“No basta con darles carros blindados o un escolta”: Defensor del Pueblo

Staff ¡Pacifista! - Marzo 20, 2019
Durante 2018, el 80 % de los homicidios de líderes sociales y a defensores de derechos humanos se presentaron en municipios donde la Defensoría había emitido alertas.

A Carlos Alfonso Negret, actual defensor del Pueblo, le tocó ver la ola de violencia contra los líderes sociales en Colombia desde septiembre de 2016, mes en el que se posesionó. Esta época coincidió con la etapa final y posterior firma del Acuerdo de Paz con las Farc. En los primeros seis meses de implementación asesinaron a más de 50 líderes sociales, un fenómeno que fue incomprendido por el Estado pero que la Defensoría, al menos, denunció. Entre 2016 y 2018, según los registros de la entidad, han sido asesinados 446 líderes y defensores de derechos humanos.

La Defensoría tiene delegados en los 32 departamentos. De la información de estas dependencias se emitieron alertas tempranas en las que se reportaba, en detalle, cuántos líderes sociales estaban siendo amenazados en cada región,  pero el gobierno no escuchó. Es más, sigue sin hacerlo. En 2018, a través de la Alerta 026-18, la Defensoría puso en conocimiento la situación de riesgo de los líderes sociales. Desde marzo de 2017, señala el documento, persiste el riesgo para líderes y defensores en 277 municipios del país. Además, verificaron que 345 organizaciones sociales estaban en riesgo. Pasó un año y los mismos municipios siguen en riesgo y lo mismo sucede con las organizaciones.

“Las alertas tempranas no son para controvertirlas, sino para acatarlas y evitar que ocurran actos violentos que luego repercuten e impactan en todo el país”: Defensor del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo

En la Alerta, la Defensoría mencionó varios ejemplos concretos en los que era evidente la necesidad de protección pero el gobierno hizo caso omiso. Veamos el siguiente: “Porfirio Jaramillo Bogallo, líder reclamante de tierras de la comunidad Guacamayas fue asesinado el 28 de enero de 2017 en el municipio de Turbo. El consejo comunitario de La Larga Tumaradó cuenta con medidas cautelares provistas en el Auto 181 de 2014. Desde el año 2015 esta comunidad ha denunciado numerosas amenazas, intimidaciones, ataques armados y agresiones físicas, las cuales al parecer tienen el objetivo de que las personas que han decidido retornar voluntariamente a sus tierras, las abandonen y desistan de la respectiva reclamación”.

En los reportes regionales comenzaron a verse patrones de violencia en ciertos departamentos. La Defensoría alertó: en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Arauca están en riesgo los líderes sociales y las medidas de protección no son suficientes. Algo andaba mal. Pasado el año, el defensor lo dijo públicamente: “El 80 % de los homicidios de líderes sociales y a de Derechos Humanos se presentaron en municipios advertidos en la alerta temprana 026-18”. El gobierno no puede decir que la información no se entregó en detalle, pues incluso la alerta habla de los riesgos a nivel municipal: “Diez 10 municipios concentran el 30% del total de homicidios: Riosucio (Chocó), Tumaco (Nariño), Tame (Arauca), Corinto y Suárez (Cauca), Medellín (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Bogotá DC, Pueblo Rico (Risaralda) y Mesetas (Meta)”, se puede leer en el documento.

Durante los últimos dos años, la Defensoría ha implementado algunas estrategias para proteger a los líderes sociales. Estrategias que, valga la pena decirlo, tienen un margen de acción limitado, pues la responsabilidad de protección le corresponde a la UNP (Unidad Nacional de Protección), adscrita al gobierno. Uno de los proyectos que la Defensoría sacó adelante es el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, que establece rutas de acción para que los funcionarios asesoren y acompañen a las mujeres que están en situación de riesgo.

Este año, la Defensoría, además de hacerle seguimiento a las alertas tempranas, está participando en la comisión que debe sacar adelante el Plan de Acción Oportuna (PAO) para líderes sociales, integrado por los ministerios de Interior, Defensa, Justicia, la Policía, la UNP y las Fuerzas Militares. El PAO, que está vigente desde noviembre de 2018, establecerá Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI) para proteger a los líderes sociales que están en las regiones donde el riesgo es mayor.

Son tres cambios los que, a grandes rasgos, traería el PAO: una reingeniería institucional para dar una respuesta eficaz en los casos de líderes sociales amenazados. Segundo: una intervención en el territorio que no solo sea militar sino que incluya “una respuesta institucional adecuada a las necesidades”. Y tercero, una “estrategia de comunicaciones y capacitación: este eje responde a la necesidad de una campaña para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado en las garantías que brinda para el ejercicio de defensa de derechos, así como de dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección”.

