Siete líderes, entre sociales, ambientales y laborales, estuvieron capturados durante 16 días en Villavicencio, Meta. Todos fueron judicializados por cargos como terrorismo y tráfico o porte de armas, pero el caso es más confuso de lo que parece.
Este artículo hace parte del especial ‘El peso del estigma: la amenaza contra líderes ambientales del meta’, hecho por La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto. Para ver el contenido original haga clic aquí.
Lunes 10 de septiembre de 2018, 8 de la mañana. Gustavo Carrión estaba listo para salir de su casa en la vereda Sabanas del Rosario, en el municipio de Castilla La Nueva, Meta. Se subió a su carro y, minutos después, fue sorprendido por varios miembros de la Policía que irrumpieron en su finca. Le dijeron que estaba detenido mientras le leían, uno a uno, los nueve cargos imputados: concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas. Carrión, atónito, se bajó de su carro y fue trasladado a Villavicencio.
Gustavo Carrión Neira es líder ambiental desde hace tres años. Anteriormente, trabajaba como operario de Ecopetrol. Como lo narra el líder, decidió dedicar todo su trabajo y esfuerzo a la defensa del medioambiente y de las comunidades que estaban siendo perjudicadas por los presuntos daños a los acueductos, causados por la exploración y explotación petrolera. Este líder de 47 años es el coordinador de veedurías ambientales de Castilla La Nueva.
Fue el primero de siete líderes, entre ambientales, sociales y laborales, en ser capturado el 10 de septiembre de 2018. Desde marzo había comenzado a rondar el rumor sobre su orden de captura, al igual que la de los otros seis líderes de los municipios de Acacías y Castilla La Nueva. Pero cada vez que Carrión preguntaba en las entidades gubernamentales, o en las estaciones de Policía por esta supuesta orden, la respuesta era negativa. Fue solo hasta septiembre, cuando legalizaron la captura, que Carrión y sus seis compañeros entendieron el meollo del asunto.
‘El que la hace la paga’
Los momentos que aparecen en la demanda son varios: de mayo a agosto de 2016; de julio a agosto de 2017; y de febrero a mayo de 2018. La víctimas: Ecopetrol y miembros de la Policía. Todos los hechos fueron consecuencia de múltiples protestas de carácter ambiental, social y laboral, llevadas a cabo en estos últimos tres años. Las pruebas que se presentaron fueron: videos en los que se muestran atentados en contra de la infraestructura de la empresa; un miembro del ESMAD al que le disparan con un arma de fuego; un video grabado desde el aire, que muestra a un policía degollado al atravesar en la moto un alambre de púas, que colgaba sobre la vía; entre otras.
“Ahora, ¿qué tienen que ver las cuatro lideresas y los tres líderes con esto? Que, por ser líderes, firmantes de actas de reuniones y representantes de las comunidades, tienen que responder por lo que pasó en el territorio. Es decir que, la responsabilidad penal, que es individual, la convirtieron en colectiva”, afirma Liria Manrique, abogada defensora de los siete líderes. Cada una de estas personas, a las cuales les imputaron los cargos, debían responder por los actos vandálicos cometidos durante las protestas, aun si no hubieran sido ellos los actores, pues, según la fiscal del caso, Myriam Medrano, al ser líderes, se concertaban para realizar los desmanes. “¿Intención? Neutralizarlos. ¿Por qué? Porque han sido los voceros históricos de las comunidades, y simplemente Ecopetrol no quiere seguir sentándose con ellos”, dice Manrique.
El martes 11 de septiembre legalizaron la captura y, en ese mismo día, la fiscal y la jueza de control de garantías de Villavicencio citaron la audiencia de imputación de cargos ocho días después. “Y el día lunes (17 de septiembre) a las 6:00 p.m. nos dicen: ‘no, se canceló la audiencia. Queda para el próximo martes’. Ocho días más encerrados ahí, siendo inocentes”, relata Gustavo Carrión, quien asegura que, durante la audiencia del martes 25 de septiembre los trataron como la “banda criminal más peligrosa del Meta”.
De hecho, en redes sociales circuló una imagen con el logo de la Policía Nacional, en la que informaban la captura de los siete líderes, entre los que se encontraba Carrión. La ‘organización criminal’, según la imagen, estaba liderada por Sandra Patricia Ruiz Riaño, una de las capturadas del 10 de septiembre. “Inició su actuar delictivo al estar como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda del centro del municipio de Acacías. (…) Persona que lidera, organiza manifestaciones, bloqueos, en contra de la estatal petrolera Ecopetrol S.A.”, relata el perfil criminal de la pieza gráfica, de la que no ha sido posible verificar su autoría. En la parte superior de la imagen, reposa una de las frases insigne del gobierno actual: “Plan de choque 100 días, ‘El que la hace la paga’. Seguridad con legalidad”.
En total, permanecieron 16 días en la cárcel. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La jueza de control de garantías dictaminó que las pruebas presentadas por la fiscal, no fueron suficientes para encontrar algún vínculo entre las acciones violentas y los líderes comunales. La fiscal apeló a esta decisión y el caso continúa abierto. “Nunca van a encontrar nada porque nosotros lo que hemos hecho legalmente es defender a nuestro municipio, defender a nuestras comunidades y, lo más importante, defender el agua y nuestro medioambiente”, dice Carrión.
El gigante filisteo
Quien les imputó los cargos a los siete líderes y quien lleva toda la investigación es la Fiscalía EDA, la Estructura de Apoyo a hidrocarburos, una dependencia de la Fiscalía General de la Nación que existe, según la entidad, desde 2001. Estas estructuras se encuentran en regiones estratégicas del país como: Saravena, Arauca; Cúcuta, Norte de Santander; Puerto Berrío, Antioquia; Barrancabermeja, Santander; Orito, Putumayo; Tumaco, Nariño; Cali, Valle del Cauca; Yopal, Casanare; y Villavicencio, Meta.
