‘Sapos’, ‘guerrillos’ o ‘paras’: ser líder y vivir atrapado en el fuego cruzado

Este reportaje tiene una versión en audio. Escúchela acá:

Ser líder social en una comunidad rodeada por grupos armados y ser, de repente, amenazado, es vivir con un horizonte de vida que día a día se hace más estrecho. No es pensar en 2020 o 2030, sino en cómo sobrevivir mañana o en la siguiente hora. La muerte puede aparecer en cualquier instante, yendo a la tienda por la mañana o rumbo a la casa después del trabajo.

No existe algo que despeje esa angustia. La probabilidad más alta para un líder amenazado, por lo menos en Colombia, es la muerte. Solo veamos una cifra, una de tantas: entre enero de 2016 y julio de 2018 fueron asesinados 343 líderes sociales, según cifras del Cinep y la Universidad Nacional. Antes de morir, 33 líderes habían reportado sus amenazas ante el Estado y no fueron escuchados.

Quizás muchos más intentaron ser oídos. Pero como nos contó un líder en el Bajo Cauca, “cuando estamos trabajando en las veredas no hay ningún funcionario del Estado”. Puede que en algún punto del trayecto se encuentren con un militar o un policía, pero ese encuentro está lejos de generar un sentimiento de tranquilidad.

En la Alcaldía de Zaragoza (Antioquia), cuando les preguntamos por este tema, algunos de sus funcionarios –que mantenemos en anonimato para evitarles riesgos– lanzaron denuncias : “El 25 de enero asesinaron a un muchacho porque supuestamente era de un grupo al margen de la Ley, pero no se sabe nada, nunca lo probaron. Es verdad que muchos pobladores no confían en la Fuerza Pública porque les quitan los cultivos, les cierran minas artesanales, les dicen guerrilleros, los desaparecen y muchas veces los dejan en la pobreza”.

A finales de febrero recorrimos algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño con la Defensoría del Pueblo. En pocos días nos dio vueltas una pregunta latente: ¿Cómo es la vida de un líder social amenazado en una zona donde los grupos armados y el Ejército se disputan la autoridad? Esta región es una de las que supuestamente será priorizada por el gobierno de Iván Duque en el  Plan de Acción Oportuna (PAO) para los defensores de derechos humanos en Colombia. Lo lanzó en noviembre pero en el territorio no ha pasado nada.

Cáceres, Antioquia. Su estación de policía parece una trinchera de los noventa; con rejas, capas de cemento gruesas y huecos para disparar. Sus calles son las de un pueblo en guerra: paredes agrietadas, tiendas cerradas, caminantes en silencio y un ruido leve, el del río Cauca, de fondo. Sus casas están vacías, la casa cural dice “cerrada temporalmente”, en la Iglesia se puede ver, a lo lejos, a un grupo de señoras que evitan cualquier contacto visual. El parque del pueblo está solo. Ni siquiera se pueden ver a los viejos que salen a leer el periódico o a charlar.  A veces pasan hombres y mujeres en motos, ese es el único movimiento.

-Sigan, siéntense por favor, que ya viene el defensor del Pueblo, dice una funcionaria de la Alcaldía mientras llega la caravana de policías que custodia a un grupo de periodistas que acompaña al Carlos Alfonso Negret, el defensor.

En silencio y dispersos, los líderes de Cáceres se acomodaron en unas sillas. Parecía un salón de clases. Un profesor de la escuela municipal fue uno de los primeros en tomar la palabra.

“Señor defensor, antier el rector se vio obligado a hacer una modificación del horario de clases y colocar clases de 50 minutos para salir más temprano. Los muchachos tienen problemas por fronteras invisibles, no pueden salir después de las seis de la tarde. Ya se han ido 93 estudiantes por desplazamientos forzados defensor… ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es difícil recuperarlos, yo estoy pidiendo traslado… es que, es que no soporto el estrés”.

Silencio.

