En hechos confusos, un campesino murió y otro resultó herido por disparos del Ejército en el corregimiento de Micoahumado. La población civil lidia con la zozobra de vivir en una zona con presencia del ELN.
Por: La Liga Contra el Silencio
Pasadas las cinco de la tarde del 7 de marzo, el campesino Henri Sarabia, de 27 años, jugaba fútbol con otros jóvenes en el corregimiento de Micoahumado, sur de Bolívar, cuando fue herido durante una acción militar que buscaba combatir a la guerrilla del ELN en la zona. Su amigo ‘Coco’, de 18 años y también campesino, fue asesinado en el operativo. Desde entonces, la tensión ha aumentado en esta población de la costa colombiana.
El homicidio ocurrió en la pequeña cancha de fútbol entre las veredas Guásima y Progreso Alto: un pedazo de tierra flanqueado por rústicos arcos de madera, ubicado a menos de 100 metros de una vivienda, a unos 200 de la escuela y a unos 40 minutos en moto del casco urbano de Micoahumado. Desde la cancha se ve la Serranía de San Lucas. A un lado está la trocha por donde transitan los habitantes y, comúnmente, hombres del ELN que hacen presencia en la zona.
Enclavado en las montañas, Micoahumado es un lugar de difícil acceso, no solo por las condiciones de seguridad, sino por el largo viaje: media hora por carretera desde Aguachica hasta Gamarra; un ferry para cruzar el río Magdalena; otro trecho de carretera hasta el municipio de Morales, al que pertenece el corregimiento; unos minutos en chalupa hasta Moralito; y luego subir por caminos lastrados por varias horas, dependiendo del medio de transporte.
En el camino, en la montaña, aparece el primer cartel: “ELN. Zona minada. FGDRC”. Las siglas corresponden al frente que opera en la región: Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. En la entrada del casco urbano, otro letrero dice: “Bienvenidos. Territorio de paz”, aunque por estos días la conflictividad está al alza.
El ELN controla esta zona desde hace décadas. Por eso los pobladores de Micoahumado, unos 3.500 habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura y la pequeña minería, cargan un estigma permanente: los acusan de guerrilleros o colaboradores. Ellos rechazan estos señalamientos y temen ser víctimas del enfrentamiento entre los elenos y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que desde febrero busca asegurar ese territorio, después del fracaso de los diálogos entre esa guerrilla y el Gobierno.
La muerte de José Sánchez Quintero, conocido como ‘Coco’, y las heridas de fusil que sufrió Henri Sarabia en el brazo derecho, son los eventos más graves que han ocurrido en Micoahumado este año. El 2 de febrero y el 2 de marzo, dos combates entre militares y el ELN en el casco urbano dejaron a los civiles en el medio. Hoy muchos temen que la situación se agrave.
Los militares, asegura Sarabia, “disparaban sin sacarle el dedo a ese fusil. Entonces, yo le dije a los pelados: ‘corran que nos van a matar’. Yo salí a correr, no volví a mirar pa’ trás. No sabía que a ‘Coco’ lo habían herido, que le habían pegado ese tiro de muerte”. Sarabia hoy se recupera en la casa de su hermano en Bodega Central, un caserío ubicado a orillas del río Magdalena, a unas horas de Micoahumado.
Sarabia ganaba 25.000 pesos diarios trabajando como jornalero de lunes a sábado. Esperaba incrementar su salario con la temporada de siembra de fríjol que empezará el 15 de abril, pero no podrá trabajar hasta que recupere la movilidad de su mano y su brazo que tiene los tendones comprometidos. Eso le llena de angustia, pero tiene el consuelo de seguir con vida.
Él y varios testigos dijeron a La Liga Contra el Silencio que a la cancha esa tarde se acercó, desarmado, un guerrillero vestido de civil; y que de repente comenzaron los tiros desde una loma cercana. Luego supieron que había disparado el ejército. Cerca de allí estaba otro guerrillero, y en el medio, varios civiles.
En la cancha jugaban ‘Coco’, Henri y un menor de edad que al oír los disparos corrió y se lanzó a una zanja. En la vivienda cercana estaban Astrid Bayona, su esposo Jimmy y al menos dos menores. Más abajo hay casas donde estaban otros pobladores que iban a sumarse al partido de fútbol.
