Este año Colombia tendrá que presentar un examen ante la ONU sobre varios compromisos en DD.HH. que hizo en 2013.
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Montaje por Miguel Serrato.
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Cada cinco años Colombia pasa bajo la lupa de la ONU en el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo en el que todos los Estados de Naciones Unidas analizan la situación de derechos humanos de un país y hacen recomendaciones. El compromiso es que antes de la siguiente revisión, cada país haya implementado las recomendaciones hechas por la organización.
Esa es la idea. La realidad, claro, es otra.
Este año, más de 500 organizaciones sociales colombianas se sentaron a analizar los compromisos que Colombia adquirió ante la ONU en el EPU de 2013 y por los que tendrá que rendir cuentas. Las organizaciones —indígenas, de abogados, de mujeres, ambientalistas, entre otras— compilaron todos los compromisos incumplidos en un informe, publicado hoy 4 de abril, en el que detallan los 25 temas en los que, según ellas, Colombia se ha rajado.
Los datos recopilados en el informe corresponden a un amplio espectro de temas relacionados con los derechos humanos correspondientes a cuatro años: de octubre de 2013 a octubre de 2017. De forma general, las organizaciones subrayan su preocupación por lo que califican como un bajo nivel de implementación de las recomendaciones de la ONU y la falta de un mecanismo en el país que le haga seguimiento al cumplimiento de esos compromisos.
¡Pacifista! le cuenta los puntos principales del informe frente a los que Colombia tendrá que resumir un compromiso hasta ahora fallido.
Proceso de paz y conflicto armado
Si bien las organizaciones reconocen que Colombia cumplió con darle seguimiento y llevar a cabo el proceso de paz con las Farc, también resaltan varias dificultades en la implementación:
Falta de garantías de seguridad para los amnistiados y sus familiares; un tratamiento penal que dificulta que miembros de las Fuerzas Armadas —Ejército y Policía— comparezcan ante la justicia; el hecho de que los terceros involucrados solo puedan presentarse ante la justicia de forma voluntaria; y una regulación insuficiente a la hora de involucrar a víctimas en los mecanismos creados por el Acuerdo.
El informe asegura, además, que el enfoque de género no ha sido adoptado integralmente: la participación de las mujeres no ha sido equitativa en el proceso de implementación, al punto de que las mujeres afro no tienen ninguna representatividad en la toma de decisiones.
Y de forma más general, las organizaciones subrayan la lentitud con que se ha avanzado en toda la reglamentación.
Por otro lado, el documento aclara que a pesar del logro del Acuerdo de paz, el conflicto interno continúa por parte de otros actores armados como el paramilitarismo, las disidencias de las Farc y el ELN. Así, Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, afectando sobre todo a pueblos indígenas y afrocolombianos, quienes con más recurrencia se ven confinados en situaciones de violencia que bloquean la llegada de suministros y servicios básicos a sus territorios.
Además, la participación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado continúa siendo un problema que Colombia no se ha encargado de resolver. Solo en el primer semestre de 2017 se registraron 19 acciones cívico-militares en las que había menores de edad involucrados. Y tal vez uno de los señalamientos más graves es que, según informes de la ONU, “se ha advertido sobre eventuales casos de uso de NNA (Niños, niñas y adolescentes) en labores de inteligencia, espionaje e infiltración en las filas guerrilleras por parte de las Fuerzas Militares”, asegura el documento.
Violencia por discriminación
Las mujeres, la población LGBT y las comunidades afro e indígenas son los sectores de la población sobre los que más se cometen violaciones y negaciones de derechos en Colombia y a los que el país más les ha fallado al momento de mejorar sus condiciones.
Según el estudio de las organizaciones, 128 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2016 y casi 20.000 fueron sometidas a exámenes por delitos sexuales. Frente a esas violencias, si bien existen normas que buscan la protección de las mujeres como la Ley 1257, el informe afirma que no hay protocolos integrales de atención y de protección que tengan impactos reales sobre las víctimas.
