instructor político
Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá autorizó la salida de la cárcel del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez. La decisión a favor de Duque, que pasó ocho años y nueve meses en prisión, se suma a la seguidilla de vistos buenos que han otorgado en los últimos meses los magistrados de Justicia y Paz para avalar la salida de las cárceles de los excomandantes paramilitares.
Aunque la Fiscalía se mostró conforme con la decisión que tomó el Tribunal, horas después de culminada la audiencia informó que en contra de Báez pesa una medida de aseguramiento por su presunta participación en la masacre de La Rochela (Santander), en la que paramilitares asesinaron a 12 funcionarios judiciales, en 1989. Según la Fiscalía, el exjefe paramilitar no confesó esos hechos en la justicia transicional, por lo que será juzgado sin ningún beneficio y por ahora no podrá salir de prisión.
Báez se vinculó a los grupos paramilitares en 1989. Su ascendencia en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó a ser tal que se convirtió en uno de sus principales ideólogos e instructor político de las tropas, y tuvo asiento importante en la mesa de negociación de Ralito. Además, se desempeñó como comandante político del Bloque Central Bolívar, la estructura paramilitar más grande de las autodefensas, que operó en departamentos como Antioquia, Santander, Caquetá, Putumayo, Bolívar y Nariño.
Durante el tiempo que estuvo recluido, rindió 78 versiones libres ante la Fiscalía, en las que confesó cientos de crímenes. Sus testimonios permitieron abrir investigaciones contra 15 senadores y 14 representantes a la Cámara por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, lo que lo convirtió en uno de los testigos clave de la ‘parapolítica’. También ha salpicado a diputados, concejales, ministros, alcaldes, coroneles, generales y hasta al Alto Comisionado para la paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo.
En abril de este año, Báez también señaló al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, de haber sido cercano al desaparecido jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil. Pretelt, que entonces se encontraba en el ojo del huracán por un supuesto soborno, negó los señalamientos y aseguró que Báez no había contado todo lo que sabía sobre la supuesta participación de los paramilitares en la elección del fiscal Mario Iguarán en 2006, quien se disputaba ese cargo con el propio Pretelt.
Respecto a los crímenes de Báez, la Fiscalía le ha imputado 790 hechos y se alista a imputarle otros 1.590. En la audiencia en la que se le concedió la libertad que más tarde frenó la Fiscalía, la Procuraduría resaltó que el antiguo ideólogo de las autodefensas se había limitado a aceptar esos delitos por línea de mando y que no había entregado suficiente información que permitiera conocer los móviles. Sin embargo, destacó su contribución a la reconstrucción del contexto en el cual delinquieron no sólo el Bloque Central Bolívar, sino las AUC en su conjunto.
La magistrada Teresa Ruiz, quien presidió la audiencia, destacó que Báez tomó cursos de creación literaria, pedagogía para la paz, formación en derechos humanos y guitarra mientras estuvo detenido. Además, que escribió un libro de tres tomos titulado “Esplendor y crisis del cristianismo en los acontecimientos de la historia de Occidente” y otro libro denominado “Tras las huellas de la concesión Aranzazu en la colonización antioqueña”, de los cuales dijo eran “un valioso esfuerzo del postulado” y un ejercicio “que le permitió tomar conciencia de que la guerra es cada vez más y más estéril”.
Respecto a la entrega de bienes, que es uno de los requisitos que exige la ley para que los ‘paras’ puedan abandonar las cárceles, la magistrada reconoció que aquellos que entregó Báez eran insuficientes para contribuir efectivamente a la reparación. Sin embargo, señaló que “para las víctimas es más importante la contribución a la verdad” y que “ninguna cantidad de dinero que hubieran podido entregar los postulados alcanzaría para reparar el daño causado”.
El Tribunal también consideró que ese exjefe paramilitar contribuyó al esclarecimiento de la verdad, mostró buen comportamiento y no cometió nuevos delitos después de su desmovilización. Por ahora, la Fiscalía adelanta cinco investigaciones en su contra por hechos de ese tipo, entre los que se incluyen falsos testimonios, aunque ninguno de ellos ha sido imputado, por lo que no fueron tenidos en cuenta.
Mientras tanto, Báez deberá esperar a que el Tribunal lo condene por los más de 700 hechos que le fueron imputados, aunque ya cumplió la pena máxima de ocho años de prisión a la que seguramente será sentenciado. Pese a que la justicia transicional no lo ha condenado, la justicia ordinaria sí lo ha hecho en tres ocasiones. En 1996, fue encontrado culpable del delito de conformación de grupos paramilitares, en una decisión de un juez sin rostro que más tarde fue ratificada por el entonces Tribunal Nacional. Asimismo, en 2009 fue condenado por el homicidio de la abogada Alma Rosa Jaramillo, asesora del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio; y en 2011, por el asesinato de Jairo Antonio Chimá, presidente del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, que funcionaba en Yondó (Antioquia).
En enero de este año, en compañía de otros comandantes del Bloque Central Bolívar, Báez les pidió perdón a sus víctimas y dijo sentirse arrepentido por las atrocidades de las que fue cómplice durante su paso por las Autodefensas.