“Yo me fui (corriendo), me tiré en la esquina de la casa de Jimmy y le decía que me ayudara, que me habían herido, y él me decía que me metiera pa’ dentro como pudiera. Yo como pude fui y me metí al lado de ellos y el ejército seguía disparando y disparando. Jimmy les gritaba que no disparan porque había niños, que habían civiles (sic), que tenían un civil herido”, cuenta Henri conteniendo las lágrimas.
Casi una semana después del tiroteo, todavía asustado, el menor de edad que estuvo en la cancha se lamenta: “Nosotros éramos civiles y nos metieron a plomo”.
Astrid Bayona, oriunda de Ocaña, llegó a la zona hace casi siete meses, y desde hace dos vive en la casa de madera y techo de zinc cercana a la cancha, donde se refugió Henri. Un rastro de la sangre sigue en las cortinas de la entrada, en la cama, en la tabla del suelo donde se acostó él para esconderse. A pocos centímetros de la foto de su matrimonio llegó un tiro, y hay otro más en la pared de enfrente.
Afuera hay más señales de disparos: en el tanque de agua, en el corral de las aves, en las matas de mango, de mandarina y de yuca. Hasta allí llegaron días después la Personería del municipio de Morales y la Defensoría del Pueblo para tomar testimonios.
La versión oficial dice que se trató de una operación conjunta de fuerzas militares y policía contra la estructura de Jorge Luis García Montes, alias Santiago, “tercer cabecilla” del Frente Luis José Solano Sepúlveda, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro (FGDRC) del ELN, integrado por ocho sujetos.
El reporte no menciona ningún guerrillero capturado o asesinado. Sí habla, en cambio, de dos heridos, a quienes se les prestaron “primeros auxilios”. También detalla el material incautado: dos chalecos multiusos, 352 municiones de diferente calibre, dos artefactos explosivos, dos granadas de mano, cuatro proveedores para fusil AK-47, un radio escáner, un uniforme camuflado de las fuerzas militares, dos morrales, una hamaca y panfletos alusivos al ELN.
El brigadier general Jairo Leguizamón, comandante de la Fuerza de Tarea Marte, con jurisdicción en la zona y que está compuesta por 4.800 hombres, sostiene que ese 7 de marzo se presentó “un intercambio de disparos entre una estructura (del ELN) que estaba en el sector y las tropas, en donde resultan heridos dos jóvenes”. Según él, los heridos fueron recogidos en helicóptero y uno de ellos “fallece en el vuelo”, pero no reconoce que “ese muerto y ese herido hayan sido producto de los fusiles del Ejército”.
“Es un hecho que es materia de investigación”, dice Leguizamón. El general aclara además que “en ningún momento” el Ejército reportó a los dos jóvenes “que se vieron inmersos en la situación como integrantes de alguna estructura”. También confirmó que en operativos anteriores dos soldados resultaron “levemente heridos”.
“Las personas civiles que se encontraban en el lugar de los hechos no tienen la calidad de retenidos, aprendidos ni capturados”, indica el comunicado de la Fuerza de Tarea Marte sobre Micoahumado, y dice que el fallecido y el herido “nunca fueron presentados como resultado operacional”.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que el caso está a cargo de una fiscalía de Barranquilla especializada en crimen organizado, y que el operativo estaba dirigido contra un cabecilla del ELN. “Estaban ahí en cumplimiento de una misión que tenía aval judicial”.
Las circunstancias de la muerte del civil y del herido no están claras. La fiscal a cargo está valorando los reportes antes de decidir si abre una investigación o la traslada a otra instancia. Se deberá establecer si fue “un acto que hace parte de sus facultades y fueros (de la fuerza pública), o si fue una acción en la que se extralimitaron”, explica la fuente de la Fiscalía.
El otro lado de la historia
En al menos tres puntos, víctimas y testigos cuestionan la versión oficial. Sostienen que no hubo intercambio de disparos ni combates. Que agentes de la fuerza pública dispararon contra quienes estaban en la cancha e incluso hubo presión para cambiar testimonios.