Al profesor se le quiebra la voz. Llora. “No soporto ver matar a mis compañeros y a mis alumnos. Todos los muchachos que han matado aquí han sido alumnos míos. Estoy dolido en el alma. Estoy impotente, no tengo a dónde recurrir. No queremos mil o dos mil policías, por lo menos tres que sean honestos. Le pido que le ayude a esta gente que se está desplazando. Están aguantando hambre. A mí me duele”.

En Cáceres, hoy, las Autodefensas, el ELN y Los Caparrapos –disidencia del Clan del Golfo– sostienen una guerra intensa que en el transcurso de un año ha generado por lo menos seis desplazamientos masivos y ha dejado a 677 familias sin casa.

Cáceres parece un pueblo fantasma y, desde allí, los líderes sociales tratan de mediar, de hablar con los grupos, de resguardar a la población civil. Muchas veces, como nos dijeron, estas conversaciones fueron inútiles, porque alguna de las partes –Estado o grupos armados– dejó de escuchar.

La Defensoría del Pueblo tiene un programa de alertas tempranas, un sistema de protección conectado con la Policía para atender a los líderes — incluso es la única entidad que ha visitado el Bajo Cauca en los últimos meses—. Sin embargo, este sistema no es suficiente, tanto por problemas de conectividad como por respuestas lentas de la Policía.

Lo decía claramente un líder social de Caucasia, cuando hablaba de su jornada durante un encuentro conjunto con la Defensoría y la Gobernación de Antioquia: “Mire, acá hay alrededor de 17 veredas y cada una tiene una Junta de Acción Comunal (JAC). Cuando un presidente de una JAC sale a trabajar en su vereda, a escasos cuatro o cinco minutos pierde totalmente la señal de celular. No tenemos contacto con nadie, a veces en 10 o 15 días mientras se recorren las veredas. No podemos comunicarnos con nadie. Si llega un grupo armado a amenazarnos no hay nadie del Estado que nos pueda ayudar”.

Un funcionario de la gobernación lo interrumpió, preguntándole detalles sobre las veredas.

“Un momento, es que no he dicho todo”, continuó el líder. “Nosotros no podemos desacatar una orden de un grupo armado porque eso significa la muerte. Vea al compañero de la vereda La Floresta. Siguió al servicio de las comunidades y unos grupos lo cogieron, lo amarraron dos días y luego le dijeron: desocupe inmediatamente. Entonces uno se comunica con ustedes pero no hay respuesta. Uno se puede quedar horas y días esperando a que hagan algo. Por eso los líderes huyen, porque las amenazas son en serio”.

Es difícil calcular el número de líderes amenazados en Colombia. Las cifras varían y no existen consolidados oficiales. En 2017, por ejemplo, la Defensoría dijo que por lo menos 500 líderes estaban siendo amenazados cada año. Pero el espectro es mucho mayor. Según el Ministerio del Interior, a corte de noviembre de 2018, un total de 6.200 líderes sociales pidieron el amparo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). De este número, agrega la misma fuente, 3.733 recibieron protección integral. En Antioquia, donde hablamos con varios líderes, están amenazados por lo menos 108 líderes, según la ONG Nodo Antioquia.

Estas cifras, aterrizadas a la realidad, esconden por lo menos dos aspectos:  la desconfianza que existe entre los líderes sociales y el Estado  y la ineficiencia de las medidas que brinda la UNP. Existen varios casos, como el de Temístocles Machado, en Buenvantura, o el de Bernardo Cuero en Malambo, donde las amenazas fueron recurrentes y el Estado hizo poco para evitar que se convirtieran en realidad.

En el caso de Temístocles Machado, su liderazgo –desde comienzos de los 2000 lo sabían– incomodaba a las multinacionales del puerto de Buenaventura. Fue él uno de los principales opositores a la construcción de la vía Alterna-Interna, la cual fue inaugurada en 2006. En ese entonces el Estado le asignó un esquema por las constantes amenazas que recibía, pero a los dos años se lo desmontó porque, supuestamente, “no estaba en riesgo”. Luego le dieron un chaleco antibalas. Sin embargo, Temístocles pedía una protección colectiva para las comunidades negras.

