‘No sé en qué momento me llegará la muerte’: Arley Estupiñán

Por: Tomás Mantilla

Usme, Bogotá.

El 20 de abril de 2018, luego de meses de amenazas, hostigamientos y de resultar ileso de un atentado en su contra, el líder social Arley Estupiñán y su familia se vieron forzados a salir desplazados de su casa en el barrio informal San Germán, al sur de Bogotá. Su marcha estuvo llena de resignación después de tres años de amenazas, en los que Estupiñán –afro, de tono de voz tranquilo y actuar parsimonioso– no había dejado de trabajar por la comunidad de este barrio de más de 300 familias. La mayoría de ellas desplazadas por el conflicto interno.

Esa tarde, intentando no hacer ruido para que no se dieran cuenta de que estaba adentro, Esmeralda, su esposa, había visto por entre los tablones de madera de su casa cómo varios hombres, dos de ellos armados con revólveres, se habían parado no muy lejos preguntándose en voz alta si sí era ahí donde vivía el líder social. “El riesgo se había vuelto muy alto y pues al final lograron lo que querían … me desplazaron”, cuenta Estupiñán, quien se ha dado a la tarea de trabajar para que los habitantes de ‘la invasión’ obtengan títulos de propiedad de las tierras en las que viven, algunos desde hace más de veinte años.

Arley fue a parar a San Germán, como la mayoría de familias, no por elección sino por necesidad. Llegó desplazado a Bogotá en 2013, luego de que un grupo de paramilitares le diera 24 horas para decidir entre unírseles o dejar Buenaventura. Para entonces, él ya ejercía un liderazgo en la región de la cuenca del río Yurumanguí, en el Valle del Cauca.

Impotente, eligió la segunda opción y con su esposa e hijo cogió camino para Bogotá. En la ciudad pensó que estaría a salvo, pero con el paso de los años y su trabajo en el barrio, hoy dice que está peor de lo que estaba entonces. Aquí, en el San Germán, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la presencia de grupos que se lucran de distintas economías ilegales como el microtráfico. Hay sospechas de que estas actividades podrían estar vinculadas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Todo comenzó con la llegada al barrio”, dice Estupiñán refiriéndose al riesgo que corre y que ahora lo obliga a vivir escondido, sin poder trabajar y dependiendo del apoyo que le brindan varias ONG.

En octubre del año pasado, relata Arley, su familia fue declarada objetivo militar en el San Germán. 

El lío del San Germán 

Aunque la capital no ha sido considerada un punto neurálgico dentro del constante asesinato de líderes sociales en el país, es ahí donde desde 2016 se encuentra el mayor número de líderes que están y han solicitado medidas de protección al Estado. Como reportó ¡Pacifista!, en otro artículo de este Especial, esto se debe tanto a los riesgos significativos que plantea Bogotá como a que cientos de líderes estarían llegando desplazados por la violencia en su contra. Llegan con la intención de permanecer allí como mecanismo de autoprotección, para denunciar hechos frente a la Fiscalía y solicitar medidas de custodia a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Estupiñán es uno de esos líderes. Llegó desplazado a la capital huyendo de la violencia para luego desplazarse de nuevo, esta vez por amenazas propiciadas por su liderazgo en San Germán. Este barrio está ubicado en una localidad en donde la Defensoría ha alertado sobre la presencia de grupos que se lucran de distintas economías ilegales como el microtráfico. Según las alertas, estos grupos podrían tener nexos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Antes de salir de Buenaventura yo era docente de danza y música, así mantenía mi liderazgo y le mostraba un camino a los jóvenes en donde no tuvieran que tener un arma”, dice Arley. Aunque también trabajaba por hacer cumplir los derechos de las víctimas de las comunidades rurales y hacía parte de un proceso de comunidades negras, prefería mantener un bajo perfil.

“Las condiciones de seguridad dificultaban mucho el trabajo”, dice Arley sobre su tierra. Buenaventura es el principal puerto Del Valle del Cauca, que según una investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional es el cuarto departamento en el que más asesinan líderes sociales en Colombia. Allí, La Gente del Orden, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN son solo tres de los grupos delictivos organizados que proliferan. Entonces vino la primera huída.

“Al principio llegamos a Bogotá a pagar arriendo. Yo trabaja como peluquero y monté un salón de belleza” dice Arley, quien además de músico también es estilista de profesión. No obstante, después de pocos meses se vio a gatas para pagar el lugar y tuvo que cerrar su negocio. Fue ahí cuando decidió invadir un lote en San Germán, un asentamiento sobre las cuestas del cerro Juan Rey, en donde llueve y ventea mucho.

