El Gobierno y las Farc ya conocen el proyecto. Los campesinos piden que se garantice su permanencia en el territorio.
- Briceño es uno de los municipios del área de influencia de Hidroituango. Los cultivos de coca están muy cerca de los predios de ese megaproyecto energético de Empresas Públicas de Medellín. Foto: Samuel Tabares Adarve
A los campesinos de Briceño no solo les preocupa el conflicto armado. Tienen dificultades para acceder a servicios esenciales, hablan de la falta de oportunidades de educación para los jóvenes, del impacto de los megaproyectos en su territorio. Claro, también de la violencia y de la economía de la coca de la que viven cientos de familias. Según cifras oficiales, ese cultivo declarado ilegal es el sustento del 95% de los pobladores rurales del municipio.
La economía cocalera posicionó a Briceño como el lugar donde se empezaría a implementar el acuerdo sobre sustitución de cultivos ilícitos al que se llegó en La Habana. Aunque las comunidades lo reconocen como un paso necesario, aseguran que no definir una ruta precisa y consensuada representaría un riesgo para quienes hoy subsisten de ese negocio.
Por eso, la propuesta del Movimiento Ríos Vivos, que reúne a cientos de campesinos afectados por megaproyectos minero energéticos, busca concertar un plan que garantice la permanencia en el territorio de los pobladores de la zona. Se trata de las 11 veredas de Briceño que, por ahora, conforman el proyecto inicial de sustitución de cultivos acordado entre el Gobierno y las Farc.
Esa fue una de las solicitudes que los campesinos formularon al Gobierno y a las Farc el pasado domingo, durante la presentación pública del plan que reemplazará a la economía cocalera. La idea es que así como Briceño es el laboratorio de este proceso y del de desminado —por disposición de la mesa de La Habana y sin que sus pobladores sepan muy bien por qué—, también sea el lugar donde las comunidades empiecen a participar en la construcción de planes que garanticen la vida campesina, luego de firmado un acuerdo final de paz.
“En Colombia y en el mundo se ha venido deshabitando el campo con la presión no solo de la violencia, sino del tema educativo, de salud y de justicia. Esa concentración de servicios en la ciudad ha impulsado a que los campesinos tengan que salir del campo. Uno de los objetivos del movimiento es precisamente lo contrario: que retornen al campo los desplazados por los megaproyectos y que los que están allí, afectados, puedan permanecer”, explicó Isabel Cristina Zuleta, vocera de Ríos Vivos.
Para los campesinos resulta vital que la sustitución venga acompañada de discusiones mucho más amplias, a diferencia de lo que ocurrió con el proyecto de desminado iniciado a mediados de 2015, en el que afirman que no fueron tenidos en cuenta.
Vida digna en el campo
- Según estadísticas oficiales, el 95% de la población de Briceño vive de los cultivos de coca. Foto Samuel Tabares Adarve
La propuesta de los campesinos parte de tres pilares: seguridad alimentaria, hídrica y energética. El objetivo es la protección de los medios de vida, de las formas ancestrales para obtener el sustento y de su relación con la naturaleza. En ese sentido, piden que se preserven la agricultura, la arriería y el ‘barequeo’, actividades tradicionales en la región.
Por eso, está previsto un proyecto que descontamine los suelos donde se sembró coca o con una alta exposición a agrotóxicos u otros agentes contaminantes. Las comunidades reconocen los impactos ambientales de la producción cocalera y aseguran que no solo es cuestión de arrancar los palos, sino que la tierra debe adecuarse para una producción limpia que no tenga efectos dañinos sobre la salud.
En esa misma vía, la propuesta contempla la recuperación de tierras degradadas por la deforestación que, en esa región, también está asociada con el cultivo de coca. Las áreas más afectadas son las partes altas de las montañas, los nacimientos y las riberas de los ríos.
Justamente, sobre el manejo del agua el plan propone la gestión comunitaria de los acueductos, que las concesiones de ese recurso sean entregadas a las comunidades y que se implemente un proyecto para la disposición adecuada de aguas residuales.
