‘No he negado que exista corrupción en la UNP’, director de la Unidad Nacional de Protección

Uno asumiría que el conducto regular que un líder social debe seguir para pedir protección debería ser a través de la UNP.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad que pone en consideración si una persona está en riesgo. Esta evaluación tiene en cuenta el perfil del solicitante: qué tanto reconocimiento tiene la persona, evalúa quién pueda estar detrás de las amenazas, el trabajo o la función que ejerce el amenazado y el nivel de riesgo.

A partir de esa valoración, la UNP asigna escoltas, carros, chalecos antibalas, celulares o botones de pánico para pedir el apoyo de las autoridades –dependiendo el riesgo del amenazado.

Para solicitar la protección, hay que llenar un formato que debe entregarse a un funcionario de la UNP para que la entidad evalúe. Este proceso de evaluación suele tardar meses.

A pesar de que en el formulario el solicitante debe llenar una casilla con el lugar de nacimiento y el domicilio en el que vive, la UNP asegura que no puede saber –con certeza– el lugar de procedencia de todos los solicitantes. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible pretender la protección de una persona si no se saben datos básicos como el lugar de dónde vienen los amenazados?

El actual director de la UNP es Pablo Elías González, quien asumió el cargo a comienzos de septiembre del año pasado. González no encontró la institución en condiciones óptimas: desde 2015 la UNP está sumida en escándalos de corrupción, presunta venta de información de personas amenazadas, huelgas y desfalcos presupuestarios. En el historial de la UNP hay incluso un exdirector que está siendo investigado por la Procuraduría. Andrés Villamizar, su director entre 2011 y 2015, actualmente está siendo investigado por hechos que le harían enfrentar cargos relacionados con delitos de corrupción.

Hechos como estos son doblemente peligrosos en una entidad como la UNP,  pues además de la corrupción –de por sí nociva en entidades estatales– pone en riesgo la integridad de personas amenazadas: desde líderes sociales y políticos, hasta actores o deportistas.

Sumado a esto la UNP tiene un presupuesto insuficiente –a finales de 2018 padecía un déficit de $ 50.000 millones– para el buen funcionamiento de la entidad. Esto provoca una “insuficiencia de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación del riesgo”, según lo dice un memorando interno de la propia entidad.

En 2018 la UNP contaba con 1.130 escoltas, un número menor de los 1.200 que tiene aprobados por el decreto 301 de 2017. Mientras tanto, desde 2015 hasta finales de 2018, las solicitudes de protección suman más de 143.000.

¡Pacifista! estuvo en las oficinas de la UNP. Allí conversamos con su director, Pablo Elías González, que nos atendió con sonrisa amable en su oficina: una estancia amplia donde también cuelga una copia de La noche estrellada de Van Gogh.

Esto fue lo que conversamos con él.

¿Cómo es la “operación” diaria o semanal de la UNP?

Semanalmente estoy firmando 250 resoluciones con las que se asignan, se incrementan o se retiran medidas de seguridad. La mayoría de la gente, claro, no suele estar de acuerdo. En gasolina, salarios y otros gastos de este tipo se consumen en la UNP más de $10.000 millones de pesos diarios.

¿Cómo está la situación financiera actual de la Unidad?

La UNP sigue estando en déficit, pero queremos resaltar que, pese a los problemas que pueda tener la entidad, no se han dejado de pagar salarios ni se ha visto afectado el cumplimiento de la misión institucional por cuestiones de tipo presupuestal.

Ustedes hacen un estudio de riesgo a las personas que hacen solicitudes de protección. ¿Cada cuánto renuevan ese estudio a las personas teniendo en cuenta que el riesgo puede empeorar?

El estudio se le reasigna a cada persona cada año. Lo evalúa un comité. En el caso de que haya un hecho sobreviniente –es decir, que agrave el riesgo–, hacemos la reevaluación antes y asignamos más recursos si es necesario. También puede darse el caso de que retiramos las medidas si, por el contrario, la persona está en una situación en la que deja de necesitarlas o si su riesgo pasa a ser ordinario.

¿Qué decir de los casos en los que luego de que se reduce la protección, los líderes son atacados, intimidados o, en algunos casos, asesinados?

Las medidas de protección asignadas corresponden a una evaluación de riesgo realizada por personal experto, con base en las respuestas emitidas por todas las autoridades consultadas y las labores de campo realizadas por el analista. Estas respuestas son puestas en conocimiento de los Grupos Interinstitucionales del Grupo de Valoración Preliminar, que recomienda las medidas idóneas a implementar, según el resultado de esta evaluación.

¿Tienen ustedes datos o información sobre la efectividad de la protección que tienen elementos como celulares, chalecos y botones de pánico? ¿Sirve un celular en una región donde no hay señal, por ejemplo? ¿Sirve un botón de pánico en regiones donde el punto de fuerza pública más cercano está a varios kilómetros de distancia y sin infraestructura que los conecte?

Como UNP podemos decir que no ha sido afectada la integridad física de ningún beneficiario de medidas como chaleco blindado, celular o botón de apoyo. Es claro que este tipo de medidas se brindan para ser usadas en donde se puedan usar, mas está demostrado que el 99.9% de los beneficiarios de botones de apoyo, celulares y chalecos no ha sido afectado y, en los casos en que ha existido atentados contra alguno de los protegidos, las medidas han respondido efectivamente.

¿Cómo calificaría el desempeño de la Unidad Nacional de Protección?

Yo lo califico de acuerdo a lo que he visto, a lo que han dicho líderes sociales, que nos agradecen que ‘si no fuera por la UNP, me habrían matado’. En eso lo resumo.

