Tuvieron que pasar 19 años para que la Corte Interamericana condenara al Estado. Sin embargo, el fallo no fue suficiente y las víctimas siguen reclamando justicia.
Por: Jorge Andrés Osorio Guillott
Este jueves 18 de enero se cumplen 29 años de la masacre en el corregimiento La Rochela, ubicado en Simacota, Santander. Ese día, 15 funcionarios judiciales fueron interceptados por un grupo de paramilitares que vigilaba la zona. Doce de ellos fueron asesinados.
En esta masacre fueron evidentes dos elementos que han sido constantes durante el conflicto armado: la disputa por el control de la tierra y la lucha territorial entre grupos armados de diferente procedencia: las Fuerzas Armadas, los paramilitares y bandas satélite de capos del narcotráfico como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.
De hecho, la llegada de los 15 funcionarios judiciales al municipio de Simacota tenía que ver con una investigación sobre varios asesinatos que se presentaron de manera sistemática en la región. La principal hipótesis en ese momento era que la sistematicidad estaba relacionada con la consolidación de grupos paramilitares, que por esa época ya se habían extendido por la región del Magdalena Medio, epicentro de los cultivos de coca.
¿Cómo sucedieron los hechos?
El día de la masacre, un grupo aparentemente de la Fuerza Pública detuvo a los investigadores, los despojó de sus armas con el pretexto de evitar malos entendidos con grupos armados que rodeaban el área. Metros más adelante fueron emboscados y asesinados 12 de los 15 funcionarios. Los tres restantes se salvaron al hacerse los muertos. Los asesinos robaron las investigaciones para evitar que la verdad fuera dicha y dejaron un mensaje que rezaba “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”, de modo que buscaban desviar la investigación al hacerle creer a la opinión pública que la masacre había sido perpetrada por grupos guerrilleros y no por la alianza entre paramilitares y Fuerzas Militares, como se corroboraría más adelante.
Este acontecimiento generó revuelo a lo largo de todo el territorio nacional. Existieron una serie de factores que tanto en ese momento como ahora siguen siendo determinantes para considerar este episodio como uno de los más alarmantes y representativos del conflicto armado. El hecho de conocer cómo fueron engañados los funcionarios, cómo llegaron a ese lugar que era reconocido como zona roja sin ninguna protección especial y revelar los lazos entre grupos de ultraderecha con el Estado son factores que impulsaron a los investigadores a realizar un amplio análisis para determinar quiénes eran verdaderos culpables.
¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la restauración de los hechos?
El papel de los medios de comunicación en aquel entonces fue de vital importancia, pues la agilidad con la que se transmitió la noticia permitió centrar la atención en la gravedad de lo sucedido y así evitar que la masacre pasara como un momento más en la historia del conflicto. Los nexos entre los grupos paramilitares y el Ejército se fueron destapando…
Uno de los ejemplos del valor de los medios se registra en el texto La rochela: memorias de un crimen contra la justicia (2010) realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica:
“El periódico Vanguardia Liberal no solo le salvó la vida a Arturo Salgado, sino que fue el primero en llegar a la escena del crimen, inclusive antes de que llegaran a la zona los jueces encargados de levantar los cuerpos y por supuesto mucho antes de que hiciera presencia la fuerza pública (…) Pero la masacre no solo fue registrada en la primera página de los periódicos regionales. En la prensa nacional, empezaron a aparecer hasta 3 y 4 páginas con información sobre quiénes eran las víctimas, cómo había sido el entierro, cuál había sido la reacción de la comunidad judicial y de las figuras políticas más importantes del momento, e inclusive se aventuraban hipótesis sobre las causas y los móviles.”
El cubrimiento noticioso generó una presión en el Gobierno para tomar las riendas de un carruaje que se había descarrilado. En marzo de ese mismo año, al despacho del entonces presidente Virgilio Barco llegó una carta en la que se pedía mayor control y atención a las decisiones que se tomaban para capturar a los responsables. También se hizo énfasis en la lentitud con que la XIV Brigada y la Segunda División del Ejército realizaban las investigaciones correspondientes para dar con la identidad y el paradero de los autores de la masacre.
¿Cuáles han sido las condenas?
Las primeras condenas las profirió un tribunal de Pasto, donde nueve paramilitares y dos integrantes del Ejército Nacional fueron declarados culpables por los asesinatos de los 12 investigadores judiciales. Sin embargo, como es sabido, los casos de los militares juzgados pasan a ser analizados por la Justicia Penal Militar, la cual generó una dilación en el proceso y, por ende, en la reparación de las víctimas.
Ocho años después de lo sucedido, tras un represamiento de la investigación que iba generando una tendencia al olvido, las víctimas interpusieron una demanda al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tribunal que 10 años después, exactamente el 11 de mayo de 2007, tras varios procesos e investigaciones, declaró culpable al Estado Colombiano “por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los miembros de la comisión judicial, el derecho a la integridad personal en perjuicio de las víctimas y sus familiares, el derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
¿En qué va el caso en la actualidad?
Pese el fallo de la Corte dio luz y esperanza a las víctimas, el Estado se ha mantenido en silencio, siendo cómplice después de 29 años a los asesinatos de sus propios funcionarios. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de 36 personas implicadas en el caso, solo dos han cumplido condenas: Jesús Baquero y Julián Ríos. Los demás permanecen libres.
Por parte del Estado, el sargento Otoniel Hernández, el teniente Luis Enrique Andrade y los generales Alfonso Vacca, Farouk Yanine, Carlos Gil y Juan Salcedo fueron, junto con el entonces senador Tiberio Villareal, fueron los señalados de haber participado en la Masacre de La Rochela, pero como se señaló anteriormente, ninguno ha compadecido ante la justicia.
Lo cierto es que las víctimas siguen esperando a que alguien les dé la cara y pueda aportar a la verdad que tanto han reclamado. Aunque las esperanzas se puedan ver perdidas, el país añora que con la reconstrucción de la memoria y de los tejidos de paz, verdad y reconciliación se puedan brindar las garantías necesarias para que las víctimas borren aquellas preguntas que conviven en su interior desde el día en que la aleatoriedad de la muerte tocó a la puerta de sus casas y les hizo sentir el peso de la fatalidad.