Frente a lo que se sembraría en reemplazo de la coca, la postura de los campesinos rechaza los monocultivos como la palma, el cacao e incluso el café. En su lugar, dicen estar interesados en los cultivos de ciclo corto, entre los cuales se incluyen el de fríjol o el de maíz. A su juicio, estos productos garantizan la alimentación de sus familias y la comercialización.
La propuesta de sustitución busca un enfoque autónomo que permita a cada territorio tener marcas propias, procesadoras y empaquetadoras. La administración estaría a cargo de las mismas familias campesinas con el objetivo de comercializar solo los excedentes de producción.
Por otra parte, el plan de permanencia en el territorio presentado por Ríos Vivos pide que se tenga en cuenta toda la cadena de producción de la coca y no exclusivamente a los cultivadores que son propietarios. “Hay muchos raspachines que no tienen acceso a la tierra. Es muy importante que tengan una Unidad Agrícola Familiar como mínimo, pero también que los que tienen terrenos, pero no formalizados, que son la mayoría, accedan a un proceso para que obtengan un título de propiedad y garantías para estar allí”, explicó Isabel Zuleta.
Adicionalmente, la propuesta pide que se definan tarifas preferenciales de energía para las comunidades afectadas por los megaproyectos. Mucho más si se tiene en cuenta que Briceño hace parte del área de influencia de Hidroituango, cuyo objetivo es la generación de este recurso. En la misma vía, las comunidades piden que se promuevan alternativas energéticas como los biodigestores (sistemas para la generación de gas a partir del excremento de animales) que disminuyan el consumo de electricidad.
Además, el plan incluye las condiciones de infraestructura de las veredas donde se ejecutará el proyecto de sustitución de cultivos. Para ello, solicitan un programa para la construcción de vivienda rural digna y de vías que faciliten el acceso a centros poblados, que en la actualidad están prácticamente aislados de la cabecera municipal.
En materia de educación, pretenden que se implemente lo que denominan un “proyecto pedagógico para la permanencia en el territorio”, que incluiría la enseñanza de primaria y secundaria en cada vereda. Así, los estudiantes no tendrían que desplazarse cuando terminen sus ciclos académicos. “Además —explica Zuleta— hay una propuesta que, sabemos, ya se viene trabajando en La Habana de ‘universidades rurales para la paz’. La idea es que haya universidades en la ruralidad para que no estén centradas solo en las ciudades”.
Por último, proponen aumentar la frecuencia de las brigadas de salud en las veredas y asegurar que en cada una de ellas existan centros de salud con la presencia permanente de un médico y una enfermera.
El protocolo para poner en marcha el proyecto
- Orejón, la vereda seleccionada apara el proyecto piloto de desminado, hará parte también del plan de sustitución de cultivos. Foto Samuel Tabares Adarve
Un protocolo de nueve puntos firmado por el Gobierno y las Farc en La Habana el pasado 4 de julio estableció que habrá una “construcción conjunta, participativa y concertada del plan de sustitución y desarrollo alternativo”. Igualmente, dipuso que el proyecto sea acordado con las comunidades y que se desarrollarán asambleas comunitarias para identificar “necesidades, oportunidades y prioridades”.
El mismo documento precisó que inicialmente se crearán seis mesas temáticas: divulgación y sensibilización comunitaria; tierras, aguas y medio ambiente; infraestructura, desarrollo productivo, desarrollo social y seguridad. Su papel será “presentar lineamientos, propuestas y proyectos a las autoridades competentes e informes al grupo de acompañamiento”, integrado por representantes de las Farc, el Gobierno, las comunidades y el Programa de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito.
El paquete de propuestas de los campesinos que integran Ríos Vivos, junto con las de otras organizaciones, se empezará a discutir con el Gobierno y las Farc a partir del próximo lunes, en los escenarios que se activarán con la puesta en marcha de la mesa temática de divulgación y sensibilización.
