La Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y un pacto de no violencia entre los colombianos son algunas de las deudas.

Por: María Flórez y Mario Zamudio Palma

El domingo en la tarde, la Misión de la ONU en Colombia dio la noticia: las Farc dejaron todas las armas individuales que tenían en su poder. 7.132 fusiles y pistolas fueron puestos en los contenedores de las 26 zonas veredales. Además, la Misión verificó  “77 caletas de las cuales ha sido extraído el armamento y destruido municiones, explosivos y armamento inestable”, como pudo leerse en el comunicado que ese organismo entregó a los medios. De ahora en adelante, la guerrilla solo tendrá las armas necesarias para la seguridad en los campamentos, como lo acordaron con el gobierno el pasado 29 de mayo.

Así que las Farc, por fin y a partir de hoy, dejan de hablar entre fusiles. Después de más de 50 años de guerra, el anuncio no solo es histórico y anhelado, sino también motivo para creer en la paz, en un país menos proclive a la violencia y más en el diálogo político para resolver sus problemas. Creemos que después de este día, esperado por generaciones, Colombia comienza a vivir una oportunidad para ser mejor.

Es un paso trascendental, pero es apenas el primero. Para que las bases de la paz sean sólidas y estables es necesario poner en marcha la institucionalidad para que el Estado salde la deuda histórica que tiene con los campesinos. Para que los guerrilleros, entre otros actores del conflicto, comparezcan ante la justicia para decir la verdad sobre sus crímenes con garantías y seguridad jurídica, y para que la violencia política sea, por fin, un mal recuerdo.

Sin embargo, el buen momento que representa la noticia del desarme completo no puede hacer perder de vista que hay varios asuntos que mejorar en este proceso de paz que aún está en camino.  Las Zonas Veredales, el primer compromiso del gobierno con la guerrilla, tenían que estar listas hace meses y hay algunas que no están terminadas. Decenas de guerrilleros hoy hacen actos de desobediencia porque la Ley de Amnistía no está en marcha y no han podido salir de la cárcel; y el gobierno ha manifestado en varias ocasiones que la chequera se está agotando y no sabe de dónde va a sacar plata para financiar el posconflicto.

Así que conscientes de que la paz es un camino que comienza con el silencio de los fusiles pero que termina con la reconciliación nacional, ¡Pacifista! hace un recuento de los retos más importantes que ahora se vienen para el Estado, y también para la sociedad colombiana. Al final, del esfuerzo de todos dependerá que este fin de la guerra sea un buen comienzo para todo lo demás que venga en adelante.

1. Lo que falta en el Congreso

El gobierno consiguió que el Congreso aprobara el procedimiento de fast track, con el que esperaba tramitar rápidamente las leyes y los actos legislativos pactados en el acuerdo de La Habana, así como expedir decretos con fuerza de ley. Pero, con todo y ese empujón, en los seis meses que van de implementación el legislativo solo ha aprobado seis leyes y actos. Peor aún, en mayo pasado la Corte Constitucional le quitó la velocidad al fast track, mientras el Ejecutivo, también lento, corrió para firmar cerca de 30 decretos relacionados con la paz a pocos días de que se le acabaran las facultades especiales al presidente.

Con las nuevas limitaciones al fast track, sin facultades presidenciales y con solo seis meses de procedimiento especial en el Congreso, el gobierno y las Farc enfrentan un serio desafío para terminar de implementar el acuerdo. Todavía falta tramitar reformas importantes, como la ley de adecuación de tierras (en la que hay serias discrepancias entre las partes), la ley de innovación agropecuaria, la ley de seguridad social para los trabajadores del campo, la reforma política, el acto legislativo que crea las Circunscripciones Especiales de Paz, la ley de tratamiento penal diferenciado para cultivadores de coca (a la que se opone la Fiscalía) y la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Todo esto con el desafío adicional de mejorar las condiciones de vida para la gente del campo y hacer que esta paz también beneficie a las mujeres, tal como se prometió en Cuba. En esta última tarea, desde ya, varias organizaciones de mujeres han rajado al gobierno y a la guerrilla.