Es decir que las estrategias están en el papel pero ahí se quedan. Y es más, según los grupos que elaboran el documento, incluso la legislación tiene fallas: las políticas sobre mujeres no tienen enfoque diferencial étnico, lo que deja por fuera las necesidades particulares de las mujeres indígenas y afro.
En cuanto a la población LGBT, la violencia de la que son víctimas —entre 2013 y 2016 al menos 440 fueron asesinados— es reforzada por los prejuicios de los funcionarios estatales que les imponen barreras para acceder a sus derechos, a pesar de que esos mismos derechos ya sean reconocidos legalmente. Aunque no es así para todos: la población trans aún no goza de un reconocimiento legal integral de sus derechos.
La misma negación de derechos que las leyes parecen proteger la sufren las comunidades indígenas y afro, a quienes sistemáticamente se les ha negado su derecho a la consulta previa sobre lo que sucede en sus territorios, entre otros derechos. Solo por mencionar algunos ejemplos de cómo ha sucedido eso, vale la pena resaltar el incumplimiento del Gobierno en los compromisos adquiridos con la Minga indígena en 2013 y de los acuerdos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Es más, para la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Gobierno ni siquiera consultó sus puntos con las poblaciones indígenas.
Cárceles, desapariciones y asesinatos
Una de las grandes tragedias en Colombia es la desaparición forzada: desde 1970 ha habido entre 45.000 y 60.000 víctimas de este crimen en el país. Y frente a esa tragedia, el Estado no ha hecho nada y sus esfuerzos han sido insuficientes. Según el informe, “la Comisión Nacional de Búsqueda nunca cumplió su labor” y la única esperanza parece ser la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas contemplada en el Acuerdo de Paz.
A esa situación se suman los casos de las 2.280 personas que han sido asesinadas entre 2013 y 2016 fuera de combate por violencia política; y la permanencia de las ejecuciones extrajudiciales: en 2015 se identificaron 65 presuntos casos a manos de las Fuerzas Armadas, 66% realizados por la Policía y 33% por el Ejército.
Las organizaciones también destacan la gravedad de dos situaciones que violan los derechos civiles de la población. Por un lado, el hacinamiento en las cárceles que en 2017 aumentó en 50,1% a pesar del compromiso voluntario del Gobierno de ampliar los cupos carcelarios en un 40% y que desemboca en violaciones de derechos humanos. La situación es incluso peor cuando se trata de personas LGBT encarceladas, quienes a menudo enfrentan mayores vulneraciones a su integridad física, su salud y su intimidad.
El informe también señala la falta de reconocimiento al derecho de objeción de conciencia: el hecho de poder negarse a la prestación de servicio militar. Según el informe, los jueces aún no tutelan el derecho y se continúan haciendo “batidas” ilegales para pedir la libreta militar, lo que viola el debido proceso.
Derecho a la protesta
Las manifestaciones sociales han aumentado en los últimos años, sin embargo aún no se garantizan los derechos mínimos para protestar de forma segura. Eso tiene que ver, por un lado, con la estigmatización que las autoridades gubernamentales han patrocinado afirmando, por ejemplo, que las marchas están “infiltradas” e incluso organizadas por grupos guerrilleros, alegaciones que producen miedo y le quitan legitimidad a la movilización.
Además, la criminalización y las judicializaciones masivas de líderes y organizadores de marchas son una violación directa al derecho a la protesta, sin embargo son acciones protegidas por la Ley 1453 de 2011 sobre Seguridad Ciudadana así como por el Código de Policía que permite “disolver” cualquier reunión que altere la “convivencia”.
Esa sombrilla legal ha incentivado el uso de la represión violenta en las marchas, un acto que viola los estándares internacionales. El documento menciona un par de ejemplos: en 2013 se registraron 902 agresiones del Esmad durante el Paro Agrario; en 2017 el mismo Esmad asesinó a un indígena y ese mismo año usó gas lacrimógeno contra una marcha de personas con discapacidad.
