Luego de dos días de discusión, los magistrados aprobaron el mecanismo con una votación de 8 a 1.
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El presidente Juan Manuel Santos durante la instalación de la legislatura 2016-2017. Foto: Archivo
Este martes, tal como esperaba el Gobierno, la Corte Constitucional le dio vía libre al procedimiento de fast track con el que agilizará el trámite de las leyes que se requieren para implementar el Acuerdo Final alcanzado con las Farc. En vez de ocho debates, el Congreso se gastará cuatro en aprobar o rechazar los actos legislativos, y el trámite de los proyectos de ley tomará dos debates en vez de cuatro, que es lo que tomaría ordinariamente.
El aval de la Corte abre las puertas para que el Gobierno le presente al Congreso las normas que el Acuerdo definió como “prioritarias”. Se trata de leyes que les otorgan seguridad jurídica a las Farc para entregar los listados completos de sus militantes, movilizarse a las Zonas y Puntos Veredales, y abandonar definitivamente el control armado que ejercen en sus territorios de influencia. Estas leyes también beneficiarían a las organizaciones sociales de izquierda, las víctimas y los cultivadores de plantas de uso ilícito.
En un primer paquete, que será presentado en los próximos días, el Gobierno deberá radicar en el Congreso la ley de amnistía, el acto legislativo de incorporación a la Constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ley de creación de la unidad para la investigación y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, y el acto legislativo de incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción de estructuras paramilitares.
La ley de amnistía, que ya está redactada y que fue incluida en el Acuerdo, es una de las principales preocupaciones de las Farc. La guerrilla busca que sus militantes que no cometieron delitos graves puedan ser amnistiados e indultados antes de que culmine el proceso de dejación de armas. Eso le permitiría, al menos a las bases, gozar de los derechos con los que cuenta cualquier ciudadano. En las cárceles, al menos dos mil guerrilleros esperan la promulgación de esa ley.
La creación de la JEP es igualmente urgente. No sólo porque garantiza que todos los actores podrán acudir a la justicia transicional, sino porque a corto plazo es necesario que esa instancia decida rápidamente el futuro de los guerrilleros que no podrán ser amnistiados ni indultados. El Acuerdo no especificó a qué lugar irán esos excombatientes cuando finalice la dejación de armas, y desde ya las partes tienen hondas discrepancias al respecto, incluso internamente.
Mientras una fuente del Gobierno le dijo a este portal que si para entonces la JEP no está lista los guerrilleros podrían permanecer en zonas y puntos bajo la custodia del Inpec, otra aseguró que los excombatientes saldrían de los campamentos a lugares que están por definir. De otro lado, una fuente de las Farc recalcó que los guerrilleros tendrán plena movilidad hasta tanto la JEP no decida los montos de las condenas y las formas de pagarlas. Mejor dicho, el tema está en el limbo y la pronta creación de la JEP podría ayudar a destrabarlo.
Según una fuente del Ministerio de Justicia, la ley que creará la JEP está casi lista y fue elaborada por esa entidad, por el Ministerio del Posconflicto y por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Las otras dos normas —que crean mecanismos para investigar estructuras paramilitares— buscan, de un lado, otorgarle seguridad a los futuros exguerrilleros y, de otro, proteger a quienes impulsarán la implementación del Acuerdo en los territorios. La unidad para la investigación de las organizaciones criminales hará parte de la Fiscalía y perseguirá a quienes atenten contra defensores de derechos humanos, y líderes sociales y políticos. Además, se buscará que el Congreso prohiba, aunque sea obvio, el apoyo estatal y privado a esas organizaciones criminales.
Aunque menos urgentes, el Gobierno deberá presentarle rápidamente al Congreso otras normas agrupadas en siete ítems, tal como quedó contemplado en el acuerdo firmado con las Farc.
El primer paquete de este segundo grupo de iniciativas, se refiere a las normas de procedimiento que regirán las actuaciones de la JEP y que buscan darles garantías a los procesados. En segundo lugar, se presentarán todas aquellas propuestas que regirán la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad. La Unidad permitirá agilizar la búsqueda de personas y la identificación de restos, mientras la Comisión construirá un gran informe que, con múltiples voces, dará cuenta de las causas y consecuencias del conflicto colombiano.
En tercer lugar, el Congreso tramitará una ley benéfica para personas condenadas o procesadas por delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, siempre y cuando sean campesinos que no pertenezcan a organizaciones criminales. La cuarta ley buscará que el legislativo suspenda los procedimientos de extradición de guerrilleros.
En quinto lugar, los congresistas deberán aprobar o rechazar las reformas con las que se dará vida al nuevo partido político que crearán las Farc, incluyendo la que permitiría la participación en política de los condenados por crímenes de lesa humanidad y genocidio. En sexto y séptimo, se tramitarán las medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, y todas las que se requieren para garantizar su financiación.