Una lideresa amenazada nos decía lo siguiente sobre la UNP: “Prefiero no mandar ninguna solicitud de protección a esa institución porque no confío en ella. La UNP está podrida por dentro”. ¿Qué opina?

Es posible que exista corrupción, yo no lo he negado. Una de las tareas que yo tengo que hacer es luchar contra la corrupción, porque esta entidad no es inmune. Pero siempre pido que no caigamos en las generalidades. Necesitamos que nos precisen cuáles son los actos de corrupción, porque decir que la UNP u otra institución es corrupta lo puede decir cualquiera.

Una información anónima puede ser cierta o no. Puede ser utilizada contra una persona con fines de desprestigio o con fin de revelar una verdad. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso y hacer una investigación. Si a mí me dan más datos, dirijo la mirada hacia donde debo para averiguar y no cometer injusticia, porque todo puede ser un rumor.

Esta es otra cita, de un memorando interno de la UNP, que describe el rendimiento de la institución en el primer semestre de 2018, antes de que usted llegara. El documento dice que en la UNP “hay insuficiencia de personal calificado (…), lo que pone en riesgo los Derechos Humanos de quienes solicitan protección”. ¿Qué medidas piensa tomar para solucionar estas deficiencias?

No conozco el documento pero, si fuera así, le puedo decir qué medidas hemos tomado. La primera, que empezó este año, son los programas de capacitación para los evaluadores de riesgo. Así mejorará el nivel de quienes hacen las evaluaciones de riesgo a las personas amenazadas.

También habrá capacitaciones para sensibilización de toda la Unidad en materia de Derechos Humanos. Y obligatoriedad dentro del pliego de licitación de que los operadores de hombres y mujeres escoltas (que no hacen parte directamente de la UNP) tengan que hacer cursos de Derechos Humanos vigilados por nosotros.

Lo otro serán cursos de autoprotección para los protegidos a nivel nacional. Porque, por ejemplo, con las elecciones regionales vamos a tener 120.000 candidatos a protección pero no le vamos a cumplir a todos, porque es demasiada gente. A partir de enero (de este año) arrancamos con estos programas.

Como en cualquier entidad, en la UNP hay gente buena, regular y mala. Pero digamos que aquí hay gente especializada, lo puedo confirmar. Por ejemplo, hasta ahora vine a ver un grupo operativo táctico para casos extremos, o sea un equipo élite dentro de la unidad, que tienen toda la formación y la capacitación para el trabajo.

¿La UNP sí tiene capacidad para responder al desafío de proteger a los líderes sociales cuando cuenta con 1.130 escoltas, de los cuales 888 están destinados para esta tarea? Solo en 2018, por ejemplo, hubo 4.843 líderes que pidieron protección….

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no todas las solicitudes de protección resultan en la implementación de un esquema. A todas se les hace evaluación de riesgo, que determina si hay lugar a implementación de medidas y de qué tipo. Cuando el proceso da como resultado la implementación de un esquema integrado por hombres de protección, la UNP implementa, ya sea con escoltas de la planta de la entidad o solicitando personal a las empresas operadoras, pero hasta el momento se ha respondido a la demanda del servicio que se presta.

De otro lado, cabe aclarar que en total la entidad cuenta con aproximadamente 5.500 escoltas.

(Ver documento de la UNP que muestra que en total tienen 1.130 escoltas).

Hace unas semanas les enviamos a ustedes un derecho de petición para el dato exactos de cuántos líderes sociales piden protección en Bogotá después de salir desplazados de sus regiones. La subdirección de Evaluación de Riesgo de la UNP nos contestó que “la información no está disponible porque las herramientas tecnológicas no cuentan con las variables para discriminar la información que solicitan”. 

¿Podría explicarnos esto?

Sí estamos en capacidad individual de reconocer los datos de las personas que solicitan la protección, pero ese es otro problema que he detectado. Inclusive hemos estado desarrollando reuniones de planeación estratégica planteando objetivos, y uno de ellos identificamos que será tener una base de datos confiable y nuestra.

Necesitamos herramientas tecnológicas. Estamos trabajando en una reingeniería para ello. Hace varios años, cuando llegué al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) me sucedió exactamente lo mismo: no había información. Los analistas manejaban la información en diskets, en esa época. Aquí la información está, pero está mal organizada.

La idea es empezar a trabajar con un nuevo programa que permita el relacionamiento de la información y trabajar con variables, por ejemplo para poder sacar una clasificación por edad de los amenazados, o por sexo, etc. También estamos buscando otro software, pero ese se aplica más en la investigación criminal. Tenemos que decidir cuál de los dos nos sirve más para esta tarea.

¿Cuándo empezarían a utilizar esos programas y tecnologías a favor de la protección de quienes solicitan protección?

Eso no se sabe, porque la utilización de un programa también requiere a un grupo de personas que lo conozcan y lo sepan manejar y utilizar bien. Primero hay que definir la herramienta tecnológica, coger el grupo de personas (que ya está conformado) y que trabaje con la herramienta cuando aprenda a usarla.

La idea también es que la herramienta esté conectada con todas las subdirecciones de la UNP, para facilitar el acceso a la información. Obviamente con unas restricciones de acceso, porque toda aquella es información confidencial.

Tenemos falencias. Pero también hay que entender que en un país sin violencia (esta entidad) no debería de existir. Esperamos que en un tiempo no tenga que existir la UNP.

¿Que la UNP deje de existir antes de que usted termine su ciclo como director? 

Ojalá antes. Me da pena tener que decirles a las personas de la UNP que de pronto se quedan sin trabajo porque dependemos de la paz, pero sería lo mejor.