“Arley llegó como todos acá, buscando un terruño donde vivir”, dice Hermes Torres, quien vive ahí desde hace 21 años, cuando aún no había casi casas. Junto con él y otros, Arley conformó una Junta de Acción Comunal para la que fue elegido presidente por los habitantes del barrio. “Ahí fue cuando reactivé mi liderazgo (…) comenzó a coger fuerza porque la gente vio que yo la estaba ayudando” dice Estupiñán. Desde ese entonces él y la junta se dieron a la tarea de parcelar el terreno en donde se encuentra San Germán en pequeños lotes para entregarlos a familias desplazadas o en condición de vulnerabilidad. Su objetivo, desde entonces, es que el Distrito los reconozca y los formalice. 

Además, también se dieron a la tarea de organizar a la comunidad. Crearon un mecanismo para recolectar fondos que permitieran costear el mejoramiento de la infraestructura, la compra de materiales de construcción para las familias que llegaran sin dinero, gastos médicos y hasta fúnebres de vecinos sin recursos. “Se estableció una cuota estatutaria de $ 5.000 pesos mensuales para las familias del barrio (…) y luego la posibilidad de que las familias que llegaran brindaran una donación voluntaria al fondo comunal“, cuenta Estupiñán. “Éramos una comunidad, todos nos ayudábamos”, dice.

Así, a la par que mejoraban las condiciones del barrio, Arley iba recibiendo más amenazas. Unas anónimas, algunas firmadas como “Águilas Negras”, otras hechas por teléfono, otras en persona. Todas con algo en común para el líder y miembros de la comunidad: el interés en el territorio del barrio. Estupiñán y la Junta de Acción Comunal tienen la teoría de que las amenazas de bandas vinculadas a estructuras descendientes del paramilitarismo dedicadas al microtráfico y la venta de lotes sin títulos de propiedad –dos delitos comunes en los cerros orientales– así como por intereses inmobiliarios en la zona.

Aseguran que el Distrito ha intentado desalojarlos en varias ocasiones para poder dar paso a proyectos. “Una constructora ya tenía un proyecto inmobiliario anunciado en fincaraiz.com, esa denuncia la hicimos y las pruebas la tiene la Fiscalía”, asegura Estupiñán.

Se refiere a un proyecto que incluso alcanzó a tener diseños, renders y publicidad. Como reportó en su momento el medio web Imagina Bogotá, en 2016 el Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (Cajar) –que en el pasado asesoró a la comunidad– envió un oficio a la Defensoría del Pueblo alertando sobre las presiones que venía ejerciendo el Distrito sobre los habitantes. Entre ellos se encontraba Arley, a quien –según el documento– funcionarios de la alcaldía le habían ofrecido un apartamento si aceptaba dejar el barrio y el proceso de formalización.

Por su parte, el Distrito ha asegurado que –por el contrario– las órdenes de desalojo de San Germán han respondido a que el barrio se encuentra en un terreno que hace parte del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes. Dicho parque fue decretado como zona de reserva en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2000, por el entonces alcalde Enrique Peñalosa.

Representantes de la comunidad, como Arley, rechazan el argumento afirmando que el barrio se encontraba ahí desde antes de que el POT le asignará el carácter de reserva a Entre Nubes. “En vez de desalojar deberían o legalizar el barrio o encontrar una solución para que todos estos predios pasen a ser del distrito”, dice Arley.

Retrospectiva ¡Pacifista!

Los reclamantes de tierra del Urabá no pueden mostrar sus rostros porque están amenazados. En este video nos cuentan del miedo que sienten. Sus manos lo dicen todo.

Sin protección 

La primera vez que Arley Estupiñán solicitó protección a la UNP fue en 2016, cuando recibió –en su celular– una amenaza enviada por mensaje de texto. Su preocupación aumentó en el momento en que los intentos de desalojo empezaron a ser recurrentes en San Germán. El 6 de octubre de 2016, alrededor de 15 hombres del Esmad y la Sijín rodearon la vivienda de Arley. Fueron a interrogarlo por una presunta participación en una venta ilegal de lotes, hecho sobre el que –asegura el líder– no tenían pruebas.

Mientras tanto, dos helicópteros sobrevolaban el barrio y cientos de miembros de la Policía, el Esmad y la Fiscalía realizaban lo que para la comunidad fue un intento fallido de desalojo, pero que luego fue presentado por el entonces secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa como un “operativo contra tierreros en San Germán Parque Entre Nubes”.

Luego del operativo, tres miembros de la comunidad comentaron que oficiales de la Sijín les habían pedido que aseguraran que, en vez de dar los lotes a víctimas de desplazamiento, Estupiñán se lucraba de la venta de estos. Contrario a la imagen que habrían intentado obtener los oficiales, Arley aparece en un video del portal noticioso Otra Voz como líder comunitario de aproximadamente 100 miembros de la comunidad de San Germán que se encuentran detrás suyo. Aparecen reunidos con la intención de organizarse para evitar un desalojo.