Los dos civiles fueron evacuados en un helicóptero del ejército junto a Ferney Herrera, un amigo que se ofreció a acompañarlos. Los llevaron al batallón Juncal, en Aguachica, Cesar. Henri Sarabia cuenta que un militar lo abordó en la ambulancia, rumbo al hospital. “Me insistía que dijera que nosotros habíamos quedado en el fuego cruzado. Le decía que no, que eso era una mentira (…) En ningún momento, ninguno les quemó un tiro a los soldados. Eso se lo inventaron ellos y quieren sacar esa teoría de que eso fue así, pero no, y la gente es testigo”, dice.
Su compañero, Ferney Herrera, coincide: “Ahí no hubo disparos de diferente grupo, (fue) un solo tiroteo de pa’lante (…). Ellos (los militares) disparan aquí, diciendo que había guerrilla, pero aquí no hubo un disparo a contra de lo que ellos estaban disparando”.
Sarabia va más allá: “Para mí que ellos nos querían dar por ‘falsos positivos’ porque por qué nos dispararon, por qué nos rodearon”. Pablo de Jesús Santiago, uno de los líderes de la comunidad que denunció los hechos recientes, alude al joven fallecido: “Donde la comunidad no atestigüe que es un civil, hubiera quedado como un ‘falso positivo’. Ellos no encontraron ningún elemento que lo hubiera sindicado como guerrillero”.
Ambos se refieren al eufemismo que califica las ejecuciones perpetradas por agentes del Estado contra civiles que hacen pasar por guerrilleros, para obtener beneficios e incrementar el número de bajas en el conflicto armado. Se han identificado 2.248 víctimas de esta práctica entre 1988 y 2014, según un informe que le entregó la Fiscalía a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Otros cálculos estiman el número de víctimas en casi diez mil.
La muerte del joven también tiene versiones encontradas. Sus amigos afirman que falleció en el sitio: “Él murió en el lugar de los hechos (…) Cuando a mí me echaron al helicóptero, después lo cogieron a él, de patas y manos, y lo tiraron allá al helicóptero, pero ‘Coco’ ya no estaba vivo”. Su acompañante, Herrera, coincide: “A él lo dejan correr dos metros hacia adelante, donde cayó boca abajo y ahí fue la muerte (…) Cuando nos montaron al helicóptero yo ya sabía que él estaba muerto”. Según testigos, ni en la cancha ni en el helicóptero hubo indicios de que le hubieran prestado primeros auxilios al joven fallecido.
Su familia se enteró de la muerte porque les avisó un profesor de la vereda. Hicieron el largo trayecto hasta Aguachica y encontraron su cuerpo en la morgue del hospital local de Barahoja. Un oficial de policía les entregó sus pertenencias sin ninguna explicación. Ahora esperan alguna indemnización. “Me dio como una rabia de ver que ellos le habían quitado la vida a mi hermano (…) Lo único que pido es que ellos paguen, porque no tenían por qué hacer eso con mi hermano”, dice Luzdari Sánchez Quintero.
A los 9 años, ‘Coco’ dejó su casa para trabajar en una finca. Era el penúltimo de ocho hermanos y solo llegó hasta segundo de primaria. Dicen que era bueno para “tirar rula” (machete), sembrar y hacer mandados. Hoy su madre lo llora y aclara que no era guerrillero. “Era un pelado humilde, trabajador”, dice.
El general Leguizamón insiste en que nunca se acusó a los jóvenes de guerrilleros, pero los testimonios de los testigos revelan un trato diferente.
“Del finado me sostuvieron, en el batallón (Juncal) me lo sostuvieron, que él era guerrillero. Que por qué usaba esas botas, y yo la verdad (dije) que nosotros en el campo no trabajamos a pie limpio, todos trabajamos con botas de caucho”, cuenta Herrera.
En el hospital dos soldados custodiaban al herido. Ramón, el hermano de Henri, les insistió en que no era guerrillero, y no había razón para custodiarlo: “‘Tenemos una orden”, dice que le respondieron. “Él puede decir que no, pero es posible que hasta sí”. Hoy Henri Sarabia no tiene ninguna acusación en su contra.