Asesinatos de defensores de derechos humanos
Entre 2013 y 2017, fueron asesinados al menos 276 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país. Los homicidios se concentran ante todo en departamentos donde hay presencia de grupos paramilitares, cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico y actividades ilegales de extracción.
El 69% de las víctimas pertenecen a poblaciones rurales y desempeñan liderazgos locales, la mayoría de ellas lideran causas a favor del proceso de paz, encabezan procesos de restitución de tierras, representan campañas de defensa del territorio frente a proyectos de extracción o defienden derechos de grupos discriminados: mujeres, LGBT, afro e indígenas.
Frente a esa problemática, las organizaciones aseguran que el Estado no ha implementado medidas de seguridad efectivas ni ha garantizado la justicia con las víctimas, lo que está representado en una alta tasa de impunidad. El Gobierno no ha dispuesto de un mecanismo que permita investigar la sistematicidad de los ataques y la vulnerabilidad de los defensores, lo que a hoy sigue permitiendo la ocurrencia de asesinatos a líderes sociales.
Pobreza y derechos básicos
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y esa desigualdad se refleja en la baja calidad de todos los servicios y derechos básicos: salud, educación, condiciones laborales y alimentación. Lo más grave de todo es que las organizaciones apuntan que las peores condiciones de todos esos derechos alcanzan sus peores números en poblaciones indígenas y afro.
En salud, el problema radica en un sistema que en Colombia se puso en manos del mercado y que a pesar de la Ley Estatutaria de Salud, que establece el acceso a la salud como un derecho fundamental, falla en hacer que los servicios básicos sean accesibles.
En educación, la situación es crítica en zonas rurales, donde el analfabetismo duplica las tasas urbanas, y en comunidades étnicas, donde casi 20% de las personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir.
En cuanto a las condiciones laborales, la tasa de desempleo en Colombia es del 8,9% y el indicador más preocupante es el del desempleo de los jóvenes en zonas rurales, que pasa el 50%.
En alimentación, la implementación de varios TLC ha afectado la seguridad alimentaria en el país que se manifiesta en una alta mortalidad por hambre. En la última década, más de 2.000 niños han muerto por hambre en Colombia: solo entre enero y noviembre de 2016 murieron 66 niños por desnutrición en La Guajira, pertenecientes a la comunidad Wayúu.
Acceso y distribución de tierras
Muchas de las problemáticas mencionadas anteriormente y relacionadas con derechos y servicios básicos tienen que ver con una grave desigualdad en el acceso a tierras en el país. Según el Censo Nacional Agropecuario, el 40% de las tierras censadas están en manos de 0,4% de unidades productivas, lo que equivale a más de 500 hectáreas por cada unidad. Otro 4,8% de tierras censadas es ocupado por el 69,9% de unidades productivas, equivalente a cinco hectáreas o menos por cada unidad.
La brecha de desigualdad es evidente.
A esto se suman varias otras batallas que se libran en el país por la tierra y que afectan a millones de personas víctimas de desplazamiento forzado. Una de ellas es la implementación de proyectos mineros o de infraestructura que son adoptados sin tener en cuenta los impactos socioambientales ni la voluntad de las comunidades presentes en el territorio. Sus consecuencias, además del desplazamiento y las afectaciones a la vida de dichas comunidades, también implican la degradación ambiental provocada por el uso de técnicas y materiales permitidos por la legislación colombiana.
Por otro lado se encuentra el proceso de restitución de tierras que, asegura el documento, está lejos de cumplir su propósito: hasta agosto de 2017 solo se había iniciado el trámite de restitución con poco más de 19.000 familias. Pero la situación es incluso peor en la restitución de tierras para comunidades étnicas, pues el Gobierno aún no ha adoptado las medidas de reparación que le corresponden y el avance ha sido poco en la restitución de territorios colectivos de comunidades afro e indígenas.
Si bien, en este tema, Colombia ha avanzado, solo lo ha hecho parcialmente y aún le queda camino por recorrer.
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