Hasta el momento no se han cumplido ninguna de esas propuestas. El asesinato de líderes sigue creciendo –tan solo en el transcurso de 2019 han sido asesinados 18 líderes sociales, de acuerdo con nuestro registro –. Después de tres años de estar en el cargo, el defensor dice que todavía existen muchos riesgos para los líderes y defensores de derechos humanos. En síntesis, el panorama es desalentador, nos contó.

¿Defensor, qué se puede hacer por  los líderes amenazados en el país?

Cobijarlos, respaldarlos y que todo el país entienda sobre la importancia de la labor de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Ellos quieren mejorar la situación en la que están sus comunidades o que se hagan efectivos sus derechos, a pesar de que arriesgan sus propias vidas o las de sus familiares.

Y en cuanto a la lucha de las entidades, existe el Plan de Acción Oportuna (PAO) para protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. Con esta estrategia, de la que hace parte la Defensoría del Pueblo con la emisión de las Alertas Tempranas, se busca prevenir cualquier ataque en contra de estas personas, así como enfrentar o investigar y dar con los autores intelectuales o materiales de estos crímenes que tanto daño le hacen a la sociedad.

¿Cuántos líderes sociales pueden estar amenazados en Colombia?

Podemos decir que en 2017 se denunciaron 270 amenazas individuales y para el 2018 fueron 470. Es decir, se llegaron a 740, lo que significa que hubo un preocupante aumento del 63,5 %. A esto se agrega que en contra de organizaciones sociales hubo otras 500 amenazas en todo el país.

¿Qué se puede hacer con la Unidad Nacional de Protección, que ni siquiera tiene presupuesto suficiente para protegerlos?

No es un tema de la Defensoría del Pueblo; pero entre más óptimo sea el funcionamiento de cualquier entidad que proteja a los líderes, más efectivos serán los resultados para que ellos puedan realizar su labor.

¿Quiénes son los que más amenazan a los líderes sociales en Colombia y por qué?

Los perpetradores son los llamados grupos armados posdesmovilización como las AGC y Los Caparrapos, así como el ELN y las disidencias de las Farc. La mayoría por medio de panfletos amenazantes y se concentran en las zonas donde hay mayor violencia que son los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca y Nariño.

¿Qué medidas ha tomado la Defensoría del Pueblo al respecto?

No somos una entidad que pueda brindar protección o seguridad a los líderes. Nuestra función principal es la prevención y para eso tenemos el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) con la información de los servidores públicos que están en los terrenos, que caminan por las veredas y los pueblos en donde viven muchos de estos líderes.

Y por eso alertamos sobre presencia de grupos armados ilegales o riesgos para la comunidad, como cuando emitimos la Alerta Temprana para Santa Marta, en la que se habló del peligro para los funcionarios públicos y contratistas de todas las entidades del Estado y luego ocurrió el crimen de un contratista de Parques Naturales Nacionales.

Las alertas tempranas no son para controvertirlas, sino para acatarlas y evitar que ocurran actos violentos que luego repercuten e impactan en todo el país.

¿Qué opina sobre las medidas de protección colectivas que muchos de ellos solicitan?

Lo que he manifestado es que no se le puede dar un carro blindado o escoltas a cada uno de los líderes sociales en todo el país y que por eso hay que trabajar con la protección colectiva, que consiste en adoptar medidas preventivas de las autoridades y la comunidad, en aquellas veredas, corregimientos o municipios en donde se sabe que los líderes sociales son vulnerables.

Se trata de dar a conocer a tiempo y que las autoridades adopte las medidas necesarias para evitar los actos criminales.

¿Cuál es el riesgo de los líderes sociales durante la implementación del Acuerdo de Paz?

Si bien es  cierto que la situación de los líderes no es la mejor porque siguen siendo amenazados y asesinados; sin la firma del Acuerdo de Paz estarían peor o no se visibilizarían los riesgos, y mucho menos en los sitios más apartados del país.

El tema pasa por la aparición o permanencia de grupos armados ilegales que buscan controlar el terreno dejado por las Farc y en esa lucha armada por el narcotráfico y la minería ilegal, cometen acciones violentas como los asesinatos, los desplazamientos forzados y los homicidios selectivos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Retrospectiva ¡Pacifista!

En julio del año pasado, en más de 80 ciudades del mundo alzaron la voz para oponerse al asesinato sistemático de líderes sociales. En este video hicimos un recuento de la jornada.