Retrospectiva ¡Pacifista!

Pasaron años 10 años y el Estado nunca se tomó en serio la pregunta sobre cómo protegerlo. ¿En serio un chaleco antibalas bastaba? ¿En serio la Policía, cuestionada por ser permisiva con los despojadores de tierras, podría darle protección? Temístocles Machado fue asesinado en la tarde del sábado 27 de enero de 2018 por un sicario. En ¡Pacifista! lo advertimos un mes antes: en cualquier momento lo podían matar y él mismo lo decía. No hubo grito de auxilio que sirviera.

Al final asesinaron a don ‘Temis’ y el gobierno no hizo nada por la causa que él defendía: la conservación de tierras para poblaciones afro. Algo similar pasó con Bernardo Cuero, asesinado en junio de 2017 y quien recibió amenazas desde el 2000, cuando sufrió dos atentados. Cuero era un líder afro de 64 años, uno de los más respetados. Cuando lo mataron era fiscal nacional y coordinador en el Atlántico de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Desde 2013 pidió medidas de protección pero la Unidad Nacional de Protección (UNP) dijo que no necesitaba ningún esquema, que su riesgo era “ordinario”.

Una semana antes del asesinato, Bernardo Cuero dijo en la Mesa departamental de Víctimas de Atlántico que necesitaba cambiar de residencia, que había recibido diferentes amenazas, pero que solo tenía 200 mil pesos y que estaban comprometidos para el arriendo. Tres días antes de ser asesinado por un sicario, dijo que quería irse, pero nadie lo escuchó.

“Nos dicen a qué hora salir, nos tienen sitiados”

En Tarazá, un municipio donde los grupos armados sostienen confrontaciones por los cultivos de coca y la minería irregular, los líderes sociales corren peligro todos los días. Con voz baja, en un salón de la Alcaldía, un líder nos contaba que, así no pareciera, en la región “hay fronteras invisibles. Uno no se puede mover de una vereda a otra porque van a decir que es de algún grupo armado. Y cuando llegó la Fuerza Pública nada mejoró porque llegaron sin avisar, nos dijeron guerrilleros, detuvieron campesinos. Somos objetivos militares de todos”.

En la vereda La Caucana, por ejemplo, la comunidad se ha quejado públicamente por presuntos abusos de los militares que ejecutan el plan antinarcóticos de erradicación: “Llegan sin ningún plan social, sin alternativas. La verdad es que todos los grupos nos violan los derechos humanos. Ya hay personas que se desesperan y que en momentos de rabia llegan a decir: ‘Nos va a tocar usar el fusil para proteger a los jóvenes. No quedan más alternativas'”. Las palabras son de una madre desesperada; ella ha visto el reclutamiento de menores, el desplazamiento de familias y el silencio de las instituciones que deberían protegerlas.

Este mismo desespero lo sienten los líderes de Tumaco, del Cauca, de Antioquia y Catatumbo, zonas en donde están la mayoría de cultivos de coca del país. Un líder de una de estas regiones nos lo contaba de esta manera: “A un miembro de la Junta de Acción Comunal los policías antinarcóticos lo sacaron de su casa, le robaron el celular. Después se metieron a cuatro viviendas, sacaron comida, ropa, todo y luego presentaron esas casas como laboratorios de cocaína. Y cuando uno reclama dicen que uno no puede decir nada, que no importa que uno diga que es líder social. Uno les muestra la cédula y no sirve para nada, dicen que uno es guerrillero. La amenaza viene de todos lados porque si los grupos armados nos ven hablando con la Fuerza Pública entonces nos dicen sapos”.

La encrucijada lleva al desespero: el gobierno de Iván Duque le ha apostado a la erradicación y no tanto a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Existen corregimientos donde el 95% de la coca ha sido erradicada y los campesinos, como nos dijeron, se quedaban sin empleo. “Por eso es que los pelados arrancan para cualquier grupo armado, porque no hay solución, es meterse a trabajar con los paramilitares o con la guerrilla para no ser desplazado. No hay caminos”, nos contaba una líder.