2. El desafío de la justicia

Decenas de guerrilleros y militares presos han quedado en libertad, a la espera del llamado de la JEP. El caso más reciente fue el de ‘Martín Sombra’, el llamado ‘carcelero de las Farc’, quien el viernes pasado fue beneficiado por la solicitud de libertad presentada por su defensa con miras a participar en el mecanismo de justicia transicional.

El lío de decisiones como esta es que nadie sabe aún ni cuándo ni cómo empezará a funcionar este mecanismo. El texto firmado por el gobierno y las Farc establece que la JEP creará una Secretaría Ejecutiva y cinco órganos. Estos son: Sala de Reconocimiento de Verdad, Sala de Amnistía e Indulto, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Unidad de Investigación y Acusación, y el Tribunal de Paz.

De esas seis instancias, hasta ahora solo funciona la Secretaría Ejecutiva, liderada por el exmagistrado Néstor Raúl Correa. El Secretario debe recorrer el país evaluando quiénes quieren someterse a la JEP y cuántos procesos que actualmente están en Justicia y Paz podrían pasar a esta jurisdicción. Además, dos abogados colombianos y tres extranjeros están escogiendo a los 38 magistrados que harán parte de los Tribunales de Paz y cada una de las salas que creó el acuerdo. Varios analistas concluyen en que los magistrados no serán escogidos sino hasta seis meses después de habilitada la JEP.

A este mecanismo le hace falta una ley de reglamentación, que comenzará a ser discutida el 20 de julio cuando los congresistas regresen de vacaciones; así como un examen de la Corte Constitucional sobre cada una de las leyes y actos que emita el Congreso habilitando la jurisdicción. Además, cuando comience a andar, los magistrados de la JEP tendrán que crear un código de procedimiento, que tiene que ser aprobado por el legislativo.

3. La verdad y las garantías

De las versiones que los involucrados en el conflicto le den a la JEP saldrá el insumo principal de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, un mecanismo creado por el acuerdo de La Habana para garantizar la no repetición. En abril de este año, el presidente Santos y el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, firmaron en un acto público el decreto que ordenaba la creación del mecanismo. La Corte Constitucional, hasta ahora, no avala la decisión.

Otros mecanismos que han presentado retrasos son los que tienen que ver con las garantías de seguridad para los miembros de la guerrilla, y los defensores de derechos humanos en el país. A pesar de que se instaló en febrero, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aún no arranca y no ha servido para detener los asesinatos de líderes sociales en varios departamentos.

El cuerpo élite de la Policía, encargado de proteger a los líderes sociales y de investigar las amenazas en su contra, apenas fue creado la semana pasada, y la Unidad Especial de la Fiscalía para el desmantelamiento de las organizaciones criminales todavía está en veremos. Alexandra Valencia, que había sido nombrada en septiembre del año pasado, fue destituida y el comité de escogencia de los magistrados de la JEP tendrá que pasarle una terna al fiscal Néstor Humberto Martínez para que él escoja al nuevo director de la Unidad.

4. La reconciliación

Este es uno de los grandes desafíos del proceso de paz. Cinco décadas de combates, tomas de poblaciones, cercos militares, secuestros, bombazos, montajes judiciales, desplazamientos y cuanto crimen se pueda cometer en una guerra han dejado profundas heridas individuales y colectivas. Heridas que, a la larga, han moldeado la visión de país de varias generaciones y, de muchas maneras, lesionado la capacidad de perdonar y pedir perdón en un sentido profundo: comprender al otro, resignificar el pasado, admitir los errores y pensar en el futuro.

Hoy, con una campaña presidencial a la vuelta de la esquina, los odios siguen perpetuándose y parece imposible que los contrincantes políticos se miren a la cara para poner al país en la primera línea de sus intereses. Por eso, a los colombianos nos espera una dura batalla espiritual: la de ver al otro como un interlocutor válido y la de aceptar que sus ideas puedan existir en la práctica, aun cuando no las compartamos. Se trata, pues, de una deuda con la tolerancia.