“Yo digo: si no fuera por Arley ya no estaríamos acá, nos hubieran sacado”, dice Yuri, una habitante de San Germán que llegó luego de emigrar desde Venezuela huyendo de la crisis de su país.

Con la presión y el riesgo creciente vino un atentado a mano armada contra Estupiñán el 13 de enero de 2018. “Aquí fue donde me dispararon” dice, parándose en el punto donde se encontraba cuando una bala alcanzó a rozarle el brazo. “Sonaron tres tiros, entonces salté la cerca y me eché a rodar por la loma hacia abajo”. Pasaron los meses y hombres desconocidos rondaban su casa constantemente. En una ocasión un joven le gritó de frente que un grupo paramilitar lo había contratado para matarlo y Estupiñán y su esposa dicen haber oído como dos hombres, en las afueras de su hogar, hablaban de por dónde tendrían que salir corriendo una vez lanzaran una granada a su casa.

Al final, en horas de la noche del día en que decidieron irse, Esmeralda y su hijo fueron evacuados por la policía sin más que la ropa que llevaban puesta y llevados a un hotel de seguridad, en donde se reunieron con Estupiñán.

Desde entonces, y a medida que han ido aconteciendo los hechos, Arley se los ha ido notificado a la UNP con la esperanza de que la institución reconsidere las medidas de protección que le asignaron a principios de 2018: un celular, un chaleco antibalas y un botón de pánico. Cuando le asignaron las medidas, el líder decidió rechazarlas por considerarlas inefectivas, característica que no solo ha notado él sino muchos líderes sociales. De nuevo en enero “un joven se me acercó y me dijo que aunque había tenido suerte, que no me preocupara que yo no demoraba (…) Con mi nivel de riesgo amerita que me dieran unos hombres para mi protección y un vehículo en el que movilizarme, pero no ha sido así ”, dice.

La institución, que es la encargada de dar medidas de protección a los líderes sociales, no ha revaluado su riesgo como ordinario, es decir como “aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad”, por lo que no ha obtenido medidas de protección. De su caso, además de la UNP, están enteradas instituciones como la Procuraduría, la organización de derechos humanos Somos Defensores y de que otras como la Defensoría del Pueblo, Wola (la oficina de Washington para Latinoamérica, encargada de promover los derechos humanos) y el partido político Farc, del que es “militante más no excombatiente”, han alertado sobre la gravedad de la situación en la que se encuentra.

“Yo ya me di cuenta de que es la misma Unidad De Protección la que no me quiere dar protección”, afirma Estupiñán, quien a pesar de que salió desplazado del barrio ha seguido recibiendo amenazas. En Octubre, recibió la llamada telefónica en la que le notificaron que no solo él sino toda su familia había sido declarada objetivo militar. Cree que vino en respuesta a un viaje que hizo a las comunidades rurales de Buenaventura para socializar una serie de capacitaciones en derechos humanos.

Arley cuenta que alguna vez se hizo falsas ilusiones cuando en una ocasión fue contactado por teléfono por un funcionario de la UNP que le informó que se le habían asignado dos escoltas y un vehículo: “Al otro día llamo y pregunto que cómo va mi caso y me dicen que me iban a otorgar una reubicación temporal. Yo dije que cómo si me llamaron a decirme que era un vehículo blindado y dos hombres”. Sin embargo, Arley no cree que haya sido una equivocación. “Cualquiera puede equivocarse en el número de hombres o en el tipo de vehículo, pero el funcionario me dijo que lo que me estaba diciendo le registraba con mi número de cédula y todo”. Según él, en aquella oportunidad alguien dio –dentro de la misma institución– la orden de revocar las medidas de protección.

Debido a esto ha tenido que depender de la provisión ocasional de vehículo y guardaespaldas que le asigna el partido político Farc, que denunció los hostigamientos de los que estaba siendo víctima en 2018. Estupiñán considera que además de su liderazgo el hecho de que sea militante del partido político fruto del acuerdo de paz también agrava su situación de riesgo. Desde el 2017 y en el marco de la implementación del acuerdo de paz,  72 excombatientes y 20 familiares de excombatientes han sido asesinados. 

La intención de Arley es dejar el lugar en donde se encuentra actualmente para desplazarse a otro más seguro. Cree que quienes lo amenazan hoy saben de su ubicación. No obstante, no ha podido moverse por el mismo riesgo: “son muchas cosas que han estado ocurriendo que no nos han permitido movilizarnos, está la preocupación, el trauma de la familia y los niños”.

Con más dudas desde que amenazaron a su familia, Arley continúa visitando San Germán tan frecuentemente como le es posible, es decir cuando el partido Farc cuenta con disponibilidad para asignarle medidas de seguridad. “Yo no sé en qué momento lleguen y me maten. Pero que se metan con los hijos de uno es ya más trágico. Me pone a pensar con preocupación de la situación” dice.