El ecosistema de alta montaña que abastece de agua a más de tres millones de santandereanos, continúa en una disputa social, ambiental y jurídica.
Por: Dayana Corzo*
Hace ya casi un año la Corte Constitucional cuestionó las formas de cómo se están tomando decisiones en los territorios. Para la población de los Santanderes, y para la misma Corte, el caso del Páramo de Santurbán fue uno en el que hubo una delimitación territorial sin que se tuviera en cuenta lo que pensaba la población. Ni siquiera existieron espacios necesarios para que se discutieran los nuevos usos del suelo y demás consecuencias de delimitar un territorio como este.
En la Sentencia T-361 de 2017, la Corte hizo énfasis en que la participación de la comunidad es un parámetro vinculante en lo que tiene que ver con la gestión del ambiente en ecosistemas de páramo. Mejor dicho, las voces de la comunidad deben tener espacios idóneos de discusión, ser escuchadas y tenidas en cuenta antes de tomar cualquier decisión sobre el destino de sus territorios. Esto no es un capricho, es un mandato de la Constitución del 91.
Por esta razón, la Corte dio el año pasado la orden para que en máximo un año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adecuara, creara e incentivara los espacios de participación ciudadana sobre la delimitación del ecosistema del Páramo de Santurbán. Esto quiere decir que el Ministerio tiene plazo hasta el próximo noviembre para generar esos espacios y educar a la población en lo que implica la delimitación del páramo. Esto es importante, para empezar, porque el páramo abastece de aguas al área metropolitana de Bucaramanga y a los municipios de Norte de Santander.
Han transcurrido 10 meses y la participación ciudadana ha tenido numerosas dificultades. Según el informe del 28 de abril de 2018 de la Defensoría del Pueblo —entidad que la Corte designó para garantizar que su mandato se cumpliera—, hay denuncias de la población sobre inconvenientes para poder participar de manera efectiva. En el caso de Norte de Santander, no se han convocado de manera idónea los espacios, se modifican los lugares o son de difícil acceso. Así, la información termina siendo interlocutada entre los actores de siempre y no con quienes se busca esta interacción, que son las personas directamente afectadas por la delimitación.
El Ministerio, por ejemplo, estuvo convocando a esas reuniones vía virtual cuando quienes tienen el interés de participar no tienen siquiera red de telefonía móvil en sus veredas. A las reuniones terminan llegando las autoridades locales y los funcionarios de las instituciones, y no los campesinos, que son los potencialmente afectados por las decisiones que se tomen.
En Santander el panorama no es mejor, pues el Ministerio de Ambiente, en cabeza del ingeniero de minas y exministro Gilberto Murillo, pareció no comprender a lo que se refería la Corte Constitucional con “generar espacios vinculantes”, y optaron por una simple exposición de decisiones previamente tomadas. Llegaban a las reuniones con presentaciones de lo que ya se había decidido sin escuchar en ningún momento las preocupaciones de los ciudadanos de Bucaramanga, quienes agua abajo ven cómo está en riesgo el futuro de la región y su abastecimiento de agua potable.
Por otro lado, la orden de la Corte Constitucional, por supuesto, no cayó muy bien para quienes tienen como prioridad garantizar que en los terrenos del páramo se den actividades de extracción de minerales. La Agencia Nacional Minera, por ejemplo, le solicitó a la Corte que anulara el pronunciamiento a favor participación de las comunidades.
La respuesta de la Corte fue que se deben fortalecer los diálogos entre la institución y las comunidades, y que las comunidades sí deben estar enteradas de las desiciones y su participación debe estar garantizada. “La delimitación de los páramos es más que una simple fijación de límites donde deba trazarse una línea”, dice la Corte. “Esa labor implica establecer pautas de gobernanza y de gestión de los nichos paramunos, aspecto en donde tiene aplicación esa pretensión de intentar alcanzar un consenso razonado y un consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.”
Esto quiere decir que la Corte volvió a decir que las decisiones que se tomen no solo responden a unas hectáreas dentro de unas líneas y linderos, sino que también se tiene que tener en cuenta que estas líneas prohibirán actividades que se han venido desarrollando en la región, y que hay terrenos en los que el derecho a la propiedad privada se verían afectados, así que tienen que ir más allá de lo aritmético y pensar en afectaciones económicas y sociales, hacer planes de transición y de contingencia y hacerlos en conjunto y con la voz de las comunidades.
Nuevos panoramas
Uno de los retos con el nuevo gobierno es evitar que haya un retroceso en los avances que tuvo la Corte Constitucional en materia de páramos. También buscar la protección de los ecosistemas de alta montaña y propender por el fortalecimiento y reconocimiento tanto de las actividades campesinas como de las otras económicas tradicionales de los territorios, por encima de los intereses de las grandes empresas multinacionales. Más maíz, papa, plátano, yuca, mora, uchuva y agua sin contaminar para los nuestros, y menos oro para los árabes.
En su visita al departamento del cañón del Chicamocha, el presidente Iván Duque ratificó lo que su nuevo ministro de Ambiente Ricardo Lozano ya había comentado: durante la cartera de Gilberto Murillo, anterior ministro, no se hicieron avances significativos en el tema de la redelimitación de Santurbán, así que solicitaron a la Corte Constitucional una prórroga. ¡Señores Corte Constitucional! Un páramo como Santurbán no se delimita en mes y medio.
Aún estamos a la espera de que la Corte responda si accede o no a la prórroga solicitada por el Ministerio. Una buena noticia es que este está a cargo de un geólogo santandereano. Ricardo Lozano, a propósito, ha salido a marchar en algunas ocasiones en defensa del agua que proviene de Santurbán.
De todas maneras, es claro que el panorama regional y nacional en materia de medio ambiente no están en su mejor momento. La bancada del ex candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras está buscando que las consultas previas dejen de ser aplicadas y ejercidas. La Corte Constitucional está replanteándose los alcances de las consultas populares, desconociendo la participación activa de comunidades como Cumaral o Cajamarca, que han dicho de manera rotunda “NO” a proyectos de megaminería en sus territorios. Las hidroeléctricas están a una gota de venirse abajo, y Santurbán está planteado como el proyecto piloto de la minería subterránea en páramos.
Todo esto solo nos convoca a continuar en la lucha en defensa de nuestros territorios, ratificando una vez más la importancia de reivindicar nuestras relaciones con el campo y la búsqueda incansable de una vida en condiciones dignas para éstas y las futuras generaciones.
*Abogada ambientalista
