fuerza Pública), según denunció la Red de Derechos Humanos del Putumayo. Otros dos campesinos fueron asesinados de la misma forma.
Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la ONU, en 2018 fueron detectadas 26.408 hectáreas sembradas con matas de coca en Putumayo. No obstante, desde Puerto Leguízamo hasta Mocoa, los campesinos han cumplido su promesa de erradicar 8.686 hectáreas de coca voluntariamente. Líderes como Gloria, han sido determinantes para el éxito del programa, pues convencieron a campesinos empobrecidos y desconfiados del Estado de que el PNIS traería paz y riqueza. El problema, es que el Gobierno los abofeteo inclumpliendoles, e intentando erradicar a la fuerza las matas que serían objeto del “trueque” en que consiste el PNIS. Esta situación los ha dejado desprotegidos, porque unos por necesidad deben volver a la coca, y otros que se resisten, son asesinados.
Otros territorios y causas en peligro
En la tarde de antier, fue abaleado, frente a su esposa e hijos, Jorge Luis Betancourt Ortega, un reconocido líder de San Francisco del Rayo, corregimiento de Montelíbano (sur de Córdoba). Jorge se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del logar donde vivía.
En el Huila, las victimas fueron los líderes sociales Jhon Freddy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos, y Mireya Hernández Guevara, extesorera de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio. Y, adicionalmente, un excombatiente de las FARC fue asesinado en el Cauca. Su nombre era Benjamín Banguera Rosales.
A través de un comunicado, la Fundación Cordobexia asegura que “es necesario señalar que los líderes comunales y sociales en general, pero en especial los integrantes de las organizaciones: ASODECAS, ASCSUCOR, COCCAM, FUNSAP, ANZORC y CORDOBERXIA (sic) son señalados con notable riesgo algo en la reciente Alerta Temprana No. 054-19 de la Defensoría del Pueblo”.
Entre otras cosas, las alertas tempranas han dejado claro que los líderes que se organizan de forma comunitaria, especialmente en asociaciones campesinas o comunales como la Junta Aacción Comunal son quienes más han sufrido amenazas y asesinatos. El motivo es que desde estas organizaciones muchos campesinos se han organizado para dedicarse a desarrollar proyectos e iniciativas que buscan una efectiva implementación de los Acuerdo de Paz.
Así mismo, como se evidenció el último año, los líderes ambientales, que se han propuesto evitar la contaminación de ríos con mercurio o la deforestación, han sido declarados objetivo militar por los grupos armados que viven de esas rentas ilegales.
Según una ONG irlandesa llamada Front Line Defenders, Colombia fue el país del mundo con más lideres asesinados el año pasado. De un total de 300 casos, en nuestro país ocurrieron 107.
