El Gobierno había exigido la liberación de dos personas para pasar a la fase pública de conversaciones con esa guerrilla. Ambas ya se encuentran con sus familias.
“Exigimos la libertad del cabo Villar y de Ramón Cabrales. Para iniciar cualquier tipo de negociación (con el ELN) tienen que liberarlos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos a comienzos de febrero en Arauca. La declaración, ofrecida después de un consejo de seguridad, dejaba claro que para dar paso a la fase pública de conversaciones con esa guerrilla sería necesario el regreso a la libertad del soldado y del alto consejero de la Gobernación de Norte de Santander para la Provincia de Ocaña. La exigencia se repitió varias veces durante las semanas siguientes.
No pasó mucho tiempo para que el ELN respondiera al requerimiento del presidente. El 20 de marzo, con el acompañamiento de la Cruz Roja y de la Iglesia Católica, esa guerrilla liberó a Jair de Jesús Villar. El cabo había sido retenido el pasado 3 de febrero en zona rural de Segovia (Antioquia), cuando realizaba labores de inteligencia.
Según el Ejército, el militar hacía parte de las tropas que se habían desplegado en la vereda El Diamante para permitir el ingreso del grupo EXDE (Explosivos y Demoliciones) de la Brigada 14, como parte de las operaciones que se ejecutaron en la región luego de que el ELN atacara con explosivos las obras de la planta de energía eléctrica Doña Teresa.
Liberado Villar, Santos declaró que aquello era “un gesto positivo en la dirección correcta”, pero que aún faltaba Cabrales. Y dijo que los comandantes del ELN “saben perfectamente que no tienen alternativa, porque o se suben al bus de la paz o van a terminar en una tumba o en una cárcel”.
Así fue como el pasado 23 de marzo el ELN dejó en libertad al funcionario de la Gobernación de Norte de Santander. Nuevamente, la Iglesia medió en la liberación, que se produjo en San Calixto, el mismo municipio donde el funcionario fue secuestrado en septiembre de 2015, cuando salía de su finca en la vereda Venadillo.
Horas después, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “con esta decisión política se abren las posibilidades de iniciar una etapa formal de negociación, que es lo que ha esperado el Gobierno”.
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Así, todo apunta a que los obstáculos para dialogar formalmente con el ELN ya fueron superados, más aún cuando la agenda está acordada desde 2015. Sin embargo, el inicio de la fase pública no está tan cerca como parece. Una escueta lectura de la información que circula públicamente deja algunas dudas sobre esa posibilidad.
Del lado del ELN, las pistas están en su revista Insurrección. De allí se desprende que, aunque la agenda esté pactada, esa guerrilla insiste en que el proceso de paz debe, necesariamente, aterrizar en la discusión sobre el modelo económico.
En una carta dirigida al doctor en sociología Boavaentura de Sousa Santos y publicada en Insurrección, el primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, volvió a tocar el tema. Dijo que “en las calles y campos de Colombia la gente agita la consigna de ‘la paz son cambios’. Esos cambios están referidos a las estructuras económicas y políticas del Estado, pero el Gobierno ha reiterado que el modelo económico no está en cuestión”.
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En opinión de “Gabino”, “es necesario reconocer que están sobre la mesa dos modelos de paz: el que se plantea desde las mayorías argumentando la urgencia de profundos cambios estructurales y el que plantea el presidente Santos, de silenciar los fusiles y legalizar las guerrillas, con la promesa que a futuro se pueda hablar del tema”.
Otro asunto complejo es el de la justicia transicional. Hasta ahora se esperaba que el ELN aceptara la Jurisdicción Especial para la Paz que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana, lo que acortaría los tiempos de la negociación y garantizaría un trato igualitario para todos los actores que participaron en el conflicto. Sin embargo, varios documentos indican lo contrario.
En la carta a de Sousa Santos, “Gabino” dice que la justicia transicional “nos produce grandes interrogantes y preocupaciones. Por ello se requiere de un debate e intercambio político, donde tengan participación los millones de víctimas del conflicto y las grandes mayorías de la sociedad; solo así se logrará una idea común de verdad y justicia”. La idea parte de la premisa del ELN de que todos los temas de la negociación deben pasar por discusiones ciudadanas que tengan un carácter vinculante para la mesa.
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Además, tal como lo reveló ¡PACIFISTA! a comienzos de marzo, varios combatientes del ELN les han expresado a distintas organizaciones sociales sus inconformidades frente al acuerdo de víctimas y justicia al que llegaron el Gobierno y las Farc. Entre ellas se encuentran los alcances de las amnistías y los indultos para los guerrilleros, y la manera como el Estado y los empresarios deberían asumir su responsabilidad en los crímenes que se han cometido en el desarrollo de la guerra.
Del lado del Gobierno, las posturas son menos conocidas. En su columna del pasado 14 de marzo en El Espectador, el profesor Víctor de Currea-Lugo reveló que “en la última reunión bilateral, de febrero de 2016, (se presentó) un nuevo requisito por parte del Estado que [casi] echó al traste los tres años de negociaciones”. De Currea, autor de varios libros sobre los diálogos con el ELN, dijo que el Gobierno insiste en desconocer las particularidades de esa guerrilla y en pretender que se plegue a lo acordado con las Farc en La Habana.
Ante ese panorama, es difícil vaticinar que el inicio de la etapa pública de las conversaciones esté a la vuelta de la esquina, aunque las liberaciones del cabo Jair de Jesús Villar y del consejero Ramón Cabrales dejaron sin piso uno de los inamovibles para poner fin a una larga fase exploratoria.