Lo triste, como lo han denunciado las asociaciones campesinas, es que 99.096 familias están inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en distintos territorios, y el gobierno Duque no les está cumpliendo, o al menos no con la agilidad que esperaban. Los líderes sociales que apoyan la sustitución ,además, se están quedando sin oportunidades y, en caso de amenazas, tampoco tienen para dónde salir.

En el Bajo Cauca nos hablaron sobre una inquietud que ni la prensa ni las instituciones suelen tener en cuenta: a un líder lo amenazan y luego lo asesinan. ¿Quién protege a su familia? ¿Quién las tiene en cuenta? “Las familias de los líderes han quedado desamparadas y nadie les pregunta qué necesitan”. Imagínese cómo viven, nos decía un líder, “sin salud, educación, carreteras, empleo y amenazados porque todo se puso otra vez muy peligroso. Estamos a merced de los grupos armados. No podemos decir nada, si decimos algo nos siguen. Estamos sitiados, a veces no podemos ni siquiera salir”.

Impotencia, esa palabra

El Bagre, otro municipio del Bajo Cauca sitiado por los grupos armados, se ha convertido en un lugar de resistencia de las 12 comunidades indígenas que viven en los territorios. Algunos líderes, como nos contaron, han sido amenazados por rechazar incursiones en sus resguardos, por pedir respeto, como nos dijo un cacique. “Nosotros tenemos nuestra guardia indígena y nos toca defender el territorio con lo que tengamos. Sí nos han amenazado, pero acá nuestra protección es estar unidos. El problema es que la gente se termina exiliando porque no hay nada que hacer, porque no nos dejan trabajar en el campo”.

A diferencia de otras épocas, cuando un solo grupo armado controlaba las movidas en la región, ahora existe una fuerte disputa que, en efecto, tiene a los líderes sitiados, amenazados. Disidencias de las Farc, paramilitares, ELN y Ejército cambian las fronteras del mapa todo el tiempo. “Es difícil porque no podemos hablar con otras familias. Digamos que un amigo de mi hermano está en otra vereda, pero allá tienen el control Los Caparrapos, entonces no podemos hablar con él. Si lo ven cerca a la casa entonces van a decir que es un sapo. No podemos hablar con nadie, no podemos salir de la casa, así es difícil ser líder, ¿si me entiende?”, nos dijo un líder campesino que está tratando, desde hace años, dejar los cultivos de coca pero no encuentra otras opciones para subsistir.

Para nosotros, los que vivimos lejos de la ruralidad, es difícil entenderlo. En la ciudad, usualmente, no nos sentimos sitiados, no tenemos un grupo armado diciendo por dónde nos podemos mover. Claro, existe el desplazamiento intraurbano y existen bandas que controlan el microtráfico y que extorsionan. Pero aquí podemos llegar a un CAI de Policía, a una Alcaldía local, a un hospital. Allá no. Por eso cuesta tanto entender lo que significa vivir con una amenaza en una zona de conflicto. Sentir que un tercero dispone de nuestra vida y que nadie puede detenerlo cuando nos quiere hacer daño es algo difícil de asimilar.

Retrospectiva ¡Pacifista!

A comienzos de 2017, y en alanza con el artista Toxicómano Callejero, pintamos un mural con nuestro contador de líderes asesinados sobre la fachada de un edificio de Chapinero. Fue una manera de informar y alertar sobre la ola de violencia que entonces estaba comenzando (Para ver el video, haga clic sobre la imagen). 

Volvamos entonces a la pregunta: ¿Cómo alertar algo cuando se está 15 días incomunicado trabajando en las veredas? ¿Cuándo el mismo Estado le dice al líder “guerrillero”?

¿Por qué ahora? Les preguntábamos a las familias de Cáceres tratando de encontrar respuestas para la violencia que lo está copando todo. La respuesta es la misma: antes, cuando estaban las Farc, no había problema de fronteras invisibles, no había una disputa armada por el territorio pues, en alguna medida, ellos respetaban a los civiles.