La estigmatización ha llevado a la judicialización de líderes campesinos. Inteligencia Militar señala a algunos de ser “integrantes de la red de apoyo al terrorismo”, según denunció Jorge Reales, abogado de la Corporación Sembrar, que trabaja en la zona. Reales lleva algunos de esos casos y recuerda la captura de 14 personas en marzo de 2017, la mayoría de Micoahumado. Todos están libres, aunque el proceso judicial en su contra continúa y, según Reales, “el riesgo de persecución todavía está vigente”. Esos casos se suman a otras detenciones de defensores de derechos humanos en el sur de Bolívar.
Riesgo de desplazamiento
En la región hay menos paz de la que todos quisieran. Incluso la directora del Magdalena Medio de la Unidad de Víctimas, Amparo Chicue Cristancho, convocó a la Alcaldía de Morales a estar preparada para un “posible desplazamiento”, un escenario que Micoahumado padeció con los paramilitares a finales de los noventa e inicios de la década siguiente cuando se registraron desplazamientos masivos.
Ante la situación actual, una semana después del operativo militar, en una reunión celebrada en el polideportivo, la población expresó sus preocupaciones y denuncias. La cita se realizó después de cuatro consejos extraordinarios de seguridad en menos de un mes, y estaban convocadas autoridades de diferentes niveles, pero no todas llegaron.
El alcalde Rodolfo Díaz dijo que los delegados de la Gobernación de Bolívar no asistieron “argumentando cuestiones de seguridad en la vía”. Por su parte, el general Leguizamón explicó a La Liga que han escuchado las quejas en otras reuniones y que están “prestos a realizar las correcciones a que haya lugar”, pero que decidieron no ir porque consideraron que el escenario sería “completamente hostil”. La Fuerza de Tarea Marte tiene unidades móviles en la zona y su base está en Santa Rosa, a menos de 100 kilómetros al sur de Micoahumado, desde donde combaten al ELN, al Clan del Golfo, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.
En la reunión, la personera de Morales, Melissa Pereira, denunció presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), y riesgos, como la presencia de actores armados cerca de la comunidad, la violación del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, la persecución a líderes sociales y el abordaje de niños en las calles por parte de la fuerza pública para obtener información. El comandante Leguizamón negó los señalamientos de la Personería, a la que acusó de estar “parcializada” y de no tener pruebas.
La Defensoría del Pueblo también hace alertas. Esa entidad considera que por años la población ha estado sometida al control territorial del ELN, a sus extorsiones y a la amenaza de los campos minados. Se suma, además, la presencia de la fuerza pública que es vista por la población con “desconfianza” y como “un factor de riesgo”.
“Se necesita una intervención más independiente, más desde la civilidad hacia el territorio, no agenciada por la fuerza pública”, explica Rafael Navarro, Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas. Con lo que ha ocurrido considera que “hay elementos suficientes para deducir que la situación de riesgo se va a profundizar”.
La región, que forma parte del corredor que se conecta con el Catatumbo, otra zona conflictiva, también enfrenta problemas de comunicación: unos pocos teléfonos cuentan con cobertura móvil, a través de una antena especial, y no hay internet, por la desconfianza que tiene la guerrilla en el ingreso de tecnología. Ese grupo incluso prohibió los celulares en las calles para evitar fotos. Además, en el departamento, 31 de los 46 municipios no tienen medios de comunicación que produzcan noticias locales.
Frente a los hechos recientes, la comunidad teme que se repita un escenario como el de años atrás cuando ante la violencia se vieron obligados a conformar una Asamblea Popular Constituyente que declaró su neutralidad frente al conflicto armado y rechazó la presencia de grupos armados. Hoy la población está en riesgo, entre dos fuerzas, en una zona pobre y apartada, silenciada por el miedo, sin un médico, sin agua potable y sin más oferta del Estado que la presencia militar.
“Estamos en medio. A uno le da miedo de que si le hace el favor a la guerrilla, el ejército nos puede acorralar, decir cosas, o (hacer) señalamientos. Y si se lo hacemos al ejército, igual (…) El que tenga las armas es el que manda, así mande mal”, dice Marleny Díaz, representante de las víctimas de la región.
El líder Pablo Santiago expresa otros temores. “Los militares van a ocupar nuestros espacios, nuestras casas (…) Si fuera que el ejército va a estar toda la vida, pero el ejército se va. Nos quedamos nosotros, la población, y después viene la guerrilla a cobrarnos lo que a ellos les parece mal”.