El objetivo de las EDA es “adelantar investigaciones por delitos como el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética, entre otros”, según indica el boletín 4224 de la Fiscalía. Lo que también aclara el comunicado es que estas estructuras nacen a partir de un convenio de cooperación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y Ecopetrol.
El exfiscal general Eduardo Montealegre dio declaraciones justo después de la apertura de la Fiscalía EDA de Villavicencio en 2013: “Lo que se está llevando es a consolidar unas mejores condiciones de orden público y de seguridad para una industria que hoy en día, sin duda, es la mejor oportunidad que tiene el país para acelerar su desarrollo económico y social”.
Sin embargo, lo que le incomoda a Liria Manrique y a los siete líderes es que aquellas EDA también son financiadas por Ecopetrol. Así se pudo evidenciar en los contratos de convenios de colaboración llevados a cabo por estas cuatro entidades en todo el país. Los dineros invertidos por la empresa petrolera están entre los $1.500 y $6.000 millones de pesos, repartidos en gastos de funcionamiento que comprenden: pago de servicios públicos, mantenimiento de equipos de cómputo, peajes, pasajes terrestres, servicios de correspondencia, servicios de telefonía celular e internet, suministro de alimentación, servicios de parqueadero, servicios generales, servicios de hospedaje para apoyo de la función judicial e imprevistos.
Es decir, Ecopetrol, quien funge de víctima en el caso de Carrión y los otros seis líderes, financia a la Fiscalía que investiga el mismo caso. “Entonces, cuando tú entiendes ese contexto, entiendes que hay dinero inyectado de intereses económicos particulares, pero también públicos, porque Ecopetrol es pública. Entiendes que todo el proceso de judicialización está viciado. Y entonces te das cuenta de por qué cuando tú pones un proceso contra una empresa, la actividad judicial es casi nula, versus cuando te están denunciando a ti, que hay una celeridad inmediata, en lo que nosotros hemos llamado una asimetría judicial absoluta”, asegura la abogada Liria Manrique.
Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio consultaron con Ecopetrol, vía derecho de petición, por los más de mil contratos entre la petrolera, la Fiscalía y la Policía. La empresa contestó que dichos contratos estaban ligados a “el convenio de colaboración N 5220807, que finalizó el 17 de septiembre y se encuentra liquidado”. (ver respuesta de Ecopetrol). La petrolera insistió en su respuesta en que esta alianza permitió identificar a los grupos armados que delinquen en la zona como el Clan del Golfo y Grupo Armado Vichada y Meta. Aunque, los convenios a los que se refiere Ecopetrol se encuentran liquidados, se pudo documentar a través de Secop que varios convenios siguen activos y fueron firmados a finales del 2018.
“¿Yo por qué me metí en esto?”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó en el 2016, el informe ‘Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos’. En él relata cómo en el continente se ha usado el derecho penal de manera indebida para criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos. En su análisis se evidencian los contextos en que se presentan gran parte de estas judicializaciones, y es posible hallar similitudes con el caso de Carrión.
“Ocurren por lo general en contextos donde existen tensiones o conflictos de interés con actores estatales y no estatales quienes hacen uso del aparato penal con la finalidad de obstaculizar la labor de defensa que realizan defensoras y defensores de derechos humanos y así frenar sus causas por considerarlas opuestas a sus intereses”, dice el informe. En gran medida, estos contextos de criminalización están ligados a conflictos de intereses para el desarrollo de megaproyectos y explotación de recursos naturales, tal como lo señala el subtítulo del informe: ‘Contextos en los que se observa el uso indebido del derecho penal y grupos más afectados por esta práctica’.
El documento detalla que los diferentes procedimientos para inculpar a los defensores de derechos humanos suelen ser aludidos a términos genéricos o ambiguos, tales como: ‘terrorismo’, ‘sabotaje’, ‘apología del delito’, entre otros. De esta manera se deslegitima el discurso de los líderes y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se intimida a las comunidades que representan.
Sobre los efectos de la criminalización en los líderes, es posible evidenciar afectaciones a nivel individual y colectivo. Liria Manrique, por ejemplo, recuerda el caso de la lideresa ambiental, Marisol Parra, una mujer que fue golpeada y detenida por la fuerza pública en el 2017, durante unas protestas en la vereda Pío XII, del municipio Guamal, Meta. “Marisol, después de esa detención, y eso que está en libertad, ha sido atendida psiquiátricamente porque la señora empezó a padecer una serie de situaciones que han causado problemas en su casa. Yo la he escuchado decir: ‘¿Yo por qué me metí en esto?’”.
Manrique, que ha defendido a varios líderes de la región desde 2011, augura un pleito difícil, pero esperanzador a nivel departamental: “Va a ser una pelea de largo aliento porque hay un aparataje judicial (al) que le molesta mucho todo el ejercicio de protesta”.
Mientras tanto, los siete líderes ambientales, sociales y laborales continúan en libertad, por ahora. Gustavo Carrión insiste en que seguirá defendiendo el medioambiente en Castilla La Nueva, y denunciando las irregularidades de la industria de hidrocarburos en su vereda de residencia, Sabanas del Rosario. “Hemos sido líderes de corazón. Aquí nadie nos está pagando por defender nuestro medioambiente. Hemos estado luchando contra un gobierno con las uñas para poder defender nuestros caños, nuestros animales, nuestra vegetación, que es lo que han venido dañando”, finaliza Carrión Neira.