“Ahora por todo nos piden extorsión, por todo nos dicen sapos, por eso se desplaza tanta gente”, contaba una mujer que se resiste a dejar su casa en el municipio.  Y antes, en los noventa y hasta el 2006, cuando mandaban las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los líderes buscaban diálogos con ellos, acuerdos mínimos para sobrevivir. “Con ellos por momentos nos sentíamos seguros. El problema es que ahora todos se disputan el territorio y uno queda ahí, en el fuego cruzado”, nos decía un antiguo funcionario de la Alcaldía.

En la tarde del sábado 23 de febrero llegó un panfleto a Cáceres: líderes sociales y algunas familias tenían 24 horas para abandonar el territorio o, de lo contrario, serían asesinados. Entre Policía y Ejército suman 100 uniformados, pero las personas amenazadas sumaban más de 100: darle protección a cada una parece imposible.

“Yo nací y crecí en este bello municipio, pero mi padre fue asesinado por las bandas criminales y ahora quieren asesinarme a mí. Aparecí en el panfleto y mis tres hijas lo vieron. ¿Es cierto que te van a asesinar papi? , me preguntaron mis hijas. Eso es muy duro….”, hasta ahí llegó la conversación que tuvimos con un líder local. Interrumpió su testimonio para tomar algo de aire y no romper en llanto. “Es la impotencia”, nos dijo más tarde. La impotencia por tener que dejar su casa, huir a Medellín, pedir limosnas, pedir posada donde algún familiar, donde su lucha por los campesinos pierde todo sentido.

Impotencia, esa palabra tan repetida por las comunidades cuando hablan sobre la violencia en el Bajo Cauca.

Las alertas

En enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por diferentes “conductas criminales que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos” en la región. El panorama fue descrito claramente por la entidad: existe una “disputa entre estructuras armadas de los autodenominados frentes Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos Peñate y Julio Cesar Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en adelante AGC), contra las estructuras armadas del autodenominado frente Virgilio Peralta Arenas (más conocidos como ‘Los Caparrapos’) y en alianza con la organización armada ilegal ‘Los Paisas’”. Una disputa que, de avanzar, dejaría al territorio sin liderazgo social.

Un mes más tarde, en febrero de 2018, la Defensoría emitió otra alerta que al parecer fue ignorada por el gobierno. Los espacios que dejó el Frente 18 de las Farc comenzaron a ser copados por ‘Los Caparrapos’ en alianza con ‘Los Paisas’. Después llegaron las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, grupo armado que ha intentado tomarse el corredor de movilidad entre el centro del país con la salida al mar en Córdoba y Sucre. “Como consecuencia de dicha disputa, los miembros de estos grupos armados ilegales, han venido cometiendo homicidios y amenazas en contra de líderes sociales, campesinos y étnicos (…) Lo anterior genera terror en las comunidades, fragmenta su cohesión comunitaria y obliga al desplazamiento forzado como vía para eludir el riesgo”.

El gobierno, más allá de planear intervenciones militares, no escuchó a la población y la violencia incrementó — en Caucasia, por solo mencionar uno de los municipio, la violencia aumentó un 100% entre 2017 y 2018 —. En marzo de 2018, una vez más, la Defensoría dijo que estaban circulando panfletos de ‘Los Caparrapos’, imponiendo toques de queda a partir de las 7:00 p.m. En ese entonces, por un paro armado del ELN, las amenazas se hicieron más frecuentes. Como cuenta la Defensoría, la guerra entre los grupos armados llegó a los cascos urbanos, desplazando a familias y a líderes sociales.

Ha pasado un año desde entonces, uno que no deja ningún tipo de esperanza. Han pasado 12 meses y pareciera que para el Estado, el Gobierno y los grupos armados la historia se hubiera detenido en el mismo punto: ese en el que la vida de los líderes significa muy poco. Igual que ayer y quizá igual a mañana.