Aunque ha desarrollado 40 misiones de paz en el mundo, la que habrá en Colombia es única por al menos dos razones. Análisis de Dejusticia.
Por Daniel Marín López
- Con la ONU adentro y con el espaldarazo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al sistema de monitoreo y verificación pactado en La Habana, la semana pasada se ratificó el apoyo regional e internacional a la paz del país. Estas acciones no son minucia. Con una aclamada resolución unánime, que en palabras de la propia canciller Holguín “sólo había ocurrido 14 veces en la historia”, el Consejo de Seguridad aprobó la Misión Política Especial para la observación del proceso de dejación de armas en Colombia.
Con esta decisión, que surgió de lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones, se pasa de las palabras a las acciones. En términos prácticos, pone en buenas manos la espinosa tarea de verificación y monitoreo del cese al fuego bilateral y definitivo así como la dejación de las armas. Colombia deja la coordinación del proceso de desarme y desmovilización de los excombatientes en la organización que por excelencia se ha dedicado a esta tarea desde su creación, las Naciones Unidas.
La Misión de la ONU contará con la vasta experiencia de esta organización en distintos conflictos en el mundo, que al día de hoy suman 40 Misiones Especiales en funcionamiento. Situación que a la vez la dota de un músculo financiero importante y de una capacidad adquirida con los años, que se resume en sus distintos protocolos para llevar a buen cabo los procesos de desarme tras un proceso de paz.
Esta Misión es sui generis en el ámbito de las Naciones Unidas al menos por dos razones. Primero, porque es una Misión Especial que se encuentra en el medio de las dos modalidades más usadas por el organismo internacional en los conflictos que interviene, pues combina la figura del representante especial que el Secretario General encomienda para el monitoreo de un país, como en Siria, y la idea de una misión permanente que, como en el Congo, cuente con un equipo profesional en el terreno.
Segundo, porque es quizás la única Misión que incluirá en su mandato el monitoreo del desarme y al mismo tiempo se establece como una misión desmilitarizada, sin cascos azules, algo que no es usual para escenarios de alta conflictividad como en Haití o Mali. Desde este punto de vista, si la Misión es exitosa se abre la puerta para que en próximos monitoreos al desarme por parte de la ONU se pueda relegar cada vez más el componente militar que usualmente las ha caracterizado.
La intervención de la CELAC
En el plano regional, los términos de la Misión van más allá al involucrar a latinoamericanos y caribeños para ejecutar sus labores. Al determinar que las personas que harán parte de la Misión provendrán de la CELAC, una organización recientemente creada que busca la integración económica y política de los países de América al margen de la presencia de Estados Unidos y Canadá, una tercería frente a otras organizaciones como la OEA y Unasur, hay tanto incertidumbres como potencialidades.
La incertidumbre está en la misma intervención de la CELAC en la Misión. Si bien este organismo de integración puso las negociaciones de paz en Colombia como objetivo regional dentro de su plan de una América Latina como “zona de paz”, al ser creado hace apenas cuatro años puede que carezca de una estructura consolidada para llevar a cabo este tipo de misiones. Además hay que tener en cuenta que está inmersa dentro de un escenario latinoamericano políticamente convulsionado.
La garantía de éxito está en la voluntad política que han puesto los distintos gobiernos de la región que, desde el 2014, con la cumbre de La Habana, han declarado su apoyo irrestricto a terminar con el único conflicto armado en el hemisferio. También la participación activa de muchos de sus países miembros en misiones de paz alrededor del mundo es un punto a favor, en especial Brasil y Uruguay. A pesar de que la misión en Colombia no es de mantenimiento de paz, la experiencia en procesos de desarme en otras latitudes de los países latinoamericanos es un insumo importantísimo para el inicio de sus actividades.
En términos políticos la CELAC probará de qué está hecha. El buen desempeño de la Misión sería un buen mensaje hacia la integración política de la región, la piedra angular de ese organismo. Sería una muestra de que las diferencias políticas no son insalvables en el hemisferio y que el trabajo conjunto de los países latinoamericanos es posible tratándose de un tema tan político como es la consecución de la paz en Colombia.
Lecciones de DDR con las AUC
En el plano nacional esta Misión tendrá experiencias previas de las que aprender. En especial la labor adelantada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), el organismo que fue creado en 2004 para apoyar y verificar el proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) de las Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos ilegales.
La Mapp-OEA ha sido un actor clave para dotar de legitimidad el proceso de desarme que se dio en la primera década del siglo XXI. Al ser un actor externo se constituyó en garantía para las partes, pero sobre todo para la satisfacción de los derechos de las víctimas dentro de los procesos de Justicia y Paz. Sin embargo, ha tenido que sortear dificultades importantes que la nueva misión deberá considerar.
Empezando, deberá tener en cuenta las cuestiones presupuestales. Las asignaciones de la Mapp a lo largo de su mandato están alrededor de los 8 millones de dólares anuales y su sostenibilidad no siempre ha estado asegurada, por lo que ha tenido que valerse de la cooperación internacional para su funcionamiento. Esta dificultad, según lo ha comentado el Gobierno, será sobrellevada por la ONU, que se encargará de costear la misión. Si se tiene en cuenta una misión con una capacidad similar a la que necesitaría Colombia, con un personal civil amplio, como es la que funciona actualmente en Kosovo, el presupuesto ascendería a más de 40 millones de dólares anuales, cinco veces más que el de su predecesora.
Asimismo, tendrá que enfrentarse a las reservas que la población civil pueda tener frente a este monitoreo. Es de recordar el episodio de desmovilización de la ‘compañía Cacica la Gaitana’ de las Farc que hoy tiene al antiguo alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo bajo la lupa de la justicia. Sobre él pesa la imputación de organizar la falsa desmovilización de este grupo subversivo, del cual no se tenía registro antes, situación que minó el proceso de monitoreo y verificación. Este escenario exige que la Misión desde el inicio de sus actividades establezca principios de transparencia en la ejecución de su mandato.
Además no hubo un correcto manejo por parte del Gobierno de los sistemas de información de los llamados a desmovilizarse. No se pudo cerciorar con exactitud de que las personas que entraban al proceso de desarme eran pertenecientes a los grupos paramilitares o guerrilleros, hubo testimonios de falsos desmovilizados en todo el país.
Habrá que esperar los detalles sobre el mandato que tendrá la Misión. En la filigrana de la manera como operará en el terreno, podremos determinar qué tan realista es la resolución del Consejo de Seguridad. Por ahora, el panorama es esperanzador. Mucho se logrará si la Misión sobrelleva las dificultades que ha experimentado el país en desmovilizaciones pasadas, y capitaliza los activos que traen consigo los países de América Latina.
*Investigador de Dejusticia
@marintencionado
