OPINIÓN | Una modificación que le hicieron a la JEP en el Congreso fortalece el silencio de excombatientes y agentes del Estado. Por Dejusticia
Este artículo es producto de la alianza entre ¡Pacifista! y Dejusticia.
Por Ana Jimena Bautista Revelo*
Mañana jueves 30 de noviembre se votará en el Congreso la ley estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sin embargo, un tema que pasó casi desapercibido en Senado fue la inclusión de una modificación que impulsó la senadora Maritza Martínez con el apoyo de otras congresistas, dirigida a sancionar con las penas del código penal —es decir con las penas ordinarias— los casos de violencia sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
La Cámara de Representantes avaló la modificación el lunes en la noche, impulsada por Efraín Martínez, y creó así una excepción en términos sancionatorios al tratamiento general que se les dará a quienes deban someterse a la JEP.
Si bien pudo haberse promovido con la intención de mandar un mensaje de tolerancia cero frente a este tipo de crímenes y brindar mayor protección a la infancia, la modificación va en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas, y de lo pactado en el acuerdo.
Hoy la JEP es una oportunidad para que existan verdad y justicia en casos de violencia sexual, los cuales pueden configurarse de acuerdo con las circunstancias —como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad— y ya alcanzan cifras exorbitantes.
A pesar del subregistro, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se han registrado al menos 15.076 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado entre 1958 y septiembre de 2017.
Hoy la JEP es una oportunidad para que existan verdad y justicia en casos de violencia sexual
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las víctimas y las organizaciones sociales que las acompañan a denunciar, la regla general ha sido y sigue siendo la impunidad.
De acuerdo con la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 en su anexo reservado —auto que estudia en profundidad la situación de las mujeres víctimas—, la impunidad en los casos priorizados por la propia Corte Constitucional en dicho auto y en el Auto 09 de 2015 sobre violencia sexual, alcanzaba en 2016 noventa y dos y noventa y siete por ciento respectivamente. Y una de las dificultades para avanzar en las investigaciones era la identificación o individuación de los responsables.
Toda la verdad, incluida la violencia sexual
La violencia sexual no ha sido reconocida por ningún actor armado. Ni los agentes del Estado, ni paramilitares, ni guerrilleros, quienes impusieron su dominio sobre las víctimas, han admitido con franqueza que violaron, acosaron, obligaron a abortar, esclavizaron y prostituyeron, en especial a las niñas, niños y mujeres.
Su obligación en la JEP es decir toda la verdad, y eso incluye confesar los delitos relacionados con la violencia sexual, así signifique fuertes sanciones sociales, incluyendo las de familiares y personas cercanas. Si no lo hacen, deberán ser procesados en el marco de la justicia ordinaria.
El deber de decir toda la verdad es un compromiso de todos los excombatientes y de los agentes del Estado. Tendrán que contar lo que saben, no solo sobre los delitos en los que participaron directamente, sino también, sobre los que tuvieron conocimiento.
Me temo que la inclusión de penas ordinarias para estos delitos en el caso de niños y niñas es un desestímulo a la verdad, que fortalece el silencio de los excombatientes y agentes del Estado, sobre quienes opera un espíritu de cuerpo y quienes pueden preferir guardar silencio y esperar a no ser descubiertos, ni delatados, teniendo en cuenta que al final, confiesen o no, enfrentarán la misma sanción, ya sea dentro de la JEP o por fuera de ella.
Esto fortalece el silencio de excombatientes y agentes del Estado, y rompe lo pactado entre Gobierno y Farc
Adicionalmente, la inclusión de esta excepción dentro del tratamiento de quienes se someterán a la JEP, rompe con lo pactado entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, al crear un tratamiento diferenciado mucho más gravoso, incluso para quienes reconozcan su responsabilidad desde el inicio de su sometimiento a esta nueva jurisdicción, creando un fraccionamiento de la naturaleza de la JEP y de las sanciones a imponer.
Para las víctimas de violencia sexual, la ausencia de justicia conlleva rabia, sensación de desamparo y muchísimo dolor.
Durante su participación en la Habana, ellas sostuvieron que es más importante que exista un reconocimiento de responsabilidad por parte de sus perpetradores, así como una sanción social y judicial en el marco de la justicia transicional que la promesa de sanciones fuertes, que difícilmente van a poder ser impuestas a sus perpetradores.
Populismo punitivo
Más importante que el mensaje simbólico que pretendió dar el Congreso al aumentar las penas frente a la violencia sexual contra niñas y niños es que exista efectivamente verdad y justicia.
Dicho propósito pudo lograrse a través del fortalecimiento desde el diseño legislativo, del equipo de investigación sobre violencia sexual de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Fortalecimiento que pudo concretarse garantizándole un equipo numeroso, bien entrenado y capacitado, con la tecnología disponible para desarrollar su mandato y con la capacidad de trabajar en las distintas regiones del país. También, a través de la implementación de metodologías de trabajo que garanticen que la investigación en casos de violencia sexual será una prioridad en de las salas de reconocimiento y definición de la situación jurídica.
Lamentablemente, el Congreso le apostó al populismo punitivo, aumentar penas considerando que esto traerá como consecuencia una mayor protección para las niñas y los niños.
Se espera que la JEP sea aprobada el día de mañana, pero la última palabra sobre su constitucionalidad la tendrá la Corte Constitucional.
* Investigadora de Dejusticia
* Este es un espacio de opinión. No representa la visión de Vice Media Inc.
